La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido este miércoles en el Congreso la gestión de su departamento, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en las inundaciones en Valencia, en las que fallecieron 219 personas y ocho desaparecidos y ha achacado a la Generalitat incompetencia para interpretar los avisos que se enviaron. “Los protocolos de actuación, la normativa, los códigos, deben adecuarse al riesgo climático, pero de poco sirve tener toda la información necesaria si quien debe responder no sabe como hacerlo”, ha manifestado. La vicepresidenta se ha dirigido por primera vez a la Cámara baja durante unos 40 minutos en los que ha detallado las llamadas y correos que la Aemet y la Confederación enviaron en los días previos y durante los momentos en los que la dana golpeó con mayor dureza a la comunidad, también ha hecho un alegato a favor de la ciencia, los servicios públicos y las instituciones, y ha negado que haya existido un “apagón informativo” por parte de la CHJ, como denunció el presidente valenciano Carlos Mazón en su comparecencia en las Cortes valencianas para achacar al Gobierno central la responsabilidad por las dramáticas consecuencias de la gota fría. “Hemos estado disponibles antes, durante y después [de la dana], y lo vamos a seguir estando”, ha asegurado.
La intervención de Ribera en el Congreso se produce en medio de la ofensiva del PP con el objetivo de poner en duda su cualificación para el cargo de vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria encargada de la política verde y de competencia. El PP ha reclamado con insistencia a Ribera responsabilidades por la gestión de la dana y le han preguntado si dimitirá en el caso de que tenga que ir a los juzgados como imputada. Tras la rendición de cuentas en el Congreso, cuyo debate continúa, la vicepresidenta volverá a dar explicaciones esta tarde en el Senado, también a petición del PP.
Ribera ha detallado que la primera información de la Aemet sobre la existencia de la dana se hizo pública a través de sus canales el 24 de octubre, y que se fue actualizando en los días siguientes. También se emitió un aviso especial por fenómenos adversos el domingo 27 y se mantuvo los días siguientes, lunes y martes, indicando una probabilidad de lluvias torrenciales “alta”, superior al 70%. Con esa información, según ha subrayado, hubo administraciones, como la Universidad de Valencia, la Diputación o varios ayuntamientos de la provincia ―que después ha cifrado en 62― activaron planes de emergencia con carácter preventivo. Con respecto a la Confederación, ha expuesto que envió el 29 de octubre casi 200 correos al Centro de Emergencias de la Generalitat, incluyendo nueve entre las 16.13 y las 18.43, el periodo de apagón que denunció Mazón.
Horas antes, en la sesión de control, la vicepresidenta ha defendido que desde el primer momento estuvo trabajando en su despacho “para resolver las necesidades y urgencias” ocasionadas por la dana y ha censurado el comportamiento del Gobierno valenciano, cuando se minimizó el riesgo potencial de los avisos. “Si se burlan de los avisos rojos de Aemet es difícil que nos preparemos para la siguiente emergencia”.
La vicepresidenta ha explicado que los organismos de Protección Civil deben usar esta información proporcionada por la Aemet y la CHJ en su proceso de toma de decisiones. “La dirección de la emergencia corresponde a la administración autonómica, en este caso la Comunidad Valenciana. (…) Tanto la Aemet como la CHJ actúan bajo la dependencia funcional de la dirección de la emergencia. Eso es así en Valencia y en el resto el territorio nacional”.
Sobre los reproches de los populares, de que su departamento no hizo nada para mejorar la defensa del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento ocasionó la riada, Ribera ha atribuido al Gobierno de Mariano Rajoy que se dejara caducar una declaración de impacto ambiental para las obras, que ella firmó como secretaria de Estado en 2011. Desde ese año y hasta 2018 quedó paralizada y, según Ribera, el Gobierno ha trabajado para desbloquear el proyecto buscando un diseño alternativo que pudiera generar consenso entre administraciones. Según ha explicado, el pasado marzo y junio recibieron informes de la Generalitat valenciana en los que les pedían desarrollos extra para mejorar la integración del paisaje.