Los impuestos pueden provocar un incendio político entre los aliados del Gobierno. Eso es lo que ha pasado por la intención de convertir en permanente los impuestos extraordinarios a energéticas y bancas. Unos gravámenes aprobados en 2022 para sufragar las ayudas a hogares y empresas por la crisis del coste de la vida. Y que se dirigieron a los sectores, banca y energéticas, que más se estaban beneficiando por la escalada inflacionaria y subida de tipos. El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha propuesto este martes que el Estado tome una participación de control en Repsol después de que la empresa haya elegido a Portugal para invertir 15 millones de euros ante la inestabilidad regulatoria y fiscal de España. Una decisión que Carlos Martín ha tachado de “chantaje fiscal” contra España. “Amenazan con llevarse inversiones estratégicas a Portugal si no se rebajan los impuestos sobre los beneficios históricos que están registrando”, ha denunciado Martín en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter. En el mismo mensaje, Martín ha recordado que la energética es una empresa que nació “de la privatización de las empresas públicas agrupadas en el Instituto Nacional de Hidrocarburos, como la distribuidora Campsa, la refinera Enpretrol o Butano”.
La propuesta de Martín se produce tras la publicación por parte del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, de una tribuna de opinión en la que critica duramente el impuesto. Y señale que su mantenimiento es “el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Gobierno”.
La respuesta del portavoz parlamentario de Sumar no se ha hecho esperar: “Repsol se cimenta, por tanto, sobre un esfuerzo colectivo de país”, ha apostillado. En este punto, Carlos Martín ha criticado que en la década de los años 80 “se decidió dilapidar el patrimonio empresarial público malvendiéndolo”, lo que a su juicio “ha conducido a una economía menos autónoma y dependiente de la codicia de un puñado de ejecutivos y accionistas”.
Más impuestos
El portavoz del grupo plurinacional propone varias vías para hacer frente a lo que denomina “chantaje”. La primera de ellas es incrementar impuestos a aquellas energéticas que no realicen inversiones estratégicas suficientes para la transición verde en España y empleando estos recursos para llevarlas a cabo. La otra propuesta pasa por una participación pública de control de manera similar a como se hizo con Telefónica y, por último, promover a nivel europeo una regulación que impida el ‘dumping’ entre países y el “chantaje fiscal” empresarial.
CC OO de Industria y la sección sindical de la organización en Repsol también mostraron este martes su “preocupación” e “indignación” por las declaraciones de Imaz de condicionar ciertas inversiones en España a la existencia del impuesto extraordinario a las grandes energéticas, por lo que exigió una reunión “urgente” a la empresa. En este sentido, el sindicato criticó que no tuviera en cuenta a los trabajadores, así como el “esfuerzo” de los territorios. Por ello, solicitará “de inmediato” reuniones con la compañía y con los ministerios implicados para que, desde el diálogo, “se construya una solución en la que no se ponga en peligro la industria, las inversiones, los territorios y el empleo”.
Ataques contra el impuesto extraordinario
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha arremetido contra la decisión del Gobierno de hacer permanente el impuesto al sector energético y la banca y ha advertido de que “el populismo fiscal” comprometerá el futuro de la industria en España. En una tribuna en varios diarios, Imaz alerta de que al prolongar esta medida, inicialmente prevista para los años 2023 y 2024 —en el caso de las energéticas, con la aplicación de un gravamen del 1,2% sobre las ventas, a liquidar con cargo a los ejercicios 2022 y 2023—, la inversión en el sector energético español “se ralentizará al mínimo”. Y explica: “Miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década. Crearemos muchos empleos en servicios de bajo valor añadido, posiblemente mal pagados. Nuestra cobertura social tendrá dificultades para sostenerse en un futuro, porque el tipo de empleo que se crea y la falta de recursos que genera el que se pierde nos aboca a un modelo de competitividad alejado de los líderes a los que deberíamos emular”, subraya.
Peaje para que Sumar siga en el Gobierno
El empresario vasco reconoce que le “duele más todavía que su futuro se apague entre discursos demagógicos contra las grandes empresas y los ricos. O que sea simplemente por el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo un Gobierno”.
Imaz también defiende que “los debates sobre los impuestos son legítimos en una sociedad democrática” y que siempre ha defendido “una visión redistributiva de la política fiscal”. “Quizá por eso me repugna particularmente la demagogia en torno a las cuestiones fiscales”, añade. Por ello, lamenta que los partidos que conforman el Gobierno hayan presentado una propuesta para hacer permanente el impuesto, “más allá del que, como cualquier otra empresa, pagan por sus beneficios en concepto de impuesto de sociedades”, sin que haya debate ni “un análisis riguroso de las consecuencias”.
“No hay siquiera interlocución franca con las empresas industriales. Simplemente el populismo y la demagogia al grito de ‘que paguen las empresas para favorecer a los que lo pasan mal’. Aquellos políticos que incluso en privado reconocen que esa doble imposición es un dislate, no se atreven a alzar la voz por temor a ser considerados defensores de los ‘ricos y de las empresas’, exponiéndose a que lancen a las masas contra ellos por “antisociales”, afirma.
Pendiente de la decisión de los tribunales
Además, Imaz, considerando los “argumentos jurídicos” de que pagar dos veces por un concepto similar como el beneficio “será un día tumbado en los tribunales, cosa que previsiblemente sucederá”, cree que “los actuales gobernantes estarán posiblemente lejos de sus funciones” cuando esto suceda, por lo que “no tendrán que pagar las consecuencias de sus políticas populistas e ilegales”.
Asimismo, el primer ejecutivo de Repsol pone en valor que España “es un país líder en refinerías en Europa”, lo que, además de la seguridad de suministro que esto supone, representa que se generan “más de 200.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, además de garantizar el empleo industrial de los dos principales polos químicos del país (Tarragona y Huelva)”.
Por ello, estima que el objetivo es “seguir compitiendo” con los productos que vienen de Oriente Medio, India o Estados Unidos, a la vez que se avanza en la descarbonización; “o sea, fabricando cada vez un combustible más renovable para mitigar el impacto del CO2″.
Asimismo, cree que “el populismo fiscal va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio que imposibilita que esa inversión pueda llevarse a cabo”, y va a hacer “imposible” competir con la inversión energética en Estados Unidos. De esta manera, reconociendo que su opinión puede ser “irrelevante”, invita a los miembros del Gobierno a “que se lean las conclusiones de la Comisión Europea sobre este gravamen o el Informe Draghi”.