Más de un mes sin su hija y un embarazo sin atención médica: el punto muerto de una madre inmigrante en Madrid | Madrid

Ha perdido su trabajo y no tiene ganas de comer. El olor del pollo le provoca arcadas, también cuando recuerda el día que decidió dejar a su hija, de cuatro años, sola en su cama, rodeada de sus juguetes y su teléfono, porque no podía volver a faltar al trabajo. La vida de Catalina Delgado (nombre ficticio), colombiana, de 23 años, se ha quedado detenida en ese instante, al cerrar la puerta de su casa en Madrid a las 22.30 del 16 de febrero. Unas horas después, le pusieron los grilletes en el bar donde trabajaba. Y su hija fue directa a un centro de menores. Lleva 35 días sin dormir con ella. Está además embarazada de seis meses y solo la ha visto un médico en urgencias. Enfrenta un juicio por abandono de menores —castigado con hasta tres años de prisión— atascado por una huelga de letrados judiciales. Mientras todo se complica, ella peregrina cada día a una institución distinta, llama a su hija al centro, la ve una vez a la semana, regresa a otra asociación. Sin trabajo, sin dinero, sin atención médica y ahora sin su hija, trata de sobrevivir en un país que cada día aprieta más. Y ella siente que se ahoga.

Delgado sabe más de ahogarse de lo que debería una chica de su edad. Se curtió en el selvático departamento del Putumayo, en la frontera colombiana entre Perú y Ecuador, la puerta de entrada al Amazonas. Uno de esos rincones que los ambientalistas tratan de salvar mientras los grupos armados se disputan las vidas de la gente. En estas tierras se concentran las mayores áreas de cocaína cultivadas en toda Colombia, 31.000 hectáreas (31.000 estadios como el Santiago Bernabéu, la mitad de todo Madrid). De ahí huyó su familia a Cali, a unas 18 horas en autobús. Y hasta allá regresó años después con el padre de su hija. Poco antes de decidir abandonar su país con la niña y dos de sus cuatro hermanos, en vuelo destino Madrid sin retorno, en noviembre de 2019, el narco baleó la casa donde vivían. A los nueve meses de aterrizar en España le denegaron el asilo, cuenta. No se consideró que su vida estuviera en riesgo.

No esperaba Delgado que el episodio más duro lo iba a sufrir en Madrid. “Le juro que esto es lo más difícil que he vivido”, insiste. Se encuentra engullida por la misma espiral de miseria en la que conviven miles como ella: sin asilo, no hay papeles; sin papeles, no hay contrato; sin una nómina, no hay forma de conseguir un piso a su nombre; sin un domicilio registrado, no hay padrón. Sin padrón, no se puede acceder a ayudas sociales ni a médico que le haga el seguimiento de su embarazo. En su caso, las ayudas podrían aliviar su situación de extrema vulnerabilidad. Como el acceso a programas municipales o autonómicos que apoyan a madres como ella o una beca en el comedor escolar de su hija, que le fue negada, por lo que acabó pagando una cuota de 100 euros al mes.

La policía acudió al domicilio de Delgado la noche del 16 de febrero por la llamada de un vecino, que alertó a las autoridades de los llantos de la niña del otro lado de la pared. Un compañero que vivía con ellas abrió la puerta a los agentes cuando volvió de trabajar esa noche. Desde el teléfono que Delgado había dejado a un lado de su hija la localizaron trabajando en un bar en Villaverde. Y esa noche la pequeña durmió por primera vez en el centro y su madre en un calabozo.

Desde entonces, el proceso se encuentra detenido. El veredicto del juez puede marcar su expediente con antecedentes penales, torpedeando cualquier oportunidad para conseguir sus papeles y optar a un empleo mejor y más estable. La Comunidad de Madrid, que le retiró provisionalmente la guarda de la niña de forma inmediata, continúa estudiando su caso. “Se está trabajando en la reincorporación y buscando alternativas de apoyo”, explican en la Consejería de Familia.

