A sus 58 años, Frank Barker puede decir que le ha ganado la pelea a la ciudad de Nueva York, casi 15 años después de que las autoridades lo retuvieran por orden del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y permaneciera encarcelado mucho más tiempo del que establecía su fecha de liberación. Llegó con nueve años desde Barbados. Conoció la calle, las drogas y finalmente la cárcel. El día de 2008 en que se suponía que había cumplido su condena, Barker tuvo que pasar un año más en un centro de detención. Ahora, como otros 20.000 migrantes, no puede dejar de sentir satisfacción tras la demanda colectiva que hicieron hace una década y que este miércoles fue resuelta por un juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York.
“Como alguien que ha vivido con miedo al ICE y que perdió un año de su vida por ser detenido, aplaudo esta demanda y aliento a cualquier persona que haya experimentado un trato similar o que tenga un familiar o amigo que se haya visto afectado por esto, a que tome medidas para ser incluido en esta demanda colectiva”, dijo Barker, residente de El Bronx, en un comunicado de prensa.
Entre el 1 de abril de 1997 y el 21 de diciembre de 2012, miles de migrantes permanecieron retenidos por días, semanas o varios meses más de lo que correspondía. Nueva York no era la ciudad santuario en la que luego se convirtió y las autoridades trabajaban mano a mano con ICE, enviando directamente de las cárceles a las personas que luego deportaban. De octubre de 2012 a septiembre de 2013, el Departamento Correccional entregó a ICE a más de 3.000 detenidos.
Algunos de los emigrantes involucrados en la demanda -una de las más grandes contra la ciudad de Nueva York- se encontraban entonces bajo custodia policial o cumplían cortas condenas de prisión. ICE pidió a las autoridades neoyorquinas que los retuviera por hasta 48 horas para luego considerar sus respectivos procesos de deportación. Pero el tiempo se les fue de las manos. La información difundida asegura que, en total, los detenidos permanecieron presos más de 166.000 días, el equivalente a 454 años, a partir de la fecha de liberación programada. El Departamento Jurídico de la ciudad dijo en un comunicado que los funcionarios habían “operado con el supuesto de que el cumplimiento de las órdenes de retención del ICE era un mandato de la ley federal”.
Ahora, en virtud de un acuerdo legal presentado ante el tribunal, la ciudad de Nueva York -que se empeña en negar su responsabilidad en el asunto- deberá compensar con 92,5 millones de dólares por los daños a los miles de migrantes detenidos de manera ilegal, algunos de los cuales permanecen en Estados Unidos y otros en países como México, República Dominicana, Haití, Jamaica, Ecuador, Cuba, Colombia, Trinidad y Tobago, Honduras y Guyana.
El acuerdo surge luego de que Oscar Onadia, un inmigrante de Burkina Faso, África, interpusiera una demanda en 2010. Dos años antes Onadia manejaba sin licencia por las calles de Nueva York. Fue detenido por las autoridades y condenado a prisión por cinco días en Riker’s Island. Cuando cumplió con la sentencia y fue a pagar su fianza de un dólar, las autoridades le negaron la fianza tras comunicarle que habían recibido una orden de detención de ICE. A pesar de que la orden decía que Onadia debía estar retenido por un período no mayor a 48 horas, las autoridades no lo liberaron hasta el 23 de enero de 2009, 42 días después del tiempo en que tenía que haber estado fuera de la cárcel por conducir sin licencia.
En 2017 la demanda de Onadia devino una demanda colectiva que buscaba reparar los daños de miles de migrantes más. Aunque Onadia falleció a inicios de 2024 sin poder ver su acabada su batalla legal, The New York Times aseguró que su esposa recibirá 25.000 dólares de indemnización de parte de la ciudad.
Debra L. Greenberger, socia del bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP, que llevó adelante la demanda, afirma en el comunicado que están “orgullosos de poder brindar justicia a las personas que sufrieron una pérdida de libertad y una alteración de sus vidas debido a esta detención injustificada y excesiva”. También dijo que este acuerdo debería servir como recordatorio de que “todas las personas tienen derecho a un debido proceso legal”. Con el acuerdo, los más de 20.000 migrantes afectados podrán solicitar una indemnización. Algunos podrían obtener decenas de miles de dólares, en función del tiempo de retención y los daños causados.
Los abogados han dicho que, en lo adelante, les espera una larga jornada en la que tendrán que localizar en todo el mundo a los miles de migrantes involucrados en el proceso. Algunos, incluso, ya habrán fallecido. Greenberger dijo a The New York Times que su equipo tenía “claro que va a ser difícil encontrar a la gente”, pero que se encargará de difundir la noticia para que llegue a los implicados.
Aunque en 2014 el alcalde Bill de Blasio firmó una ley que evita la cooperación de la ciudad con ICE, el temor a que las autoridades neoyorquinas faciliten la deportación de millones de emigrantes que pretende hacer la administración Trump se ha apoderado de no pocas familias. Más aún desde que el alcalde Eric Adams se reuniera con Tom Homan, el próximo “zar de la frontera”, y se comprometiera a “perseguir a inmigrantes que están cometiendo delitos”. Varias organizaciones exigen al Ayuntamiento que no ignore las leyes de la ciudad que limitan la cooperación del Departamento de Policía y el Departamento de Correcciones con los agentes de ICE