Los 27 diputados de Más Madrid, el partido que lidera la oposición al Gobierno del PP en la Asamblea regional, han enviado este lunes una carta a la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, investigada por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, en la que solicitan su dimisión como diputada. La misiva, a la que accedió EL PAÍS, pone de nuevo el foco en la también vicesecretaria del PP de Madrid, que cuenta con apoyo absoluto de Isabel Díaz Ayuso y la plana mayor del partido en la región. Así quedó claro en la primera semana de septiembre, cuando los principales portavoces de la formación se volcaron en su defensa, y la semana pasada, durante el debate del estado de la región, cuando Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, explicitó la petición de dimisión directamente ante Millán.
“Ana Millán nos recuerda cada día que el PP de Ayuso es el PP de la Púnica, de la Gürtel y de la Lezo”, dijo entonces Bergerot, que inmediatamente se giró hacia la aludida, sentada a su espalda. “Señora Millán, se lo digo a la cara: una indignidad que usted sea la segunda autoridad de esta Asamblea. Es un daño irreparable al prestigio de esta institución”, espetó. “Señora Ayuso, míreme cuando le hablo. Es una vergüenza que la número tres de su partido esté investigada por cuatro delitos de corrupción y usted la proteja. Es una vergüenza que no la cese de sus responsabilidades orgánicas”.
Dos días después, con el fin de semana mediante, Más Madrid ha insistido en su reclamación con una carta que culmina una estrategia de presión constante: antes hubo ya, por ejemplo, el registro de una iniciativa para que la Asamblea votase la reprobación de Millán, y que previsiblemente rechazará la mayoría del PP con el argumento de que incumple el reglamento, que no recoge ese tipo de votaciones.
“A tenor de los últimos acontecimientos en los que el Tribunal de Justicia de Madrid le ha abierto diligencias previas por la comisión de presuntos delitos de corrupción como pudieran ser prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública mientras era concejala del Ayuntamiento de Arroyomolinos, y en defensa del decoro de la Asamblea de Madrid, le solicitamos su inmediata dimisión como Vicepresidenta de la Cámara y la entrega de su acta de diputada regional”, se lee en la carta.
El caso que afecta a Millán busca esclarecer si hay relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló, y el pago de la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Ana Millán, por entonces edil al frente de esa cartera, y ahora vicepresidenta de la Asamblea y número tres del PP de Ayuso. En junio, el juzgado de instrucción número seis de Navalcarnero (Madrid) se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pues Millán está aforada. En esa ocasión, se dejó por escrito que la dirigente conservadora y el empresario “pueden ser autores de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública” dentro de esta causa abierta en 2020.
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La hoy diputada defiende que los 51.104,67 euros que recibió de la empresa y el empresario, según el auto, eran simplemente el pago por el alquiler de su vivienda a favor de Roselló, que además habría realquilado el inmueble. Tanto la hermana como la pareja de Millán recibieron pagos de empresas vinculadas al empresario (88.642,42 euros y 37.578,04, respectivamente), y en concepto de rendimientos del trabajo y actividades económicas, según la documentación del juzgado.
Además, en las cuentas de Millán “se localizaron numerosos ingresos en efectivo [por valor de 42.650,00 euros] de origen desconocido con inicio también en 2008″, mismo año en el que habrían empezado los pagos de Rosell y sus empresas por el alquiler y los servicios de la pareja y hermana de la política.
“Todo lo relacionado con Grupo Educativo [una de las empresas de Roselló] lo llevaba personalmente Ana Millán”, declaró como testigo una auxiliar administrativa del Ayuntamiento que trabajaba estrechamente con la edil. “Ana Millán despachaba a solas con su director, Francisco Roselló, cerrándose en su despacho”, describió según transcribe la Guardia Civil, a la que la testigo recalca que no estuvo presente en ninguna de esas reuniones, cuando sí participaba en las que se producían con otras empresas; y que Millán “la apartó, no dejándola intervenir”. E insistió: “Cuando iba gente de Grupo Educativo a su concejalía, se encerraban en el despacho de Ana Millán”.
Para los investigadores, que recuerdan que todas y cada una de sus conclusiones deben ser entendidas en términos de presunción, quedó demostrada la participación “activa” de la hoy diputada en las contrataciones, según documentación judicial.