Cuando su abogado le comunicó por teléfono que el caso que le ha amargado la vida durante los últimos tres años había quedado archivado, sepultado, enterrado para siempre, Sergi Cebrián rompió a llorar. Asuntos Internos acusó a este agente de la unidad de información de los Mossos d’Esquadra de filtrar datos sensibles a delincuentes del barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a cambio de 150 euros por consulta. Un juez de Barcelona ha dicho ahora que todo eso no se sostiene: sus accesos a bases de datos policiales (por las que se le acusaba de revelación de secretos) no fueron “desproporcionados ni improcedentes”. Tampoco hay prueba alguna del soborno. La Fiscalía había pedido el archivo y, como no hay ninguna otra acusación, la causa penal ya no prosperará. Cebrián, de 51 años, respira aliviado. Pero, por más inocente que sea, ya nada es como antes. Su vida personal se ha quebrado (no ve a su hijo desde que fue detenido) tanto como su vocación profesional: “Ya no quiero ser policía”.
La pesadilla empezó en diciembre de 2021. La exmujer, también policía y con quien mantenía una disputa por la custodia de su hijo en común, informó a sus superiores de que, según le había dicho una confidente de ambos cuando trabajaban juntos en la comisaría de Sant Adrià, Sergi estaba pasando información a delincuentes habituales de La Mina. Asuntos Internos empezó a indagar y, tres meses después, en marzo, detuvo al mosso y registró su domicilio. La vida de Sergi tal como la conocía se esfumó. Dejó de ver a su hijo, que entonces tenía 12 años, porque la expareja aprovechó la circunstancia para lograr que un juez pusiera fin al régimen de visitas. Y fue suspendido de empleo y sueldo, con lo que pasó a subsistir con 1.000 euros al mes que apenas le daban para el alquiler de un piso en Montornès del Vallès y para pagar la pensión. “No soy creyente, pero cada noche desde entonces he pedido que se arreglen las cosas y poder volver a ver a mi hijo”.
Aunque a Sergi el proceso se le ha hecho eterno, podría haber sido mucho peor. La justicia tiene sus tiempos. Y la causa ha sido archivada antes de llegar a juicio, tras una investigación que ha puesto de relieve extrañas maniobras. Según declaró la confidente, que está en el origen de esta historia, los agentes de Asuntos Internos prometieron “beneficios penitenciarios” para su hijo si colaboraba. “Me dijeron que podrían hacer que saliera de prisión, pero también perjudicarle”, contó, un testimonio que fue ratificado por la exmujer (estaba presente en la escena) en su declaración ante el juez como testigo y obligada, por ley, a decir la verdad.
El abogado José Antonio Bitos, del sindicato USPAC, prepara ya una querella contra los agentes de Asuntos Internos. Sergi lo deja todo en sus manos, pero solo quiere “un poco de calma”. El camino hasta aquí ha sido duro. Subsistió con ayuda de su madre y consumiendo los ahorros propios. “Solo compraba productos frescos cuando venía mi hija [de otra relación] a casa, yo comía cualquier cosa”. Logró trabajo en una empresa de seguridad, pero duró un año: “Son jornadas muy largas y no me gusta ver cómo se maltrata a los trabajadores”. Lo dejó en verano, cuando recibió el primer rayo de luz: un juzgado contencioso-administrativo tumbó la decisión del Departamento de Interior de suspenderlo de empleo y sueldo y obligó a la administración a devolverle lo que había dejado de pagarle (unos 60.000 euros). Podía, además, reincorporarse al trabajo. Pero ya no creía en él. Y no tenía ningunas ganas de hacerlo.
“Me he sentido desterrado”
Con la causa penal aún viva, Sergi regresó en octubre a la que había sido su casa los últimos 12 años: la central de Egara, sede de la unidad de información. Fue a recoger sus cosas: la credencial, el arma. El recibimiento de sus compañeros fue correcto. El de sus jefes, “tirante, incómodo”. No quería regresar allí. Pidió días de vacaciones y horas sindicales. Empezó a trabajar en USPAC, que junto con su hermana han sido su gran apoyo. Ahí sigue ahora, ya como liberado sindical, visitando comisarías, sin más contacto ya con confidentes y sin nutrir a unidades que, gracias a su información (tal como reconocieron varios mandos en sus declaraciones) sirvieron para ayudar a esclarecer delitos; por ejemplo, el asesinato a sangre fría y en plena calle en Sant Adrià de Valentín Moreno, miembro de los Casuals, los ultras del Barça.
“Hacía tiempo que estaba desencantado con la profesión, porque he visto los excesos que hay. Mi caso ha sido la puntilla. Me he sentido desterrado de la policía”, cuenta Sergi, que recuerda cómo lo detuvieron dos días antes de recoger “una facilitación tipo A” por su trabajo. Cree que le ha penalizado querer ir más allá en su labor con las fuentes. “Me involucré demasiado, soy así, y he salido escaldado”.
En lo personal, la fractura ha sido aún más profunda: se ha medicado por prescripción del psiquiatra y el año pasado, cuenta siempre al borde de las lágrimas, tuvo un intento de suicidio. “Tampoco soy capaz de gestionar una relación de pareja por mis altibajos”. Pero lo que más le sigue doliendo es haber perdido el contacto con su hijo. Pese a que reconquistó, también en vía judicial, el régimen de visitas, el adolescente, que ahora tiene 15 años, no quiere verle. Sergi duda de que mostrarle el auto de archivo del juez, probarle su inocencia, sirva de algo. “Ya no sé ni cómo es físicamente. Está bien restituir mi nombre y tal, pero, ¿quién me devuelve estos casi tres años sin mi hijo?”