Este jueves ocurrieron dos cosas en Lisboa que demuestran un giro político del actual Gobierno portugués, en manos de la coalición conservadora Alianza Democrática. La policía irrumpió en una céntrica calle de Martim Moniz, donde se concentran muchos negocios de extranjeros, en busca de delitos. Después de registrar, al menos, a unas 30 personas que fueron alineadas contra las paredes en unas imágenes muy difundidas por prensa y redes, la operación se saldó con dos detenciones: un hombre con arma blanca y algo de cannabis y un sospechoso de varios robos. La “operación especial de prevención delictiva”, como fue bautizada oficialmente, no arrojó grandes cifras, pero proporcionó una imagen nítida de que el Ejecutivo de Luís Montenegro convertirá la gestión de la inmigración y la seguridad ciudadana en dos banderas que quiere disputar a Chega, el partido de ultraderecha que recibió más de un millón de votos en las últimas elecciones. En Bruselas, el primer ministro defendió el despliegue pese a la parquedad de resultados: “Es muy importante que se desarrollen operaciones como esta para que exista visibilidad y proximidad en la vigilancia y fiscalización de las actividades ilícitas”.
Pero lo que tendrá más trascendencia política es el proyecto de ley aprobado a última hora de la tarde del jueves en la Asamblea de la República con los votos de los dos partidos de la Alianza Democrática y Chega, que prohibirá el acceso gratuito al Sistema Nacional de Salud de los inmigrantes sin papeles y extranjeros no residentes. La propuesta, para el representante del Partido Social Demócrata (PSD, principal fuerza del Gobierno), Miguel Guimarães, pretende “corregir el grave error del anterior Gobierno del Partido Socialista que, hace cinco años, impuso una Ley de Bases de Sanidad donde decidió de forma irresponsable prometer el acceso gratuito al Sistema Nacional de Salud a todos los ciudadanos del mundo”. El diputado añadió que no afecta a inmigrantes regularizados, sino a los extranjeros que realizan “un uso abusivo de los servicios de sanidad” y que no tiene que ver con el turismo sanitario. Los inmigrantes irregulares solo podrán acceder a la sanidad pública en caso de urgencia médica.
Medida de gran calado
Es una de las medidas de más calado pactadas entre el Gobierno y Chega, que han mantenido una relación tormentosa por la negativa de Luís Montenegro a sumarlos a su Gabinete, pese a su minoría parlamentaria. La Asamblea de la República tiene una amplia mayoría de fuerzas de derechas, pero hasta ahora no habían sido muy significativas las medidas aprobadas con el apoyo de ese bloque. De hecho, los Presupuestos del Estado para 2025 salieron adelante gracias a la abstención del Partido Socialista y con el voto en contra de Chega e Iniciativa Liberal, las dos formaciones de derechas que no participan en el Ejecutivo.
La modificación de la Ley de Bases de Sanidad fue anunciada por sorpresa la semana anterior y negociada entre el Gobierno y Chega. Este partido ultra, fundado en 2019 y liderado por André Ventura, logró endurecer la propuesta inicial al incluir la obligatoriedad de pagar para acceder al Sistema Nacional de Salud a los apátridas y solicitantes de asilo, excepto en casos de emergencia. “Extranjeros de países con ingresos superiores a los nuestros se desplazan mensualmente a Portugal para tener tratamientos para la sífilis o la diabetes”, afirmó en su discurso André Ventura, fundador y presidente de Chega. “Si no hay para los nuestros, no habrá para nadie, porque fueron ellos quienes pagaron el Servicio Nacional de Salud”, agregó.
El impacto de la atención sanitaria de extranjeros en el sistema público se desconoce. El Partido Socialista, principal fuerza de la oposición, reclamó que se “monitorice” el acceso para disponer de datos. La diputada socialista Mariana Vieira da Silva admitió que han podido cometerse abusos y ofreció colaboración para combatir fraudes, pero criticó el proyecto de ley propuesto por ir en otra dirección. A juicio de la presidenta del grupo parlamentario socialista, Alexandra Leitão, podría tratarse de una medida inconstitucional.
La actual línea dura del Gobierno en relación con los inmigrantes mereció críticas de los partidos minoritarios de la izquierda. El Bloco de Esquerda, el Partido Comunista Portugués y Livre han solicitado la comparecencia de la ministra de Interior, Margarida Blasco, para explicar la operación policial en Martim Moniz. “Se trató simplemente de un número de propaganda de extrema derecha, promovido por el Gobierno, y lo más grave es que el Gobierno no esconde que ha instruido a las fuerzas de seguridad para perseguir inmigrantes”, recriminó el líder parlamentario del Bloco, Fabian Figueiredo.
La decisión del primer ministro, Luís Montenegro, de asumir como banderas de su gabinete la seguridad ciudadana y las políticas de extranjería se hizo evidente en horario de máxima audiencia hace unas semanas, cuando anunció que realizaría un mensaje institucional desde su residencia oficial en São Bento. Estas comparecencias, que son seguidas por todas las cadenas de televisión en directo, suelen reservarse para mensajes y ocasiones especiales, pero Montenegro se limitó a anunciar la compra de vehículos para las fuerzas de seguridad como señal de que pensaba enfatizar el combate contra la delincuencia. Al mismo tiempo, insistía en que Portugal era un país seguro. Una decisión muy criticada por los medios y la oposición tanto por la contradicción en el mensaje como por usar el formato de las citas especiales para anunciar la entrega de vehículos a la policía.