Venezuela alcanzó un pico con más de 2.000 detenciones de manifestantes después de las elecciones presidenciales. Cuatro meses después, el Gobierno comienza a sacar de la cárcel a algunos de esos presos. En un comunicado de la Vicepresidencia de Seguridad Ciudadana y Paz, a cargo del ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se ha informado que desde el martes se han producido 103 excarcelaciones, aunque las organizaciones de derechos humanos que defienden a los presos políticos solo han podido confirmar 25 hasta el jueves. Según las autoridades, estas medidas se suman a otras 225 otorgadas en noviembre, pero que tampoco se han concretado en su totalidad.
De los excarcelados esta semana al menos 19 son adolescentes, de un grupo de más de 150 que fue arrestado durante las protestas del 29 y 30 de julio en todo el país en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral que proclamó a Maduro como ganador de las elecciones, sin presentar los datos desagregados y en medio de denuncias de fraude de la oposición. Los casos de los menores de edad, de entre 14 y 17 años de edad, han generado condenas internacionales y han mantenido a sus madres en protestas y vigilias continuas para exigir su libertad. A la mayoría de estos presos se les ha señalado por delitos de terrorismo. Muchos de ellos fueron detenidos durante protestas en redadas callejeras en las que encontraron contenido político en contra del Gobierno en sus teléfonos o fueron delatados por sus vecinos de ser opositores, una práctica promovida desde el Estado.
Maduro intenta bajar la presión en medio de la crisis de legitimidad que el episodio de las elecciones ha abierto. La toma de posesión ocurrirá en menos de un mes y supone un nuevo hito a partir del cual la comunidad internacional podría entrar en un nuevo ciclo de desconocimiento de su presidencia, como ocurrió en 2019, luego de las cuestionadas elecciones de 2018 en las que no se permitió participar a la oposición. El chavismo respondió con una represión severa, en niveles nunca vistos, que llevaron incluso a su rival opositor Edmundo González Urrutia a pactar su salida al exilio, desde donde defiende su victoria en los comicios con las actas de votación y asegura que volverá el 10 de enero el país a ponerse la banda presidencial. Maduro le ha acusado por eso de “propiciar una guerra civil”.
Las maniobras adelantadas para sostenerse en el poder a toda costa también han actualizado los expedientes de violaciones de derechos humanos que pesan sobre el Gobierno venezolano con una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. La Misión de Determinación de Hechos ha denunciado la reactivación del aparato represivo tras las elecciones con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, malos tratos y violencia sexual.
El chavismo intenta dar señales de que está propiciando garantías democráticas. Este viernes el Alto Comisionado de Derechos Humanos hará una actualización sobre la situación de Venezuela. Funcionarios de este organismo regresaron a finales de noviembre al país, luego de ser expulsados por Maduro en febrero pasado cuando denunciaron la desaparición y detención de la activista Rocío San Miguel, con nacionalidad española y venezolana, de la que esta semana difundieron las primeras imágenes que permiten confirmar su estado luego de ser apresada cuando iba a tomar un vuelo internacional y juzgada por traición a la patria y conspiración. A la par de estos gestos, las detenciones de dirigentes políticos siguen ocurriendo, como el caso del exconcejal Jesús Armas, llevado por hombres encapuchados y todavía se encuentra en paradero desconocido.
Española-venezolana desaparecida
Human Rights Watch ha exigido al Gobierno de Venezuela información sobre Sofía María Sahagún Ortíz, ciudadana venezolana-española, desaparecida desde el 23 de octubre cuando iba a abordar un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía. “El gobierno venezolano debe aclarar urgentemente si Sofía María Sahagún Ortíz, ciudadana venezolana-española, ha sido arrestada, revelar su paradero, los motivos de su detención y garantizar el respeto de sus derechos”, señala un comunicado.
La organización agrega que, de acuerdo a la información suministrada por sus familiares, Sahagún Ortíz envió un mensaje de texto a su esposo diciéndole que había pasado el control de pasaportes y luego se enteraron al día siguiente de que no le habían permitido subir al avión, pero no les dijeron qué pasó a continuación. Su familia ha pedido repetidamente a las autoridades venezolanas que la busquen y revelen si ha sido detenida. “Sahagún Ortíz parece ser víctima de una desaparición forzada, un delito grave según el derecho internacional y, lamentablemente, común en estos días en Venezuela” dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.