Joaquín Peláez —77 años, todos le llaman Ximo— dice que ha vuelto a vivir. En sus brazos tiene todavía las heridas del día en que la riada destrozó la casa en la que vivía y él alcanzó a salvar su vida como pudo, encaramado encima de los muebles. Lo acaban de trasladar a este piso de 52 metros cuadrados en un bloque al sur de Valencia y siente como si estuviera empezando de cero. Espera un muchacho que va a venir a colgarle unos cuadros que compró en un mercadillo, le falta conseguir el televisor, el espejo para el baño, algunos platos. “Estamos rehaciendo la vida poquito a poco”, dice. El 29 de octubre, cuando la dana azotó con fuerza la provincia, perdió el DNI, el móvil, las gafas y hasta los dientes, que ya se había quitado para dormir.
El bloque en el que han trasladado a Joaquín está ubicado en el barrio La Torre, pertenece a la Generalitat valenciana y tiene en total 184 pisos de entre 48 y 89 metros cuadrados que iban a ser destinados a alquiler de protección oficial. Tras la debacle, se decidió que se destinarían a afectados por las inundaciones. Después de semanas de trabajos para desatascar el agua empozada en sus sótanos (esta misma edificación también resultó afectada por las riadas) y una inversión de más de dos millones de euros, las primeras 21 familias ya han sido realojadas aquí, en una de las dos torres del bloque.
Joaquín está en la segunda planta. El apartamento tiene una habitación, un baño, una sala comedor, cocina, terraza y tiene todos los muebles básicos. Fue uno de los que apareció fugazmente en los vídeos que el president Carlos Mazón publicitó en sus redes sociales el fin de semana pasado, en una cuestionada campaña de publicidad para su gestión en la recuperación de la Comunidad Valenciana tras las inundaciones y para tratar de levantar una imagen que en los sondeos está por el suelo. Esos actos de entrega de llaves, sin embargo, están prohibidos explícitamente por la ley de publicidad institucional, así como las campañas pagadas de las arcas públicas dirigidas exclusivamente a mejorar la notoriedad y la imagen de instituciones gubernamentales.
Antes de que lo trajeran aquí, Joaquín pasó más de un mes en una residencia para ancianos que acogió a algunas de las víctimas. Vivía en una urbanización para personas mayores entre Paiporta y Picanya, propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHS), en la que había 31 casas y un centro de día. El paso del torrente de agua que se las llevó todas por delante dejó allí nueve ancianos muertos. Y a los demás, en la calle. Joaquín lleva encima una operación en la columna, no ve bien por un ojo, padece cáncer y tiene un cuerpo frágil como una hoja. “Cuando era joven era un Ferrari, ahora soy viejo y soy un [Seat] seiscientos”. No se termina de creer que haya conseguido salir de la casa con los muebles flotando y el agua arrastrándolo todo. “Ese día no me enteré de nada, fue todo de golpe”, cuenta. Salió a la calle medio desnudo y luego alguien lo cubrió con una sábana. “Yo parecía Ghandi”, dice.
En la casa número 21 de esa misma urbanización vivía Lucre Cano junto a su esposo, hoy realojados ambos en este edificio. Ella –de 66 años, la más joven de esa residencia– camina cojeando porque ese 29 de octubre el torrente reventó el ventanal de su casa y un cristal se le clavó en el pie. Cuando salían de la casa en medio de la inundación, una alcantarilla enorme se llevó delante de ellos a un matrimonio vecino: “Se los tragó enteros a los dos en segundos”, relata. Todas esas casas, de la 1 a la 31, quedaron destruidas. Lo único que pudo salvar fue una fotografía de la primera comunión de su hijo Rodrigo, en la que también aparece su otra hija, su mamá y su marido. Ahora solo se ve el rostro de su hijo porque el barro arruinó el resto. Ahora tiene otro valor. Lucre piensa enmarcarla y colgarla en la pared como recuerdo del día que les partió su vida en dos.
Ella y su esposo podrán vivir en este piso durante seis meses sin pagar alquiler. Cumplido ese plazo, se evaluará la situación y, en caso de que sigan necesitándolo, el piso pasará a régimen de alquiler social. La primera noche que pasó en el nuevo apartamento, Lucre no podía ni dormir. Tanta calma después de semanas de estar rodeada de fango y de ajetreo en la residencia en la que estuvo acogida temporalmente le parece ahora extraña: “Le dije a mi marido ‘me parece un sueño que estemos aquí, en una casa, no con todo el mundo por ahí gritando’”.
Hasta el momento, a 114 familias afectadas por la dana se les ha ofrecido una vivienda del parque público según las cifras de la Generalitat. De esas, 72 han accedido a ellas, a 37 no les ha resultado necesaria y otras cinco están pendientes de aceptarla o no. Las riadas del 29 de octubre dejaron alrededor de 2.000 viviendas destruidas o inhabitables. Muchas de esas familias están viviendo temporalmente en casas de familiares y amigos y otras en refugios transitorios habilitados en distintos municipios de la provincia.
Rosa Gutiérrez, 74 años, es otra de las nuevas inquilinas del bloque. Sobre ese mes que pasó en una residencia después de la riada prefiere no entrar en detalles: “No voy a decir ni bien, ni mal; ahí lo dejo”. Se siente privilegiada de ser una de las beneficiadas con la entrega de estos pisos. Sobre todo, porque en la noche de ese 29 de octubre estaba segura que no sobreviviría. “Lo más probable era que yo falleciera; si yo me caigo, no me levanto; me hubiese ahogado”, sostiene. Para el próximo 22 de enero tiene agendada una cita con el psiquiatra. “Yo he perdido mucho, pero procuro pensar que lo que he perdido es material y que lo principal es mi vida”, dice. Está terminando de comprar lo que le falta para la nueva casa. “Ahora me toca ponerle mi toque personal”. Nació un 23 de febrero, pero dice que ahora el 29 de octubre también lo celebrará como un cumpleaños, porque ese día volvió a nacer.
