Laura Borràs, expresidenta del Parlament y líder de Junts per Catalunya, ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel y otros nueve años de inhabilitación por haber fraccionado contratos, de forma ilegal, durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado a conocer este jueves la resolución, en la que considera probado que troceó contratos para adjudicárselos a dedo a un informático, Isaías Herrero, con el que mantenía previamente una relación profesional y de confianza. La sentencia impone a Borràs cuatro años de cárcel por el delito de falsedad documental, aunque el tribunal ha solicitado el indulto parcial para que la condena se rebaje a dos y pueda decretar así la suspensión de la pena, lo que permitiría a la dirigente independentista no ingresar en prisión.
La pena de inhabilitación por un delito de prevaricación se convierte, así, en la que puede acarrear consecuencias más severas para Borràs. La Fiscalía solicitaba inicialmente 21 años de inhabilitación, aunque los magistrados la han condenado a nueve años. Eso significa que Borràs no podrá ejercer, durante todo ese tiempo, ningún tipo de cargo público. La pena no se ejecuta, sin embargo, hasta que la sentencia sea firme y todo apunta a que la presidenta suspendida agotará todas las vías y recurrirá ante el Tribunal Supremo. Borràs tiene además una baza a su favor en el recurso: el voto particular que ha emitido María Jesús Manzano, una de las tres magistradas de la Sala Civil y Penal del TSJC que la juzgó. Manzano considera que los hechos merecen una pena de inhabilitación, pero no de prisión.
No lo tenía fácil Borràs para salir airosa de un caso que ha noqueado su fulgurante carrera política. Las pruebas en su contra eran abundantes. En especial, unos correos electrónicos que desde 2013 —con su llegada al organismo de la Generalitat que promueve la literatura en catalán— intercambió con Herrero. En esos correos, la presidenta de Junts le daba indicaciones sobre cómo elaborar distintos presupuestos para simular que había varias ofertas para desarrollar la tarea encomendada por la ILC. La cuantía de esos trabajos era la propia de un contrato menor, lo que permitía su adjudicación sin concurso público. Fue un ardid. En realidad, esos pequeños 18 contratos encadenados obedecían a un único encargo global: desarrollar y actualizar la página web de la institución.
A la contundencia de las pruebas se ha unido la colaboración de los otros dos acusados con la justicia. En especial, de Herrero, quien aceptó ante los magistrados que Borràs le hizo un “contrato encubierto” que se fue fraccionando indebidamente. También corroboró las tesis de la Fiscalía el tercer acusado, Andreu Pujol, que se prestó a confeccionar presupuestos ficticios. El informático de Borràs ha sido condenado a dos años de cárcel y el colaborador, a un año y dos meses. Ambos conseguirán el que era su principal objetivo: no ingresar en prisión. Sobre todo Herrero, que en 2019 aceptó una condena a cinco años de cárcel por tráfico de drogas. Fue durante esa investigación cuando aparecieron los correos que incriminan a Borràs. “Yo tengo una de marrones, buff… Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, y facturo unos trapis por allí”, escribió en un mensaje en 2017.
La confesión de los dos acusados fue un movimiento de última hora que desató la ira de la defensa de Borràs en una primera jornada muy tensa de un juicio en el que la expresidenta de la cámara catalana defendió, por enésima vez, su inocencia. Es la línea que ha seguido desde el primer día. Durante toda la instrucción, ha pugnado por presentarse como víctima de la persecución del Estado, un discurso que a medida que aparecían indicios contra ella ha perdido fuerza y e hizo que, en un momento determinado, Esquerra Republicana le diera la espalda. La apertura de juicio oral provocó su salida de la presidencia del Parlament, algo que Borràs reprochó con dureza a los suyos.
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