Si el uso de las pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad para hacer frente a los altercados callejeros fue una de las discrepancias que hizo zozobrar el año pasado el segundo intento de reformar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, en la actual legislatura vuelve a ser uno de sus grandes escollos. Junts, Podemos y BNG ―tres de los partidos que sustentan la mayoría parlamentaria del Gobierno y cuyo apoyo es imprescindible para sacar adelante la modificación de una ley aprobada por el PP en 2015― han presentado enmiendas para que este material antidisturbios sea definitivamente prohibido. Otros dos, EH Bildu y ERC, también ponen plazo a su eliminación: un año a partir de que la reforma entre en vigor.
Frente a ellos, el PSOE, su socio de Gobierno, Sumar, y el PNV, formación con la que los socialistas gobiernan en País Vasco, defienden la creación de protocolos “específicos” para su uso y la sustitución progresiva de este material “por otros menos lesivos” pero sin fijar fecha para esto último, según se desprende del análisis detallado de las 200 enmiendas que los diferentes grupos parlamentarios presentaron el martes para iniciar su debate en ponencia parlamentaria. PP y Vox, que vieron como la semana pasada se tumbaba sus enmiendas a la totalidad al proyecto de reforma, rechazan de plano cualquier limitación en el uso del material antidisturbios.
Las enmiendas que muestran un rechazo más frontal a las pelotas de goma son las de Junts, Podemos y BNG. El partido de Carles Puigdemont plantea que el 31 de diciembre de 2025 sea “efectiva su prohibición total”. En el texto de justificación de su enmienda, la formación independentista destaca que la propuesta inicial presentada el pasado octubre tiene una “redacción ambigua, que no supone compromiso alguno y que remite a una ‘sustitución’ que no garantiza evitar los peligrosos de las balas de goma”. Su postura no es nueva. Ya en la negociación frustrada de la legislatura pasada, Junts se mantuvo inflexible en este punto. Su argumento era que, en Cataluña, los Mossos d’Esquadra dejaron de utilizarlas en 2014 y fueron sustituidas por proyectiles de foam, un material viscoelástico sobre el papel menos lesivo. La gran diferencia es que entonces sus votos no eran imprescindibles para sacar adelante la reforma y, en esta ocasión, sí.
Podemos no plantea fechas, pero propone que queden “expresamente prohibido el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma o de cualquier otro instrumento o producto análogo que pueda producir para las personas graves lesiones, pérdidas, inutilidad o deformidad de órganos o miembros, pérdida de un sentido o incluso la muerte” en el mismo momento en que entre en vigor la ley. En la anterior legislatura, Podemos estaba encuadrada en Unidas Podemos, grupo parlamentario que en aquella negociación frustrada mantuvo una posición menos maximalista y se esforzó en acercar las posiciones entre los diferentes grupos con propuestas alternativas en los puntos más polémicos. En el tema de las pelotas de goma, Unidas Podemos planteó entonces crear “en el plazo de seis meses” una comisión presidida por el Defensor del Pueblo con el mandato de elaborar “un dictamen sobre la desaparición del material antidisturbios que pueda causar lesiones irreparables”. Por su parte, el BNG, plantea ahora la prohibición de utilizar “por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de cualquier elemento arrojadizo susceptible de causar daños personales”.
EH BIldu y ERC también proponen cambios en una enmienda conjunta con la que buscan fijar en un año el tiempo máximo para dejar de utilizarlo. En su texto, quiere que el Ministerio del Interior apruebe “en el plazo máximo de 6 meses tras la entrada en vigor de esta ley” un calendario para sustituir las pelotas de goma en un plazo “no superior a seis meses”. Todo ello, acompañado “de la evaluación técnica rigurosa, protocolos claros de uso y la formación adecuada de los cuerpos de seguridad para garantizar una transición efectiva y segura”. En la anterior legislatura, ambas formación defendían la prohibición sin un periodo de transición y, de hecho, el fracaso entonces de la negociación vino provocado en buena medida por su negativa a flexibilizar su postura en este punto.
El PSOE, PNV y Sumar ―que en la anterior legislatura formaba parte de Unidas Podemos― han mantenido buena parte de lo que ya planteaban en el anterior intento e reformar la ley mordaza. Entonces ya hablaron de la necesidad de elaborar “protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales” sobre el uso de la fuerza y el empleo de material antidisturbios para “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Ahora le han añadido la sustitución progresiva de las pelotas de goma “por otros menos lesivos”, aunque sin ponerse fechas. No obstante, la formación de Yolanda Díaz ha presentado una enmienda en la que añade a esta propuesta inicial algunos requisitos más a estos protocolos, entre ellos “la adecuada y eficaz identificación visual de los agentes” que lo utilizan y que “las autoridades competentes deberán rendir cuentas de forma anual ante el Congreso de los Diputados sobre el desarrollo y aplicación” de los mismos.
El PNV ―que sí ha presentado enmiendas a otros puntos de la reforma― planteó en la anterior legislatura seguir el modelo que adoptó el Ejecutivo vasco tras la muerte, el 5 de abril de 2012, del seguidor del Athletic de Bilbao Íñigo Cabacas tras recibir en la cabeza el impacto de uno de estos proyectiles durante los incidentes registrados tras un partido de fútbol. Aquel suceso se saldó en el ámbito judicial con la condena a dos años de cárcel por homicidio imprudente del mando de la Ertzaintza que dirigió el operativo, y en lo policial, con severas restricciones al uso de las pelotas de goma. Estas no están formalmente prohibidas, pero desde aquel suceso, hace más de 12 años, la policía autonómica vasca no ha disparado ninguna y ha utilizado únicamente proyectiles de foam, como los mossos. El PSOE entonces no contemplaba en ningún caso la eliminación del material antidisturbios, en línea con lo que defendía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Los sindicatos policiales han mostrado reiteradamente su rechazo a la reforma de la ley mordaza y, en concreto, a la retirada del material antidisturbios ya que consideran que ello “supondría una pérdida operativa” para los agentes cuando deben hacer frente a altercados callejeros violentos. Este ha sido, de hecho, uno de los principales argumentos que han esgrimido para manifestarse reiteradamente en las calles en los últimos años con los cambios en la ley. Por el contrario, los colectivos sociales que son partidarios de eliminarlas esgrimen un informe de junio de 2021 de la asociación catalana de defensa de los derechos humanos Iridia que asegura que, entre los años 2000 y 2020, hubo 26 personas “afectadas” por el impacto directo de pelotas de goma. De ellas, uno falleció, el seguidor del Athletic de Bilbao. Otras 15 sufrieron la inutilización o pérdida de un órgano, la mayoría del globo ocular.