El Gobierno valenciano que pilota Carlos Mazón, del PP, ha adjudicado un contrato de 578.512 euros a una firma dirigida por el que fuera coordinador del programa electoral de la formación conservadora en los comicios municipales y autonómicos de 2023, Íñigo de la Serna, según ha comprobado EL PAÍS. La Consejería de Agricultura autonómica concluyó este lunes el trámite para fichar a la compañía de ingeniería Typsa, cuyo vicepresidente es De la Serna. La licitación tiene por objeto los trabajos de remodelación de la presa de Buseo en Chera (Valencia) tras los desperfectos causados por la dana que el pasado 29 de octubre dejó 224 muertos.
El Ejecutivo de Mazón recurrió a la tramitación de emergencia para contratar a la firma ligada a De la Serna, que también fue alcalde de Santander (2007-2016), ministro de Fomento (2016-2018) durante el mandato de Mariano Rajoy y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Aunque el exministro de Fomento dijo adiós a la política en 2018 para anunciar su paso a la empresa privada, el político fue repescado el pasado año por el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que le encomendó coordinar el programa electoral de las municipales y autonómicas.
El expediente de contratación del Gobierno valenciano esgrime como motivo para adjudicar los 578.512 euros a Typsa la “extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevistos”. La Consejería de Agricultura valenciana justifica también así la contratación de la empresa: “La firma conocía el terreno y ya había trabajado en la presa de Buseo de Chera en 2022. Teníamos que actuar rápido”, indica por teléfono una portavoz de este departamento a este periódico.
De la Serna ha explicado a este diario que no conoce los detalles de la licitación. “Desconozco a qué contrato se refiere”, afirma por teléfono el excoordinador de campaña del PP, que precisa que la compañía de ingeniería tiene el 80% de su actividad comercial en el extranjero.
Fuera de la política, la trayectoria de De la Serna, ingeniero de Caminos de formación, contempla su paso por Typsa —vicepresidente desde septiembre de 2020—, por Banco Caminos —consejero independiente desde julio de 2020— y Madrid Green Urban Mobility Lab, de la que fue director general entre 2022 y 2024, según su perfil en la red profesional LinkedIn. Con un capital social de 2,4 millones y 2.400 empleados, Typsa registró el pasado año unas ventas de 205 millones y unos beneficios de 28,5, según la plataforma mercantil Informa. Más del 80% de la actividad comercial del grupo se concentra en el extranjero, según su web.
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) adjudicó en 2021 un contrato de 50 millones de euros a Typsa para la ampliación de la línea 10 del metro en Valencia. Entonces la empresa pública de Metro Valencia estaba dirigida por el Gobierno de izquierdas presidido por el socialista Ximo Puig.
Cadena de polémicas
La contratación de Typsa para la reparación de la presa valenciana de Chera no es la primera polémica que concita esta infraestructura. El Gobierno valenciano del PP ya adjudicó a dedo la reparación de la instalación tras la dana a la empresa Becsa, de la que es accionista uno de los condenados en el caso Gürtel que confesó la existencia de la “caja B del PP” valenciano, tal y como reveló eldiario.es. La empresa no está inhabilitada para acceder a concursos públicos.
La Generalitat, presidida por el PP, argumentó que Becsa ya había sido contratada con anterioridad por el Consell, gobernado en coalición por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha justificado la vía de urgencia de estos procedimientos para “acelerar lo máximo posible los trámites administrativos”. La responsable ha incidido en que muchas de las empresas señaladas también fueron contratadas por la anterior administración de izquierdas.
El Gobierno del barón popular también concedió uno de los cuatro lotes de limpieza de los accesos a los polígonos a STV Gestión, una compañía en la que el secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, fue responsable de Relaciones Institucionales, antes de pasar a trabajar para Mazón. La contratación inicial de 290.000 euros se amplió a 2,3 millones en diciembre porque se detectó que la carga de trabajo “era muy superior a la presupuestada”, según publicó el citado diario.
El Ejecutivo de Mazón ha tramitado más de medio centenar de contratos de emergencia tras la colosal riada de octubre por un total de 237,8 millones de euros, cuyas adjudicatarias ya están trabajando en las zonas afectadas. El Gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, también está empleando la contratación por la vía de emergencia que permite la declaración del nivel 2 tras la dana para reparar y subsanar los graves destrozos en infraestructuras. En este sentido, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha indicado que se da prioridad a las empresas por su solvencia, disponibilidad inmediata y que, a ser posible, sean valencianas.