El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha camuflado entre la excepcionalidad de la dana y la respuesta sobrepasada del sistema para tratar de eludir su responsabilidad en la gestión de la catástrofe por su competencia sobre los servicios de Emergencias y el gobierno de la comunidad. Mazón ha adoptado un perfil de relator de la tragedia, como si él fuera un simple observador. Tanto ha sido así que, en una inverosímil elipsis política, ha obviado cinco horas de su agenda en el fatídico martes 29 de octubre. De ellas, al menos tres estuvo en un almuerzo con una periodista en un conocido restaurante de Valencia. El presidente de la Generalitat anunció, además, la creación de una vicepresidencia para la reconstrucción económica y social de Valencia y una consejería de Emergencias e Interior a pesar de haber reducido de forma drástica el presupuesto para Emergencias.
En su comparecencia ante las Cortes Valencianas, el presidente de la Generalitat valenciana ha reconocido, en más de una ocasión, errores, su intención de hacer autocrítica y “dar la cara”. Pero, en la mayoría de los casos, ha sido sobre actuaciones ajenas. Nada sobre su papel y responsabilidad. Al menos, no de manera particular. Como mucho, en referencia a obligaciones compartidas. Nada será igual, pero para que todo vuelva a ser normal es necesaria altura de miras”, ha dicho en una de las veces que ha extendido las competencias a todas las administraciones.
En su ensortijado relato ha llegado a exponer que el envío de la alerta masiva a los móviles de los ciudadanos, a las 20.11, cuando hacía horas que el agua anegaba los pueblos, fue un exceso de celo porque este solo está recogido en los protocolos cuando se trata de accidentes químicos en polígonos industriales y rotura de presa. Sin embargo, los propios documentos de la Agència de Seguretat i Emergències que puede consultarse en la web del 112 recoge la vigencia de este sistema.
Carlos Mazón ha inundado de datos su intervención y ha hecho un recuento de los correos electrónicos remitidos por la Confederación del Júcar, entidad dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, a la que señala como responsable de no alertar a la Generalitat con la suficiente insistencia sobre el estado del barranco del Poyo. En un intento de ser objetivo, el jefe del Ejecutivo valenciano ha admitido que la información sobre el río Magro, que se desbordó igual que el barranco del Poyo, sí fue suficiente. Como discordancia, ha reconocido que el daño que hubiera provocado el colapso de la presa de Forata, en la que la confederación centró sus esfuerzos y vigilancia en detrimento del barranco del Poyo, los daños y las víctimas serían muchas más. El dirigente del PP no ha dudado en criticar la acción del Gobierno pese a que, a la vez, no ha parado de pedir unidad, colaboración sostenida, compromiso ante la catástrofe y, sobre todo, presupuesto para hacer frente a los efectos devastadores de la riada. “No buscamos señalar a nadie”, ha dicho segundos después de criticar el “lento avance” de las ayudas del Gobierno.
Al Gobierno le ha pedido una primera tanda de 31.000 millones de euros, cifra superior al presupuesto anual de la Generalitat, más otros 2.000 procedentes del fondo de resiliencia de Europa. Sobre el dinero que aportará la administración autonómica, ha hablado de 200 millones.
Ha habido otras contradicciones evidentes. El dirigente del PP ha descrito unos días previos llenos de avisos, alertas, comunicaciones con los ayuntamientos y previsión por parte de los servicios de Emergencias. Pero él mantuvo su agenda, completamente ajena a la catástrofe. De hecho, incluso se mofó de las medidas adoptadas por instituciones como la Universitat de València, que suspendió todas las actividades antes de las 12 del mediodía, Además, no menos de 13 municipios suspendieron las clases. La televisión pública informó durante más de cuatro horas sobre la situación de los pueblos del interior anegados y las lluvias registradas. Se pidió la intervención del Ejército. Pero él se fue a comer, al menos, hasta las seis de la tarde. Después, volvió al Palau de la Generalitat y decidió acudir a la reunión del Cecopi, el órgano de coordinación de Emergencias, al que se incorporó pasadas las siete de la tarde “porque había tráfico”. “No retrasé ni un segundo” las actuaciones en marcha, ha dicho.
“Faltó información y coordinación”
En la tribuna del parlamento, ha dicho que mantuvo la agenda, pero “consciente de cómo estaba la situación” y ha hablado, sin nombrarla, de la consejera de Interior, Salomé Pradas, como responsable y sabiendo que la gestión de “la posible emergencia” se estaba desarrollando. Carlos Mazón ha intervenido durante más de dos horas en las que ha necesitado que se repusiera el vaso de agua del que disponen los diputados en sus comparecencias. No ha sido interrumpido por ningún plauso. Tampoco se han registrado murmullos en los bancos de la oposición.
“Como presidente de la Generalitat” ha pedido una disculpa. Y ha sido sobre un hecho posterior a los momentos de crisis. Ha pedido disculpas “a los que se sintieron abandonados” los días siguientes a la dana, a quienes llegó antes la ayuda de miles de voluntarios que la de la administración autonómica. “Hemos aprendido la lección sobre la importancia de la prevención”, ha dicho Carlos Mazón, quien recortó el presupuesto de Emergencias en más de un 9%. “Faltó información y coordinación”, ha resumido. “Faltó una respuesta más rápida”, ha reconocido.
“No se puede aprender del pasado sin saber qué ocurrió. Los valencianos tienen el derecho de saber qué ocurrió y por qué los protocolos que habían funcionado no fueron suficientes para evitar o paliar los daños”, ha expuesto ante los parlamentarios. Y se ha comprometido a presentar una propuesta para la creación de una comisión de investigación para que se investigue la respuesta a la peor tragedia. “Espero que en las Cortes generales también se cree”, ha dicho.