La última vez que se le vio fue hace 72 días, el pasado 10 de enero, el día en que Daniel Ortega y Rosario Murillo enjuiciaron al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. El líder religioso, uno de los más críticos del régimen sandinista, lucía pálido, más delgado de lo habitual, pero sereno en el juzgado décimo de Distrito Penal de Audiencia de Managua. El resto del juicio político, por el que el 10 de febrero fue condenado a 26 años de prisión, se hizo fuera de la luz pública.
La sentencia de culpabilidad le fue leída al obispo un día después de que el régimen de Ortega y Murillo encarceló y despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos. Álvarez rechazó subirse al avión del destierro y, coinciden analistas políticos, arruinó de esa forma el intento de la pareja presidencial de “lavarse la cara” al ceder ante el reclamo de la comunidad internacional de liberar a los presos políticos, y entablar una negociación política con Estados Unidos. Ese mismo día, Ortega tronó contra el prelado y dijo que tenía “un comportamiento de soberbia”. “Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a La Modelo, llegó que era un energúmeno”, dijo el mandatario señalado, junto a su esposa por expertos de la ONU, de cometer crímenes de lesa humanidad.
De esa forma, Ortega reveló que decidió cambiar el arresto domiciliario del obispo que le impuso desde su secuestro policial en agosto de 2022, y lo trasladó al sistema penitenciario. Sin embargo, fue un movimiento que nadie constató, ni siquiera la familia del religioso que, hasta la publicación de este artículo, no ha podido verlo o visitarlo.
El abogado Yader Morazán explicó que el hecho de que ni sus más allegados hayan podido verlo –a pesar de la ubicación que reveló Ortega en cadena nacional– constituye una “desaparición forzada”. “El artículo 488 del Código Penal, en el capítulo de los delitos de lesa humanidad, establece que ‘la autoridad, funcionario, empleado público o agente de autoridad que detenga y no dé razones de su paradero, será sancionado con pena de cuatro a ochos años de prisión e inhabilitación absoluta del cargo o empleo público de seis a diez años’”, recordó el exfuncionario del sistema de justicia, a quien también le arrebataron su nacionalidad.
Morazán también resalta el artículo 7 de los Estatutos de Roma que establece, en su inciso “i”, que se entenderá por desaparición forzada de personas “la detención o secuestro de personas por un Estado u organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de esas personas, con la intención de dejarlo fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado”.
Piden prueba de vida del obispo
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La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización opositora nacida en el 2018, demandó al régimen una “prueba de vida” del obispo, quien fue “secuestrado injustamente por alzar su voz ante tanta maldad y a la fecha no se sabe de su paradero”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cendih) ha insistido en la liberación de Álvarez, el primer obispo arrestado y condenado por el régimen Ortega-Murillo en medio de una persecución religiosa contra la Iglesia Católica. “La vida de Monseñor Rolando Álvarez está en peligro, se desconoce cuál es su condición física y psicológica”, alertó el organismo.
Desde el exilio en Miami, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez rogó “para que no olvidemos a este obispo encarcelado. “Es un hombre justo, un pastor inocente con el que se han ensañado, porque no han soportado su palabra”, dijo este 19 de marzo. Las palabras de Báez van en sintonía a la inconformidad planteada por el Papa Francisco en una entrevista con el medio Infobae: “Ahí tenemos (en Nicaragua) un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, sostuvo. Luego de esas declaraciones, el régimen sandinista “suspendió” las relaciones diplomáticas con El Vaticano, fracturando por completo la relación entre ambos países. Hace cuatro días, el encargado de negocios de la Santa Sede en Managua, Marcel Diouf, salió de Nicaragua y cerró la nunciatura.
Elevarán caso a “instancias internacionales”
Este 18 de marzo, el abogado mexicano Carlos Ramírez, de la Fundación de Abogados Cristianos, dijo al diario La Prensa que elevarán el caso de monseñor Álvarez a “instancias internacionales” porque está plagado “de una serie de irregularidades en el proceso interno, en una clara violación flagrante a sus garantías constitucionales y a los derechos humanos”.
“No nada más por la flagrancia en la violación de los derechos y garantías constitucionales, sino para salvaguardar la integridad y la vida de Monseñor Álvarez”, dijo Ramírez. “Vamos a solicitar la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la ONU, a través de medidas precautorias que en su momento se pueden solicitar en salvaguarda de los derechos humanos, de los perseguidos políticos o de reos cuyos derechos han sido violentados. También lo haremos valer ante la Corte Interamericana, esto una vez que se agoten todas las instancias locales en materia judicial”, explicó el jurista.
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