J. A. P., exjefe del área de Rusia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acusado de facilitar información secreta a la CIA, ha quedado en libertad provisional, según fuentes conocedoras del caso. La titular del juzgado de instrucción que investiga la presunta filtración de documentos clasificados ha ordenado su excarcelación con cargos tras más de 14 meses de prisión preventiva por considerar que ya no existe riesgo de fuga o destrucción de pruebas.
El analista del servicio secreto, procedente de la Armada y con empleo de capitán de navío –equivalente a coronel en el Ejército de Tierra– fue arrestado el 30 de septiembre de 2023, junto con J. M., otro agente del centro con menor rango con el que mantenía una relación de amistad, después de que la directora de CNI, Esperanza Casteleiro, presentara una denuncia contra ambos por los delitos de revelación de secretos (penado con hasta siete años de cárcel) y traición (castigado con un máximo de 12). Mientras el segundo quedó en libertad con cargos pocos días después, el exalto mando del servicio secreto ha permanecido desde entonces en prisión.
El cerco contra el exresponsable del área de Rusia arrancó después de que una auditoría rutinaria detectara que había accedido a documentación sensible que no necesitaba para su trabajo. El CNI realizó una investigación interna, que incluyó la intervención de su teléfono, entradas en su domicilio e incluso la instalación de una cámara en su despacho, y trasladó sus conclusiones a la Fiscalía. A petición del abogado defensor, la jueza ha pedido al Supremo los autos de autorización de los pinchazos telefónicos y registros que se realizaron en el marco de la investigación interna, pero el alto tribunal le ha respondido que no es de su competencia, ya que se trata de documentación secreta que debe ser desclasificada por el Consejo de Ministros. Los agentes del CNI que han declarado como testigos en la instrucción del caso han asegurado que esas pesquisas se hicieron con autorización del magistrado que controla las actividades del centro.
En su declaración judicial, J. A. P. reconoció que se llevó información clasificada a su domicilio, pero alegó que lo hizo para elaborar una auditoría económica sobre el despliegue del CNI en el extranjero (las conocidas como antenas) y aseguró que esa tarea se la encargaron sus jefes en septiembre de 2021 y la acabó en febrero de 2022.
El caso provocó un roce diplomático entre Madrid y Washington. La ministra de Defensa, Margarita Robles, convocó a su despacho a la entonces embajadora de EE UU en España, Julissa Reynoso, para expresarle su malestar por una actuación considerada inamistosa e impropia entre países amigos y aliados. Exteriores decretó la expulsión de tres agentes de la CIA destinados en Madrid e implicados en el operativo, pero Washington se adelantó a sacarlos de España.
A sus 55 años, el que fuera responsable de la información del CNI sobre Rusia es un experimentado agente especializado en asuntos marítimos y de transporte. Su currículum incluye la participación en la liberación del atunero vasco Alakrana, que en 2009 fue secuestrado por piratas somalíes con 49 tripulantes. Como agente del CNI estuvo destinado en Nueva York (EE UU), acreditado ante Naciones Unidas, y durante la pandemia pidió una excedencia y trabajó para una empresa estadounidense de seguridad, momento en que el CNI sospecha que entró en contacto con la CIA.
Tras la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, el área de Rusia que él dirigía adquirió aún mayor peso en el centro. La guerra, que originó la imposición de sanciones por parte de la UE, propició también un incremento de la colonia rusa en España, que supera los 80.000 ciudadanos. El servicio secreto ha encarado sucesos como el asesinato en febrero pasado en Villajoyosa (Alicante) del desertor ruso Maxim Kuzmínov, que huyó a Ucrania en un helicóptero de combate. Otro crimen tras el que se sospecha la mano del Kremlin es la muerte en abril de 2022 del magnate ruso Serguéi Protosenya y de su familia en Lloret de Mar (Girona).