Extremadura ha sido escenario de un nuevo episodio en España de un presunto caso de vientre de alquiler. En este caso, dos mujeres y un hombre han sido detenidos por la Policía Nacional en el hospital comarcal Don Benito-Villanueva, en la provincia de Badajoz. Según explican fuentes policiales a EL PAIS, los agentes fueron alertados por el servicio de urgencias de este centro hospitalario, que explicó que existían discrepancias con una paciente que acababa de dar la luz en el momento de facilitar sus datos de filiación. Desde esta unidad trasladan que los documentos de la parturienta no coincidían con su apariencia, sino con los de la otra mujer, de 43 años.
Una vez que los agentes de Policía Nacional se personaron en este lugar, tomaron declaraciones al responsable de esta área de urgencias y comprobaron que podría tratarse de un presunto caso de vientre de alquiler, un proceso que podría llevarse a cabo a cambio de dinero, una situación que es ilegal en España.
Uno de los tres detenidos es la madre, una mujer de 28 años que se encuentra bajo custodia policial. También han sido arrestados otra mujer de 43 años y su pareja, un hombre de 42 años, que pagaron 2.000 euros en Rumanía a cambio de quedarse con el niño. A los detenidos se les atribuyen delitos de suposición de parto y alteración de la paternidad, suplantación de identidad y falsedad documental. Desde delegación del Gobierno en Extremadura, su responsable Francisco Mendoza informa que estas tres detenciones se han llevado a cabo en el Hospital Don Benito-Villanueva, y que el caso está abierto. Los detenidos han pasado ya a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de esta localidad.
Todo comenzó con el viaje a España de dos personas de nacionalidad rumana, la gestante y un acompañante, para dar a luz en este centro sanitario extremeño. Ahora mismo, la investigación se centra en si el bebé ha sido concebido mediante vientre de alquiler o si se trata de un caso de trata de seres humanos.
Según explica el abogado Fernando Cumbres, estas personas habrían incurrido en un delito del artículo 221 del código penal, lo cual podría conllevar penas de cárcel de uno a cinco años, una condena a la cual estarían sometidos tanto la persona que vende, la que compra, como los intermediarios. Además, si son condenados, estas personas estarían inhabilitadas para la guardia y custodia de un menor durante un periodo de cuatro a 10 años.
En cuanto al futuro del menor, Cumbres explica que la Junta de Extremadura iniciará ahora un proceso de oficio de tutela del menor, habida cuenta de la situación de desamparo en la que este se encuentra. Posteriormente, podrá decidir si dejará al recién nacido en proceso de acogimiento o si se abrirá un proceso de adopción.
El abogado consultado por EL PAÍS informa que la pena puede aumentar si se determina que ha habido una usurpación del estado civil, por lo que aumentaría de tres a cinco años, mientras que si se suman más agravantes superaría los cinco. Si el presunto delito ha sido en grado de tentativa, ya que no han culminado el proceso, se vería reducido en un grado.
Fernando Cumbres incide en que en el asunto de los vientres de alquiler, hay un vacío legal en España: “Es ilegal que las clínicas del país lleven a cabo esta práctica, pero muchos ciudadanos optan por llevar a cabo el proceso en otros países como Estados Unidos, Colombia o Ucrania”. Solamente la pasada semana la policía detuvo en Sevilla, en el Hospital Materno Infantil Virgen del Rocío, a cuatro personas por su presunta participación en la venta de un recién nacido. A los detenidos se les acusa de los delitos de tráfico ilegal por la compra del bebé y falsedad documental.
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