Este miércoles, Delgado va a visitar a su hija a las 10 de la mañana y le lleva gominolas y una bolsa de Doritos. Aunque a ella realmente le gustaría prepararle un sudado, “con su arrocito, su pescadito o carne y una manzana, que es su fruta favorita”, y mientras recuerda sus almuerzos se echa a llorar. Tiene una hora a la semana para ver a la niña. El resto del tiempo, se tiene que conformar con una llamada de 15 minutos cada tarde. “Mamá, ¿pero usted dónde está?”, cuenta Delgado que le pregunta su hija cada vez que hablan. “La policía me trajo aquí porque tú me dejaste solita y yo lloré. Nunca me va a volver a dejar sola, ¿verdad?”, le repite ella. No le puede decir que está en su casa, en la casa de las dos, porque entonces la niña no entiende nada. Que no puede llevarla a su colegio en Vallecas, ni ver a sus amigas, ni llevarla al parque por las tardes. “Yo le digo que me voy a trabajar y ella se tiene que quedar ahí”, explica.

Pero hace un mes que no trabaja. La barriga empieza a asomar sospechosamente por debajo del plumífero. Ella la tapa, como si se avergonzara. Su pareja y padre de esa criatura se fue a otro país una semana antes de que todo estallara a buscar un empleo más provechoso. Y ahora ella está sola. Su única familia en España es su hermano y su cuñada que sobreviven como pueden con trabajos precarios en negro y dos niños. Esa noche todos los que solían ayudarla le fallaron, una amiga, además de su hermano y su cuñada. Son los principales testigos de su caso, además de los testimonios del colegio público de Vallecas al que llevaba a la niña y el pediatra. “Yo no soy eso que dicen de mí. No soy una mala madre, todo esto es como si fuera una pesadilla”, cuenta.

Sobrevive como puede estos días, con sus ahorros de tres años gastando lo mínimo, en un país cada vez más caro y sobre todo para los extranjeros sin papeles. Una habitación en un piso compartido en Ascao le cuesta 350 euros al mes, aunque a duras penas llegara a ganar 1.000 euros cuidando a personas mayores. Los dos con los que trabajó —un hombre en Teruel en 2020 y una mujer en Leganés— se fueron muriendo y ella recurrió al bar de Villaverde como única opción. Llevaba menos de un mes en ese trabajo cuando fue detenida. Ahora teme que con su embarazo le sea todavía más difícil conseguir otro empleo.

España, en la mira europea por el trato a las familias migrantes

La batalla de esta mujer por recuperar a su hija es la de otras muchas mujeres pobres en España, también migrantes. Hace poco más de un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenada a la consejería de Familia de la comunidad a pagar 150.000 euros a una madre búlgara y a sus dos hijas mellizas por haberle retirado la custodia en 2016. La sentencia consideraba que se actuó con una “desproporción abismal” durante un año y que se causó “traumas” en las niñas, que entonces tenían 12. En otros tres casos, al menos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por actuaciones que violan los derechos de padres y madres extranjeras y sus hijos. En 2012, ese mismo tribunal le dio la razón a un nigeriano que denunció que el Servicio de Protección de Menores de Murcia habían dado en adopción a su hijo después de que su madre fuese expulsada del país.

Los expertos consultados coinciden en que los sistemas de protección de menores fallan para evitar que las personas que no tienen recursos no pierdan a sus hijos y denuncian falta de apoyos. Al despacho de José Antonio Bosch, un abogado con amplia experiencia en tema de menores, llegan esos casos en los que el sistema no protege ni a las madres ni a sus hijos. Bosch recuerda que en España hay casi 36.000 menores tutelados por las comunidades autónomas, un número que le parece “extremadamente alto”. El letrado es crítico con los mecanismos de protección: “A la Junta de Andalucía, por ejemplo, puedes preguntarle cuántos kilos de atún pasan por El Estrecho y su diámetro medio, pero no se te ocurra preguntar cuál es el resultado de la política de protección de menores. ¿Qué hacemos con los niños?, ¿qué nivel de estudios alcanzan?, ¿los capacitamos para trabajar?… ¿Cómo se puede valorar un sistema sin datos y sin análisis?”, cuestiona.

El abogado no analiza el caso concreto de Delgado y su hija, pero lo enmarca en una dinámica que conoce bien. “La misión de la Administración no debería ser proteger al menor fuera de casa, sino hasta donde sea posible en el seno de su familia. Ese es el desafío, aunque lo que se suele hacer es optar por la vía más rápida y más barata que es retirar a los niños. Es una barbaridad que de vivir con un hijo pases a verle una vez a la semana y las administraciones tardan muchísimo en decidir sobre el futuro del niño”, resume.

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