Miles de personas se manifiestan este sábado por la tarde en Barcelona para protestar contra el precio de los alquileres y defender el derecho a la vivienda. Con el lema “¡Se acabó! Bajemos los alquileres”, convocados por el Sindicato de Inquilinas y con el apoyo de los grandes sindicatos y entidades vecinales (hasta 4.000 asociaciones, según la organización), a la capital catalana han llegado manifestantes de toda Cataluña, muestra de que la emergencia habitacional ha rebasado las grandes ciudades y se extiende por el territorio. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo, ha vaticinado que la protesta será “histórica y marcará un punto de inflexión”. “Basta de destinar la mitad de nuestros sueldos a pagar vivienda, basta de hacer cajas cada vez que se nos acaba el contrato, se acabó que los rentistas sean cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres”. “Y a los políticos”, ha advertido, “basta de excusas sobre competencias, porque hay un partido que lo gobierna todo, que se llama partido socialista”.
Entre las 30 columnas organizadas de la marcha, barrios de Barcelona y su entorno, vecinos de pueblos del Pirineo donde las segundas residencias suman hasta el 90% de la vivienda, municipios costeros de la Costa Daurada o Brava donde los trabajadores del sector turístico no tienen donde vivir, y capitales como Tarragona o Girona y ciudades del entorno (Reus o Salt), donde conviven fenómenos propios de grandes urbes con altos índices de vulnerabilidad.
La manifestación apunta a cuatro demandas concretas: bajada del precio de los alquileres a la mitad, contratos indefinidos, recuperar pisos vacíos, turísticos y alquileres de temporada para los vecinos y prohibir los pisos que no sean para vivir. En el horizonte, los convocantes apuntan a una huelga de alquileres y recuerdan que desde 2018 ya hay edificios propiedad de grandes tenedores o multipropietarios que han dejado de pagar parcialmente aumentos ilegales o que consideran abusivos. La diferencia, la consignan en un juzgado. En la protesta han participado cargos electos de los comunes, ERC y la CUP.
La protesta de Barcelona llega tras la masiva marcha de Madrid del 13 de octubre y movilizaciones en Málaga o Sevilla. Y en el ámbito doméstico, precedida de anuncios en materia de vivienda y para contener el turismo masivo por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona que las entidades consideran que llegan tarde y son insuficientes. Cataluña es la única comunidad autónoma que ha aplicado la regulación de los precios del alquiler, aunque no tiene un régimen sancionador ni inspecciones para garantizar su aplicación. Además, para esquivarla, los propietarios han desviado masivamente la oferta al alquiler por meses.
Barcelona es desde hace décadas es laboratorio de la vivienda en España: aquí irrumpieron masivamente los pisos turísticos, aterrizaron el capital global y los fondos de inversión, pero también aquí surgieron movimientos por el derecho a la vivienda como la PAH, la Asamblea de Barrios por el decrecimiento turístico (ABDT) o el Sindicato de Inquilinas. Y fue donde las administraciones, en parte empujadas por los activistas, vieron venir lo que se venía encima y legislaron de forma pionera. Pese a todo, el mercado va por delante (a los alquileres de temporada se suman ahora habitaciones a precios desorbitados) y hace tiempo que el precio de los alquileres ha superado el salario mínimo. Cuando el alquiler se desmadra y es el principal gasto de las familias, es también el principal factor de empobrecimiento y desigualdad, coinciden todos los actores.
Algunos datos para ilustrar el contexto de la protesta. En Barcelona, alquilar un piso requiere más de la mitad del sueldo medio y vivir solo es prácticamente imposible. Casi la mitad de los pisos de alquiler de Barcelona son de propietarios que tienen más de cinco viviendas. Y la ABDT a estimado que, en conjunto, la oferta turística legal e ilegal de la ciudad suma 190.000 camas. Mientras, la capital catalana es la ciudad española donde más visados se han concedido a extranjeros extracomunitarios por comprar pisos de más de 500.000 euros, doblando los que se han concedido en Madrid o Málaga. En Cataluña, los precios de los alquileres han subido tres veces más que los ingresos de las familias en los últimos 20 años.
Entre los manifestantes no han faltado vecinos de Barcelona de edificios que se han convertido en símbolos de la lucha por la vivienda, como Casa Orsola o los de la calle de Tarragona, barrios de rentas modestas y golpeados por los desahucios como Nou Barris, y otros que claman contra la incipiente gentrificación, como el Clot. Por parte de colectivos llegados de fuera de Barcelona han participado Pirineu Viu, que agrupa municipios desde la Vall d’Aran y Lleida hasta Girona. “El problema de la vivienda debido a las segundas residencias afecta a pueblos grandes y pequeños, pero se acentúa en dos zonas: entorno a las pistas de esquí, con hasta un 90% de viviendas vacaciones, que de media se ocupan solo 10 noches al año; y La Seu d’Urgell y su comarca, donde se traslada el enorme problema que tiene Andorra con la vivienda”, explica Bernat Lavaquiol.
Desde el Sindicato de Vivienda de Reus (Tarragona), Guillem Jové relata que en la ciudad conviven una elevada subida de precios con la irrupción de fondos de inversión, ocupaciones por parte de colectivos vulnerables y racializados a quienes nadie quiere alquilar pisos: “Las cláusulas abusivas o el incumplimiento de la ley del alquiler provoca además que profesores con contratos de trabajo indefinido que llegan a la ciudad se vean obligados a firmar falsos contratos de temporada, o que no encuentren pisos en Reus, que también expulsa vecinos a su entorno”. Ciudades medianas como Reus comparten con otras como Girona la presencia de “burguesía local que actúa como poder informal en sus propiedades”, añade.
Desde Girona en tren y coches particulares se han desplazado también vecinos y activistas. Desde el Sindicato de Inquilinas, Aliou Diallo, con un pie en la ciudad y otro en la vecina Salt, da cuenta del doble conflicto que vive la zona: “Por un lado desahucios que afectan a familias con niños y que está causando un problema que los docentes han alertado que afecta al funcionamiento de escuelas e institutos, racismo por parte de propietarios, familias vulnerables que no pueden pagar… y por otro la turistificación y gentrificación de Girona capital, donde parte del parque se ha desviado a alquiler turístico o de temporada, porque las inmobiliarias se saltan la regulación del precio del alquiler”.
