Carles Puigdemont ha roto este final de año el voto de silencio que se autoimpuso y que lo tuvo sin dar ruedas de prensa durante más de seis meses. Con una comparecencia el día 9 de diciembre en Bruselas (Bélgica) y una entrevista en TV3 una semana más tarde, el expresidente catalán levantó la voz para advertir a Pedro Sánchez de que el apoyo de Junts al Gobierno entra en tiempo de descuento. Sus dos recientes intervenciones suman 72 minutos de tiempo de palabra, más de una hora en la que Puigdemont no mencionó ni una sola vez el término independencia. Abundan, en cambio, en su discurso las referencias a la “negociación” para resolver los asuntos que urgen para Cataluña. Un retoque en el relato para que las pretensiones patrióticas cedan paso a las demandas en materia económica y de infraestructuras, y que sirve para ir hacia la “centralidad” que pidió priorizar el propio Puigdemont en el último congreso político del partido, celebrado en Calella (Barcelona) a finales de octubre.
En ese camino, Junts se ha distanciado de las entidades sociales independentistas (la relación con la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium es tibia y ha quedado desmontado el Consell per la República que ideó el propio Puigdemont pensando en convertirlo en una suerte de Generalitat paralela) y el partido se agarra de la mano del sector empresarial y de entidades como Foment del Treball.
En la tradicional recepción navideña con la prensa, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment ―y exdirigente de Unió Democràtica―, refirió algunos de sus propósitos: “Los empresarios intentamos influir en las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados”. El pasado mes de abril, cuando acudió a Bélgica para visitar a Carles Puigdemont, entonces candidato a presidir la Generalitat, Sánchez Llibre le puso sobre la mesa tres peticiones: seguridad jurídica, una fiscalidad más competitiva y la ejecución de inversiones en infraestructuras para Cataluña.
En su conferencia de Bruselas del 9 de diciembre, el expresidente de la Generalitat justificó que Junts se aleje del PSOE porque “la liquidación del presupuesto de 2023 es catastrófica para Cataluña”, y señaló que “el mandato de Pedro Sánchez se parece mucho al de Mariano Rajoy”. Puigdemont puso de relieve que “el incumplimiento con Cataluña es sistemático”. “De lo que aprobaron gastarse en Cataluña gastaron menos de la mitad”, dijo antes de lanzar una pregunta al aire: “¿Se piensan que esto no tiene consecuencias en la competitividad de Cataluña?”. Durante su entrevista en TV3, Puigdemont justificó que su partido ponga reparos al aumento de la fiscalidad para el megacasino que proyecta la multinacional Hard Rock en Salou (Tarragona) porque hay que proteger “la seguridad jurídica”. “Cuando tú pones unas condiciones a unos inversores no puedes cambiar las reglas del juego a media partida”, abundó.
Parte de las negociaciones de Junts con el Gobierno han pivotado sobre la rebaja de la carga impositiva, “¡Deje de freírnos a impuestos!”, le espetó Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, a Pedro Sánchez. Antoni Cañete, presidente de Pimec, aplaudió recientemente la reducción del impuesto de Sociedades para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Pau Relat, reelegido presidente de la potente Fira de Barcelona, también comulga con ese proceder pragmático que ha exhibido tradicionalmente el nacionalismo catalán y que tuvo en Convergència, antecesora de Junts, un estandarte.
En Junts, la buena sintonía con el sector empresarial se ha mantenido incluso si ha sido necesario pactar con el PP para tumbar en el Congreso el impuesto de las compañías energéticas pactado por la izquierda. Por otro lado, Junts vuelve a tener ya a exdirigentes en grandes corporaciones. Javier Lara, el exjefe de gabinete de Albert Batet, presidente del grupo de Junts en el Parlament, fiche por la consultora internacional PwC, especializada en servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, servicios de consultoría y transacciones.
“Electorado natural”
En el Govern no sorprende la cercanía de Junts con el sector empresarial y de negocios. “Al fin y al cabo ese es su electorado natural”, sostiene un alto cargo del equipo del president Salvador Illa. El PSC trata de no aparentar inquietud ante la posibilidad de ser atacado por ese flanco: “Nuestro consejero de Empresa es Miquel Sàmper, estamos cubiertos”, se alega. Sàmper no es militante del PSC y sí lo fue de Junts, partido al que llegó a representar desde el cargo de consejero de Interior. “Esto va de relato y del marco mental que algunos quieren imponer”, sostiene Miriam Nogueras.
Un cargo autorizado de Junts señala que “la clase política catalana se ha dado cuenta de que la CUP no tiene que marcar el paso, y ya era hora”. La formación anticapitalista forzó la renuncia de Artur Mas en 2016 e imprimió un aire de modernidad antisistema a la eclosión del procés independentista. En las últimas elecciones catalanas la CUP se quedó con solo cuatro escaños, tenía nueve y ejerce un papel secundario. El bajón coincide con el cambio de paso de Junts, que ha relegado de su cúpula a perfiles más agitadores, y con la desinhibición de Esquerra a la hora de llegar a acuerdos con los socialistas.
Junts per Catalunya pone empeño en replicar la “normalidad” que pregona haber logrado el PSC en Cataluña. Para lograrlo, Puigdemont y sus diputados en el Congreso tratan de aparecer como un altavoz de los apuros y escaseces que lastran el progreso de los catalanes.