El Ministerio de Transportes tiene listo el análisis de los documentos que el empresario Víctor Aldama entregó la semana pasada al Tribunal Supremo donde denunciaba que al menos 10 constructoras lograron 96 contratos de obras públicas a cambio del pago de comisiones ilegales a José Luis Ábalos, el entonces ministro de Transportes y número tres del PSOE entre 2018 y 2021. Las conclusiones de los técnicos del ministerio van desmontando las acusaciones del empresario y advierten de que el documento entregado por Aldama como la prueba de corrupción en la adjudicación de obras públicas no se corresponde con lo ocurrido en esas licitaciones, según los contratos analizados.
Los técnicos del ministerio, en dos informes elaborados a petición del actual titular de Transporte, Óscar Puente —uno para el gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y otro de la Dirección General de Carreteras, al que ha tenido acceso EL PAÍS— descartan la existencia de irregularidades en los expedientes de contratación que llegaron a licitarse. Estos expedientes, además, corresponden no solo a la etapa de Ábalos, sino que abarcan a sus antecesores en el cargo Ana Pastor e Íñigo de la Serna, del PP, y de su sucesora en el puesto, Raquel Sánchez, del PSOE.
Transportes analiza las presuntas adjudicaciones ilegales referentes al ente público de obras ferroviarias ADIF (17 proyectos) y el otro afecta a las adjudicaciones de la dirección general de Carreteras (79). El primero, que salió a la luz el pasado viernes, no encuentra irregularidades en ninguna de las obras señaladas. De hecho, tres de ellas aún no se han licitado. En el segundo informe de 49 páginas que estudia las 79 presuntas pre-adjudicaciones, el ministerio desmiente también al empresario. Las 40 obras subrayadas en rosa en las fotocopias de los presupuestos generales del Estado y que presuntamente correspondían con pre-adjudicaciones concedidas por Ábalos a cambio de mordidas, según Aldama, en realidad “no son obras a licitar, sino un instrumento de ordenación del anexo para mayor claridad, corresponden a corredores generales de carreteras” que a su vez incorporan “diferentes proyectos”.
En el resto de las obras subrayadas (en color verde), el Ministerio informa de que 39 sí son licitaciones, pero que solo seis de ellas corresponden al periodo gestionado por Ábalos. De hecho, cuatro se licitaron cuando gobernaba el PP, una con Ana Pastor como ministra y tres con su sucesor en el cargo Íñigo de la Serna. En 17 de las señaladas por Aldama aún “no se ha licitado ningún contrato de obras“ y otra es “una concesión de autovía de primera generación adjudicada en 2005″. La ministra socialista Raquel Sánchez, antecesora de Óscar Puente, adjudicó 11 de esas obras denunciadas por Aldama. “Ninguna tramitación/gestión de dichos expedientes ha devenido en la constatación de actuación irregular”, concluye el informe sobre las presuntas adjudicaciones ilegales de obras de carretera.
No es la primera vez que el ministro Óscar Puente realiza una investigación interna ante las acusaciones de corrupción contra el exministro Ábalos. En febrero de este año ordenó una auditoría en Puertos del Estado y Adif para esclarecer la millonaria compra de mascarillas durante el peor momento de la pandemia. A diferencia de estos informes sobre las presuntas licitaciones irregulares, los resultados señalaron numerosas irregularidades y el juez que llevaba el caso Koldo lo incorporó como prueba al sumario. Ábalos cargó contra la auditoría, que tachó de “incompleta” y aseguró que tenía “deficiencias”. La querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción afirmaba que la adjudicación de las mascarillas por Ábalos fue correcta sin irregularidades.
Aldama señaló en su denuncia a 10 empresas: Grupo Azvi, Levantina, Ingeniería y Construcción S. L., Erikapat Consultoría Internacional S. L., ASCH, Civis Global, Sortis Telecomunicaciones, S. L., Lantania S.A.U., Ortiz, Construcciones y Proyectos S. A., Áridos Anfersa S. L. y Obras Públicas y Regadíos S. A. (OPR). El empresario aseguraba que estas constructoras se beneficiaron de la mayoría de las presuntas pre-adjudicaciones subrayadas. El análisis señala lo contrario. De los 373 expedientes que se hicieron en vías ferroviarias (dentro de las 17 obras de ADIF), solo seis de esas compañías firmaron a su vez siete contratos. En el caso de las 21 licitaciones de la Dirección General de Carreteras, solo tres empresas ganaron tres concursos de obras. Es decir, algunas empresas de las señaladas ni siquiera se beneficiaron de las licitaciones analizadas. De hecho, algunas pierden los concursos a los que se presentan. Aldama en sus alegaciones afirmaba que él se benefició también de mordidas y pagos de estas empresas.
También destacan que los elementos subrayados por el empresario tienen una “extraordinaria generalidad de elementos”, ya que “la documentación tomada como base se refiere a partidas presupuestarias que recogen corredores ferroviarios de centenares de kilómetros o conceptos muy amplios que, en la mayoría de ellos, incluyen en un mismo ejercicio presupuestario multitud de contratos de todo tipo, desde la propia ingeniería de redacción de los proyectos constructivos hasta asesoramientos, obra civil, todo tipo de instalaciones y suministros, servicios auxiliares”. De hecho, en los informes se deja entrever que en las obras señaladas en los documentos que entregó al Supremo no hay un patrón que defina la presunta trama de corrupción: ni por el tipo de obra, ni por el tipo de contrato, ni tampoco por el modelo de adjudicación. En la mayoría de los concursos, por ejemplo, ganan las empresas que mejor oferta económica ofrecieron, y no las que más puntuación técnica consiguieron.
El ministerio también ha abordado, aunque no con detalle, la gestión de los contratos modificados. Es decir, aquellos en los que por determinadas circunstancias las partes modifican el monto a pagar por complicaciones imprevistas en las obras. El proceso de aprobación de un modificado es amplio e intervienen decenas de técnicos del ministerio. En muchas ocasiones la administración pública de turno debe abonar más dinero, pero en otras es al contrario. De hecho, en una de las licitaciones referentes a Adif (relativo a un tramo entre Madrid y Galicia de alta velocidad) la constructora (CIVIS Global y Taboada y Ramos) tuvo que devolver 70.863 euros al ente público. En cuanto a los modificados solo de obras de la Dirección de Carreteras, los técnicos afirman que no han encontrado irregularidades. “La propia naturaleza del sistema de control y garantías establecido en la legislación y por el propio ministerio para este tipo de modificaciones prácticamente anula la posibilidad de comisión de algún tipo de fraude o irregularidad en su tramitación”.