El gran jurado de Nueva York que evalúa las pruebas y escucha a los testigos en la investigación sobre el presunto pago de dinero negro por el expresidente Donald Trump a una actriz de cine porno no se reunirá este miércoles, como en principio estaba previsto, para recabar más testimonios, según ha confirmado una fuente policial a varios medios estadounidenses. Con cientos de cámaras de televisión congregadas ante la fiscalía de distrito de Manhattan, que instruye la causa, y el resto de las miradas puestas en la pista del aeródromo de West Palm Beach (Florida), donde el Trump Force One, el avión privado del republicano, se sometía hoy mismo a una puesta a punto, lo único cierto en el caso que podría llevar al expresidente de EE UU a la cárcel es que el cronograma se está dilatando hasta la exasperación. Tanto que, según el portal Insider —el primero en reportar hoy el receso—, “aunque nada más allá del miércoles está escrito, es poco probable que el gran jurado se reúna esta semana, dijo una de las fuentes policiales [consultadas por Insider], amparada en el anonimato”.
El propio Trump había asegurado este fin de semana, mediante un altisonante mensaje en su red social, que sería detenido este martes. Pero ni el lunes, cuando teóricamente declaró el último testigo, ni el martes, sin noticias por parte de la fiscalía ni de Trump, ni este miércoles, cuando se ha anunciado la pausa en el proceso, ha habido información concreta al respecto. Sin embargo, una efervescencia de especulaciones ha cobrado fuerza en Nueva York, donde el magnate tendría que comparecer; en Florida, de donde tendría que ser extraditado por el gobernador Ron DeSantis si no se entrega voluntariamente a la justicia, y, en fin, en Washington, donde otra causa contra el candidato a la reelección en 2024, la de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a su mansión de Mar-a-Lago.
Desde mediados de enero, cuando se aceleró el proceso, el gran jurado se ha venido reuniendo cada lunes, miércoles y jueves. Según todos los indicios, parece que no habrá novedades hasta la próxima semana, aunque el semanario Politico apunta que se ha aconsejado a sus miembros que estén “disponibles” este jueves. “La oficina del fiscal no le dijo al tribunal el porqué del día libre, [ellos] solo dijeron: ‘No los quiero hoy, tal vez mañana”, informó un funcionario al citado medio. Según el diario The New York Times, el gran jurado “podría escuchar al menos a otro testigo antes de que se le pida que vote”. El último testigo de cuyo testimonio se tiene constancia, este lunes, fue el abogado Robert Costello, en su día asesor legal de Michael Cohen, exabogado y conseguidor de Trump y, hoy, principal testigo de la causa contra su antiguo patrón. Costello fue convocado por la defensa de Trump para tumbar el testimonio de Cohen, quien en 2016 pagó supuestamente 130.000 dólares a Daniels en nombre de Trump.
Lo único cierto es que el proceso legal contra el republicano, si finalmente es imputado, sería sin lugar a dudas histórico, el primero contra un mandatario en activo o retirado desde 1872, cuando el presidente Ulysses S. Grant fue arrestado por exceso de velocidad de su coche de caballos. Nada que ver, obviamente, con el presunto delito cometido por Trump, alguien acostumbrado al escrutinio público como demuestran los dos impeachments (juicios políticos) a que fue sometido, y que superó gracias al apoyo de un Congreso de mayoría republicana.
Mientras se despejan las incógnitas sobre el calendario, la piedra angular del caso es cómo maniobrará el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, para convertir un delito menor (consignar como gasto legal en los libros de la Organización Trump el soborno presuntamente pagado a Daniels) en otro mayor, merecedor de hasta cuatro años de cárcel, aunque lo más probable es que no llegara a ingresar aun siendo declarado culpable. La clave para imputarle ese delito mayor estriba en vincular el pago con la violación de las normas de financiación de la campaña de 2016, en cuyo tramo final fue entregado el dinero a Daniels para acallarla.
En Nueva York, falsificar registros comerciales puede ser un delito menor. Para considerarlo grave, los fiscales deben demostrar que la “intención de defraudar” del acusado incluía la intención de cometer u ocultar un segundo delito. En el caso de Trump, ese segundo delito podría ser violar la ley electoral: los fiscales podrían argumentar que el pago fue una donación indebida a su campaña presidencial porque benefició a su candidatura, y por consiguiente su posterior victoria en las urnas, al evitar un posible escándalo sexual.
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Expertos legales citados por el diario The New York Times afirman que los fiscales neoyorquinos nunca antes han combinado el delito de falsificación de registros comerciales con una violación de la ley electoral estatal en un caso relacionado con unas elecciones presidenciales, por lo que la decisión final sobre la acusación recaería en el juez. Sea como fuere, el récord de Trump de sortear durante más de 40 años innumerables investigaciones judiciales sin enfrentarse nunca a cargos penales podría estar a punto de expirar, si las labores del gran jurado convocado por el fiscal de Manhattan se reanudan y la esperada imputación finalmente se concreta.
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