El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto-ley que formaliza la aprobación de la revalorización de más de 12 millones pensiones del sistema de la Seguridad Social, del régimen de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2025. La subida, que será efectiva desde el próximo 1 de enero, supondrá un incremento del 2,8% de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. Pero, además, los beneficiarios de pensiones mínimas contributivas, las verán incrementadas alrededor de un 6% y aquellos que reciben pensiones no contributivas (también denominadas asistenciales) y el Ingreso Mínimo Vital experimentarán una subida del 9% en la cuantía de sus prestaciones, según ha avanzado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
No obstante, el porcentaje de incremento de las pensiones mínimas contributivas será aún mayor para las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 9,1%. Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes. De esta forma, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales se fija en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros de 2024) y de 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2024 ha sido de 14.466,2 euros).
Además, el Gobierno ha aprobado también este viernes otro real decreto-ley del departamento que dirige la ministra Elma Saiz en el que se recogen todos los cambios del sistema de pensiones que pactaron el Gobierno y los interlocutores sociales en septiembre pasado. El acuerdo, que aún debe aprobarse en sede parlamentaria, supone la mejora en el acceso a la jubilación activa y a la demorada, así como la compatibilidad de ambas modalidades de retiro, entre otras medidas.
El aumento del 2,8% de las pensiones contributivas que reciben unos 11 millones de pensionistas, incluyendo los funcionarios de clases pasivas, ya se conocía puesto que dicha revalorización se determina, según recoge la ley, según la evolución del IPC de los doce meses comprendidos, en este caso, entre noviembre de 2024 y diciembre de 2023 (ambos incluidos). Esto es así para garantizar que los pensionistas no pierdan poder de compra. En el caso de las no contributivas y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, las revalorizaciones acordadas por el Gobierno sí supondrá que ganaran capacidad adquisitiva.