Otro gran tabú ha dejado de serlo. Pedro Sánchez está dispuesto a reunirse con Carles Puigdemont incluso antes de que el líder de Junts sea amnistiado y, por tanto, cuando es aún, a ojos de la justicia, un prófugo. El presidente del Gobierno se ha abierto a ese escenario pese al rechazo que el expresident catalán, huido desde 2017, provoca incluso dentro del PSOE. “El Gobierno ha pasado página de 2017. Tenemos que mirar al futuro”, ha argumentado Sánchez este lunes para justificar esa decisión, subrayando, además, la “hipocresía” del PP por su reciente acercamiento parlamentario a Junts. Lo ha dicho en la rueda de prensa en la que ha hecho balance del año y en la que ha sacado pecho de la condición de España de locomotora económica de la UE y referente de la OCDE y del semanario The Economist, la biblia liberal anglosajona.
Puigdemont, cuyo partido es indispensable para la estabilidad del Gobierno y con quien el PSOE está tratando de negociar los Presupuestos, ha endurecido su discurso contra Pedro Sánchez en las últimas semanas. Ha remarcado que el presidente “no es de fiar” y le ha afeado precisamente que le siga tratando como un “presunto delincuente” al negarse a reunirse con él fuera de España. Sánchez ha respondido hoy, preguntado específicamente sobre esa hipotética reunión: “Cataluña y España han pasado página de lo que sucedió en 2017, no podemos mirar atrás constantemente. Evidentemente me reuniré, no tengo ningún problema, y lo haré con los líderes de Junts y ERC”. Aunque el presidente ha evitado concretar una fecha para ese encuentro, sí ha dejado claro que no será un impedimento que Puigdemont siga a la espera de que la justicia española le aplique la amnistía.
“La amnistía se produce en el momento en el que está avalada por las Cortes. Legítimamente hay instituciones que han planteado sus recursos al Constitucional, pero a efectos políticos esa amnistía ya se aplica”, ha señalado, enfatizando que incluso, en esa esfera política, “se está aplicando por parte del PP, que vuelve a votar conjuntamente y sacar pecho de sus votos con Junts”. El pasado jueves, populares y Junts votaron juntos para tumbar parte de la política fiscal del Ejecutivo, algo que Sánchez ha tildado de “nueva hipocresía” de los populares, que han cerrado 2024 con un acuerdo fiscal con la derecha independentista sin que haya pasado un año desde que plantearan su ilegalización.
El Congreso aprobó la ley de amnistía a los encausados del procés independentista catalán el pasado mayo, pero el Supremo ha determinado que ese perdón penal no puede aplicarse al delito de malversación agravada cometido presuntamente por Carles Puigdemont. La ley de amnistía dice expresamente que son los jueces, analizando caso por caso, los que tienen que decidir a quién se aplica la medida de gracia. Puigdemont huyó de España a finales de octubre de 2017, tras la declaración fallida de independencia. El pasado agosto regresó de forma fugaz, entró de forma clandestina en Barcelona, dio un mitin ante sus fieles y volvió a escapar, a pesar del dispositivo policial de los Mossos desplegado para detenerlo por orden judicial.
El presidente del Gobierno ha puesto repetidamente en valor la ley de amnistía y su conclusión es que la prueba de su éxito y de dar por superado el procés son los acercamientos del PP con la formación de Puigdemont. “Esa normalización es la que perseguía la política, lo que perseguía la ley de amnistía. Creo que es un éxito de la ley de amnistía y por tanto del Gobierno de España. Si luego Junts, junto con Vox y con el PP, quieren plantear una moción de censura, están en su derecho constitucional de hacerlo. Cuando lo hicimos nosotros en 2018 nos dijeron que era ilegítimo y me llamaron okupa”, ha remarcado Sánchez sobre la derivada que podría surgir de la petición de Puigdemont de que se someta a una moción de confianza.
El presidente ha acusado a la derecha de ser la causante del “tornado de crispación” que sacude a la política española. Feijóo, ha dicho Sánchez, “ha renunciado a plantear un proyecto político” al del Gobierno de coalición y “está en la destrucción del adversario político y en lograr con bulos lo que no le dieron los votos en 2023″. “Plantear una estrategia en base a bulos y no a votos creo que está abocado al fracaso en democracia”, ha sentenciado, lamentando que el “ruido y los bulos” desvíen la atención de los buenos datos económicos.
Sánchez ha reiterado también “la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado”, el mismo día en el que el Supremo ha ordenado a la Guardia Civil nuevas diligencias sobre el teléfono de Álvaro García Ortiz, investigado por la supuesta filtración de información confidencial sobre el novio de la popular Isabel Díaz Ayuso. Un informe de la UCO de la Guardia Civil reveló el pasado jueves que el móvil del fiscal general contenía “cero mensajes” en la semana investigada, lo que ha llevado al juez a ordenar más pesquisas. “Antes del informe de la UCO ya manifesté que la confianza del Gobierno en el Fiscal General del Estado era total, y después del informe de la UCO lo es aún más”, ha remarcado el presidente. “La pareja de Ayuso no ha dado explicaciones [sobre su presunto delito de fraude fiscal] y Ayuso no ha asumido responsabilidades políticas”, ha apostillado. Finalmente, ha dejado una reflexión que resume su visión de 2024: “Tan importantes son los avances que hemos logrado como los retrocesos que hemos evitado”, ha dicho Sánchez, señalando así que la alternativa a su Gobierno es una coalición del PP y Vox.
Sánchez ha insistido en que completara la legislatura y por tanto esta terminará “en 2027″, con independencia de que haya nuevos Presupuestos o se prorroguen, por mucho que insista el PP en la debilidad del Gobierno. ”Es la pregunta clásica que se me hace y así llevamos siete años. Tenemos todos los incentivos para continuar haciendo políticas en favor de la mayoría política de este país”, ha dicho. Y ha terminado tirando de ironía: “Dado que hay un deshielo ya entre Feijóo y Junts, a ver si el año que viene se produce un deshielo entre Feijóo y el PSOE. Ojalá podamos llegar a acuerdos y tener una normalización entre el presidente del Gobierno y [el líder de] la oposición”.