Los datos académicos oficiales del curso 2022-23 confirma la imparable privatización y mercantilización de la Formación Profesional, especialmente en su modalidad online: titulaciones exprés al servicio del mercado.
En un sistema que prioriza los beneficios empresariales y la contención de la inversión pública en educación, las empresas educativas y los fondos de inversión han hallado un lucrativo y jugoso negocio en la Formación Profesional, mientras la administración recorta recursos y emite títulos exprés que maquillan rápidamente los índices de cualificación de la población activa.
Actualmente uno de cada cinco estudiantes de FP, es decir, más de 200.000, optan por la modalidad online. El 55,9% de los inscritos en Grado Medio online y el 58,7% en Grado Superior están matriculados en centros privados.
Lo que en su momento se planteó como una herramienta inclusiva para favorecer el acceso a la formación, especialmente para quienes no podían acudir a clases presenciales, se ha convertido en un terreno de negocio lucrativo para los fondos buitre y las multinacionales de la EdTech, con una alta competitividad empresarial, al alcance de pocos bolsillos y que refuerza aún más las desigualdades de clase social.
La distribución de la modalidad online en las comunidades autónomas presenta diferencias significativas según la titularidad de los centros. Mientras que la oferta a distancia en los centros públicos tiende a alinearse con la proporción general de alumnado de FP en cada región, más del 50% de las matrículas privadas se concentran en Catalunya. Este fenómeno responde a la “flexibilidad” que caracteriza esta modalidad, a pesar de que la normativa exige impartir los estudios en la lengua vehicular. Además, otros factores normativos y particularidades de la comunidad, como las ratios a 90 alumnos y alumnas, han resultado atractivos para empresas y multinacionales que ven cómo obtener pingues beneficios con bajos recursos y eligen establecer allí sus centros de formación.
La falta de inversión pública que no cubre todas las necesidades ha empujado el negocio de la formación profesional privada online a la que se ha trasvasado un alto porcentaje de la matrícula. Las empresas privadas han aprovechado y ocupado el vacío de la administración pública utilizando estrategias de marketing agresivo y aprovechando las escasas regulaciones del sector, como anunciar títulos de grado superior online que el alumnado puede cursar en un año, en vez de en dos, que es lo habitual.
Formación que levanta dudas
Persisten serias dudas sobre la calidad de esta formación. Profesiones que requieren habilidades prácticas y sociales, como sanidad o educación, han visto cómo el teclado y el ratón reemplazan a las herramientas y los entornos de trabajo reales. Esto no solo afecta a la experiencia, la práctica y la formación educativa real, sino también la empleabilidad de los titulados.
Según las evidencias del Informe de egresados de FP del año 2020-2021 de la Comunidad de Madrid (otra de las comunidades pioneras del online privado) los titulados online enfrentan mayores dificultades para integrarse en el mercado laboral, más de 30 puntos porcentuales en comparación con los titulados presenciales. A esto se suma la falta de acceso a tecnologías adecuadas para estudiantes en situación vulnerable, lo que perpetúa desigualdades sociales y educativas.
El negocio de los títulos ‘exprés’
Una de las críticas más recurrentes hacia la FP online privada es su flexibilidad excesiva, que no se ha visto apenas modificada con la nueva Ley orgánica ni con leyes propias de FP de comunidades autónomas.
La menor supervisión administrativa y la facilidad para superar los cursos han alimentado un modelo de titulaciones aceleradas, que benefician a empresas, pero restan valor al trabajo y la docencia académica y generan competencia desleal hacia la oferta pública. Los datos reflejan una tasa de finalización más alta en los centros privados en comparación con los públicos, posiblemente debido a una evaluación inflada, como ocurre en la ESO y el Bachillerato en este tipo de instituciones privadas y concertadas. En estos casos, quien paga suele encontrar mayores facilidades para obtener un título oficial y, a través de la FP online privada, acceder a la universidad de manera más sencilla, otro refuerzo de las desigualdades.
Resulta paradójico que esta dinámica persista en un contexto marcado por el desarrollo de la LOMLOE y la nueva Ley de FP, ambas respaldadas por inversiones millonarias provenientes de fondos ministeriales y del mecanismo de recuperación y resiliencia. Estas leyes, que enarbolan la inclusión y la equidad como pilares fundamentales, deberían garantizar opciones educativas asequibles y de calidad para toda la ciudadanía. Sin embargo, la realidad refleja un escenario donde los estudiantes siguen enfrentando barreras económicas, mientras la empresa fortalece su dominio en el sector educativo, priorizando la rentabilidad sobre la verdadera adecuación formativa.
Propuestas para un cambio urgente
Los expertos alertan de la necesidad de un cambio de rumbo. Entre las medidas propuestas destacan:
-Regular estrictamente los estándares de calidad en la FP online, con especial énfasis en los centros privados y establecer un sistema de inspección periódica del cumplimiento de estos estándares en estos centros.
-Incrementar la inversión con una financiación constante para fortalecer el sistema público de cara a desarrollar una oferta pública, preferentemente presencial pero también online, que cubra las necesidades reales y sea accesible para quién lo necesite, que cuente con recursos personales y materiales suficientes.
-Suprimir las tasas para cursar estos estudios y apostar por modelos híbridos que combinen lo mejor de la formación presencial y a distancia, garantizando aprendizajes prácticos y relevantes para las auténticas necesidades de producción de la sociedad y no en función únicamente de la oferta y la demanda del mercado.
La privatización de la FP online no es un accidente, sino el resultado de políticas neoliberales que han priorizado el recorte presupuestario en educación y su mercantilización sobre el derecho universal a una formación de calidad. Para muchos estudiantes, especialmente los más vulnerables, este modelo no es una solución, sino una barrera más en su camino hacia una capacitación significativa. Sin una apuesta decidida y un cambio de rumbo, el futuro de la FP online corre el riesgo de consolidar las desigualdades que, en teoría, debería combatir.