El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por “la detención arbitraria y desaparición forzada” en Venezuela del argentino Nahuel Gallo, un agente de las fuerzas de seguridad nacionales. El hombre de 33 años llegó a territorio venezolano el 8 de diciembre pasado y desde entonces permanece detenido por el régimen de Nicolás Maduro, acusado por supuestos delitos de terrorismo.
“Este hecho constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela”, apuntó la Cancillería de Argentina este jueves, al confirmar el planteo ante la Corte Penal Internacional (CPI). De acuerdo con la cartera que encabeza Gerardo Werthein, los sucesos denunciados “se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”. Desde mediados de diciembre, la Administración de Milei reclama “la inmediata liberación” del cabo de la Gendarmería Nacional.
La presentación del Gobierno argentino señala en particular al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. El funcionario fue quien reconoció formalmente el viernes pasado la detención de Gallo. Según Saab, el suboficial argentino intentó ingresar irregularmente en Venezuela “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”. El fiscal indicó que Gallo es investigado “por su vinculación a un grupo de personas” que, “con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional”, planeaba “ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”.
La información difundida por la Casa Rosada indica que Gallo viajó en sus vacaciones rumbo a Caracas para visitar a su esposa, María Gómez, una periodista venezolana, y a la hija de ambos. La mujer y la niña tienen residencia en Argentina, pero se habían trasladado a la capital de Venezuela por problemas de salud de un familiar. El gendarme llegó al país caribeño desde Colombia, a través de un paso terrestre, y planeaba tomar un avión en Táchira. Pero antes fue detenido.
El conflicto por la detención de Gallo incrementó la tensión entre los Gobiernos de Argentina y Venezuela, que rompieron relaciones en julio pasado, cuando Maduro expulsó a los diplomáticos de siete países que habían desconocido los resultados electorales y su presunta reelección. La Administración de Milei anunció ahora, tras la denuncia ante la CPI, que “continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional”.
Además de su impacto internacional, el caso abrió un frente de turbulencias internas para el Gobierno de Milei. Tanto la oposición como la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuestionaron al Ministerio de Seguridad por haber autorizado el viaje del gendarme a Venezuela.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.