La tensión entre la universidad pública madrileña, en números rojos, y la privada, en plena expansión, es tal que los seis rectores sin dinero para elaborar sus Presupuestos (Complutense, Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III, Politécnica y Rey Juan Carlos) han ido este jueves en bloque a la comisión de planificación del Consejo Interuniversitario ―siempre les representa un vicerrector― para votar en contra de la aprobación de la Universidad Abierta de Europa (UAE). Dicho voto es preceptivo pero no vinculante, igual que el informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad, que fue demoledor —“Los promotores ni tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad”, manifestaron los técnicos―. El propio análisis del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al que ha accedido EL PAÍS, también es muy crítico, aunque sorprendentemente acaba emitiendo un dictamen positivo.
La Fundación para el Conocimiento Madri+d, dependiente de la Comunidad y dirigida por Federico Morán (secretario general de Universidades con Ignacio Wert), obligó a replantear la memoria inicial de la UAE en su conjunto y, aunque la lista de pegas sigue siendo larga en todos los ámbitos, ha terminado claudicando en su voto favorable en su último informe. No obstante, sus autores plasman en el documento su desconfianza: “Parte de las dudas manifestadas por esta comisión tienen que ver con la gran envergadura de un proyecto nuevo y la dificultad de gestionarlo adecuadamente para que no se malogre”. El dueño del Instituto Europeo de Posgrado (IEP), que promueve UAE, Carlos Pérez Castro, es cercano al ala más conservadora del PP madrileño. De aprobarse en la Asamblea de Madrid (el PP tiene mayoría absoluta), habrá 14 universidades privadas y seis públicas en la capital.
Más Madrid ha preguntado este jueves en la Asamblea al consejero de Educación, Emilio Viciana, por el número de centros que van a autorizar y este no quiso contestar: “Esta Comunidad aprobará las universidades o centros universitarios en conformidad con la normativa vigente y con unos parámetros que en nuestro caso son muy exigentes”. Alardeó, en cambio, de que “Madrid se ha convertido en la capital de los estudios superiores en español”. Otras dos iniciativas (TAI y IE University) cuentan con el informe favorable de Madri+d. En su respuesta, Juan Varela-Portas, diputado de Más Madrid, ha reprendido al Gobierno regional por permitir que “proliferen las privadas, como parásitos, en un cuerpo mal alimentado y debilitado, la universidad pública”, a las que “consienten no contribuir en nada a la investigación y transferencia de conocimiento”.
La fundación obliga a los promotores de la Abierta de Europa a rebajar el número de alumnos previsto (de 100 a 75 inscritos por grado y de 45 a 20 doctorandos) y les aconseja hacer un estudio de campo de las titulaciones que va a implantar, porque “hay saturación de la oferta con relación a la demanda”. La memoria presenta como indicador de su futuro éxito las cifras de matriculados en Summa Educación, un grupo que cuenta con tres universidades virtuales ―Corporación Universitaria de Asturias (Colombia, 2012), Universidad Europea de Monterrey (México, 2016) y Summa University (Estados Unidos, 2018)― presididas por Pérez Castro y con una estructura que no se autorizaría nunca en España.
Una estructura “muy pequeña”
Los promotores presumieron de acuerdos de dobles titulaciones con la Universidad San Pablo-CEU y Rey Juan Carlos que en realidad eran convenios de su instituto con esas instituciones ya caducados y la comisión se lo afeó. A esta le preocupa también su proyecto científico, que aspira a contar con tres grupos de investigación y siete líneas de trabajo: “Parece una estructura muy pequeña para la entidad del proyecto universitario que se pretende, no existiendo una estructura de investigación que esté en consonancia”.
La referencia científica del proyecto es la red Summa, pero la comisión reconoce que “no es posible verificar específicamente la experiencia de estos docentes” vinculados a UEA. Por eso, insisten en las cautelas: “Se alude a que la UAE dará gran relevancia a la investigación y a la consecución de proyectos de investigación competitivos, pero un proyecto de esta envergadura va a requerir una atención muy intensa para conseguir resultados exitosos”.
En opinión de Madri+d, la propuesta cojea también en transferencia de conocimiento, la tercera misión de la universidad: “Siguen sin mencionarse estrategias de colaboración con sectores productivos e institucionales”. Y a la comisión le preocupa el nivel de formación de la plantilla docente: “Sería conveniente incrementar el mayor número posible de profesores a tiempo completo en la plantilla. De este modo se garantizaría una mayor estabilidad”. El compromiso es ir aumentando el personal, pero a la fundación le inquieta saber cómo van a garantizar “el perfil académico suficiente, en particular, una experiencia investigadora de calidad”. Anteriormente, existía a su vez “confusión entre instalaciones dedicadas o previstas para la docencia y las específicas de investigación”, pero Madri+d cree que lo han solventado con una nueva estrategia: “Se presenta un resumen de los laboratorios virtuales docentes que existirán, lo que permitirá liberar los laboratorios físicos que se doten para fines de investigación”.
Para alivio de la comisión, en la segunda y última memoria hay carencias de fondo, pero no de forma como en la primera versión. Entonces no faltaron los reproches: “No se utiliza la terminología propia de la investigación académica universitaria. Hay erratas y faltas de ortografía, faltan tildes, sobran comas…”.