Los vecinos de un bloque en la calle de San Ildefonso, en Lavapiés, vivían de alquiler en un edifico con más de 100 años. No tienen calefacción ni ascensor, en algunas casas se filtran humedades y la pintura está descascarillada. Pagan entre 500 y 900 euros en función de cada piso y encontrar algo similar en el centro de Madrid por ese precio es prácticamente imposible. Un día de diciembre del año pasado, cada una de las 24 familias que lo habitaban recibieron un burofax en el que les anunciaban que el propietario había vendido el bloque a un fondo de inversión llamado Atm Tyr Real State y que se tenían que ir cuando acabase su contrato. Los vecinos de seis casas lo hicieron, otros siguen negociando para irse, pero quedan los de ocho hogares que no piensan marcharse de ninguna manera. Ellos son los que proponen una solución que aseguran que hasta ahora no había sido explotada en España: Montar una cooperativa de vivienda en cesión de uso junto con nuevos socios que quieran unirse y comprar entre todos el bloque para seguir viviendo en él. Se trata de una suerte de club en el que cada miembro paga una cuota inicial con financiación de la banca ética, en este caso estaría entre 20.000 y 30.000 euros. Después tienen que pagar otra mensual más barata que el alquiler que tenían hasta ahora. Si alguien se va, le devuelven el dinero que puso.
Actualmente, solo son esos ocho pisos, pero invitan a todo aquel que quiera sumarse a ponerse en contacto con el Sindicato de Inquilinas y participar para vivir allí. Los nuevos socios de la cooperativa tendrían que pagar más, pero se olvidarían de abonar mensualidades hasta amortizar su inversión. Sería como pagar muchos meses de golpe, una especie de fianza de unos 30.000 euros. En caso de que quieran irse en algún momento, se les devolvería el dinero que han puesto actualizado al IPC y los inquilinos que los sustituyan serían los que lo pagarían.
Al no haber ninguna intención de enriquecerse, el precio es menor de lo que supondría un alquiler. Mioara Cabrera lleva 10 años viviendo en el primer piso junto a su hijo de 18 años. Su contrato de alquiler ya venció, pero ella sigue viviendo allí y pagando. Según los cálculos de los vecinos, si al final forman la cooperativa, Cabrera se ahorrará un 28% todos los meses. Cada vecino aportará una cantidad distinta, el precio depende del tamaño de la casa. Como la propiedad de todo el edificio es colectiva, ocurre lo mismo con las zonas comunes. Pagarán más los que tengan pisos más grandes.
Cabrera trabaja en un estanco de Chueca y siempre ha intentado vivir cerca de allí. Estuvo varios años en ese barrio, después en el Barrio de las Letras y finalmente en Lavapiés. Ha visto como cada vez el precio que tiene que pagar por vivir en el centro es más alto y culpa de ello a la especulación inmobiliaria. Valora la idea de la cooperativa como una forma de luchar contra la crisis habitacional. “Esto construye país. Esto también es ser patriota”, opina.
El modelo de vivienda colectiva se exportó desde Dinamarca y en Uruguay es común, pero en España sigue siendo marginal. Hay 26 en total y siempre son bloques construidos desde cero, lo que influyó en el diseño. Normalmente este tipo de edificios minimizan las zonas privadas y explotan las comunes, con espacios como cuartos de lavadoras o cocinas compartidas. María Paula Rodríguez, investigadora en la cátedra de la UNESCO de vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, está especializada en cooperativas en cesión de uso y le llama la atención el caso de Lavapiés. Nunca había visto que los vecinos de un bloque que ya existe se pongan de acuerdo para comprarlo.
Rodriguez añade que en España las viviendas de este tipo no está reguladas y eso provoca cierta “inseguridad jurídica”. Solo la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares tienen leyes al respecto. Lo que los vecinos pueden o no a hacer con su casa lo marcan los estatutos que se aprueban cuando forman la cooperativa y en cada caso son distintos. Como las viviendas de este tipo no son privadas, sino colectivas, nadie es dueño y todos lo son. Por eso tampoco se puede poner en alquiler ningún piso por cuenta propia ni lucrarse de cualquier otra manera sin que se decida en asamblea. “Se basa en entender la vivienda como un derecho humano más que como un activo financiero”, añade Rodríguez.
La idea de hacer una cooperativa surgió en las negociaciones entre los vecinos y el fondo de inversión. En un principio, los inquilinos solo querían mantener su alquiler y estaban incluso dispuestos a pagar más por su mensualidad. Durante estas reuniones, el representante de la empresa les ofreció venderles el piso por debajo del precio del mercado, pero no propusieron una cifra exacta. Tampoco dijeron por cuanto lo habían comprado.
José Ferreira es uno de los vecinos y, como además es arquitecto, elaboró un informe para estimar el valor del bloque. Comparó el edificio con otros cercanos para calcular un precio y tuvo en cuenta el valor del metro cuadrado en la zona. Según él, el fondo debió hacerse con él por casi cuatro millones y medio de euros y esa fue la cantidad que ofrecieron para comprarlo, pero los nuevos propietarios piden al menos cinco. “Hemos hecho un gran esfuerzo para reunir ese dinero, pero por el precio que ofrecen ellos no lo vamos a comprar”, explica Ferreira. Desde Atm Tyr Real State aseguran que pagaron más por el edificio que la cifra que dan los vecinos y dicen que su oferta de cinco millones sigue estando por debajo del precio del mercado.
En la zona de Lavapiés, el metro cuadrado está entre los 3.000 y los 3.200 euros. El edificio tiene en total 1.301. Si se multiplica esa cifra por el precio máximo del suelo allí, el resultado son aproximadamente 4,2 millones. Según los vecinos, si se tiene en cuenta el precio de cinco millones que ofertó la empresa, están vendiendo por 3.970 euros por metro cuadrado y supera entones el precio de mercado. Si nada cambia, el sueño de una vivienda colectiva y con un precio asequible se esfuma para los inquilinos, pero han aportado una nueva idea para acceder a un hogar digno.