Las nuevas vidas del patrimonio de los narcos | España

Iyi Martín dirige desde hace 20 años la subasta de bienes incautados por el Estado a los narcotraficantes, que se celebra en la Real Casa de la Moneda, en Madrid, y cuyos fondos gestionará el Plan Nacional sobre Drogas. En el salón de actos de esa fortaleza racionalista de granito que hizo célebre la serie de Netflix La Casa del Papel, y donde, por motivos de seguridad, no se permite tomar fotografías ni grabar, Martín, como los subastadores de las casas privadas y las películas, anima, con buena dosis de labia, a los postores a elevar sus pujas y adjudica con la clásica cuenta hasta tres los lotes que se van sucediendo. Es 27 de noviembre, y hoy sale a la venta una veintena de propiedades, algunas muy especiales.

Desde que la policía pone las esposas a los narcos, y se ven las imágenes de coches de lujo en hilera, viviendas exclusivas o fajos de billetes, hasta que el Estado puede disponer de todo ese patrimonio intervenido judicialmente pueden pasar hasta diez años. Antes, tiene que haber una sentencia firme, y el Gobierno pugna con los abogados de los condenados, que tratan de evitar que les arrebaten los bienes. El dinero, las casas y las embarcaciones son lo que más le duele perder al crimen organizado. Sin esos recursos, no pueden seguir con la actividad delictiva, ni ir por delante de los investigadores; por eso es tan importante localizarlos, allá donde estén, y que se demuestre que provienen de los beneficios del narcotráfico.

Viviendas en San Sebastián, Benalmádena o Vilagarcía de Arousa, algunas de lujo, otras más corrientes, forman parte de la subasta. Antes de empezar las pujas, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, explica a los asistentes que las viviendas vienen del fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas, y que, con su venta, se quiere enviar el mensaje de que la sociedad se beneficia de la lucha contra el narcotráfico.

Cada año, el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, gestiona entre 22 y 28 millones de euros que han llegado a las cuentas del Estado después de la condena de los procesados por narcotráfico y otros delitos relacionados. En 2024 la cantidad bajó a 20 millones, creen que por el parón judicial de la pandemia. La imposibilidad de celebrar subastas presenciales también ha hecho que se acumulen joyas, vehículos o embarcaciones, algo a lo que están intentando poner remedio con la celebración de subastas online. La gestión de ese patrimonio facilita que ese dinero y esos bienes tengan nuevas vidas en beneficio de la sociedad.

Ante la mirada del notario Antonio Pérez-Coca, durante dos horas, los bienes del narcotráfico se van presentando ante los asistentes, que han tenido la oportunidad de examinarlos previamente a través de la Sociedad Mercantil de Gestión Inmobiliaria (Segipsa), del Ministerio de Hacienda, encargada de organizar la subasta, y también de tasar y fijar el precio de salida de las propiedades.

Un piso de Marcial Dorado en Seseña

La posibilidad de conseguir una vivienda a buen precio es lo que atrae a muchos de los interesados a la subasta. Siham, de 35 años y madre de tres hijos de 17, 14 y 6 años, se emociona al lograr el lote 17, un piso de 121 metros cuadrados en Seseña (29.000 habitantes, Toledo). Esta vivienda fue decomisada, como otras muchas de las propiedades por las que se puja hoy, al narcotraficante gallego Marcial Dorado, conocido, además de por su actividad de contrabando, primero de tabaco y luego de droga, por las fotos en su yate en los años 90 con el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la ría de Vigo.

“Quería una vivienda por Madrid, pero no había ninguna”, explica Siham, que trabaja en un supermercado, y a la que le ha resultado “imposible” hasta ahora plantearse ser propietaria por los precios del mercado. Al final, por proximidad, optó por el piso de Toledo, y se lo adjudicaron por 195.000 euros, que pagará con una hipoteca. Los trámites para entrar en la casa no terminarán hasta abril, con la firma y la entrega de llaves. En caso de que un comprador no formalice los trámites, los dos siguientes mejores postores tendrán la opción de llevarse el bien por el precio por el que pujaron.

A escasos metros de ellas, también aguardando para el papeleo, Julio, otro comprador que pide ocultar su verdadero nombre, explica los detalles de su lote, una casa de 163 metros cuadrados en Vilagarcía de Arousa (37.000 habitantes, Pontevedra) muy cerca de la playa y con una parada de autobús en la puerta. Comprará la vivienda, que partía de 152.000 euros, por 260.000. “Puede necesitar unas obras de 80.000 euros, más los impuestos, al final es precio de mercado”, afirma.

Germán, de 27 años, se va con las manos vacías. Vio en el portal Idealista un anuncio de la subasta y se le ocurrió probar, también “como inversión”, en la puja del lote 18, un apartamento de 45 metros cuadrados en El Rosario (Santa Cruz de Tenerife). Al final se retiró porque el precio subió mucho. Con un amigo, espera en la fila para solicitar la devolución de los 9.500 euros que presentó como fianza, el 10% del precio de salida en la subasta. “Antes venían más empresas, subasteros, ahora se nota que hay más particulares”, explica una de las personas que vigilan en la sala.

La Segipsa controla que se cumpla la normativa de prevención de blanqueo. Uno de los lotes se retiró porque el Ayuntamiento de A Illa de Arousa —donde nació y sigue viviendo Dorado— estaba interesado en adquirirlo y otros quedaron “hasta la próxima ocasión” porque nadie se interesó. La subasta termina con una recaudación de 3,6 millones. Sin embargo, ese dinero no llega al fondo inmediatamente. De momento, queda ingresada la reserva de los compradores que adquirieron algún algún lote: 102.988 euros.

“Es importante, primero, que [ese bien] no se lo queden los narcotraficantes. Y segundo, que el valor de lo que podamos sacarle revierta a la sociedad, en una buena dirección”, detalló Villalbí a EL PAÍS, días antes de la subasta. La posibilidad de que un lote regrese a un delincuente no es una fantasía. Dos días antes de ser detenido, en febrero de 2018, la policía grabó a Sito Miñanco, el histórico narco de Cambados (Pontevedra), diciéndole a uno de sus hombres de confianza que debían estar preparados para ir a las subastas y comprar unos astilleros, un piso y un chalé, para recuperarlos para la organización. La conversación salió a la luz en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desde el 18 de noviembre y en el que se sientan en el banquillo medio centenar de personas por blanqueo y narcotráfico.

¿Podría Marcial Dorado volver a comprar los frutos de su delito? En principio, no. “En el reglamento y en la ley del fondo hay una serie de cautelas por las que [las personas a quienes se les decomisaron] no pueden optar”, explica Villalbí. “Otra cosa es que a través de un testaferro nos la cuelen, bueno, pues igual lo hacen. En principio están fuera, igual que los funcionarios que intervienen”, detalla. “Para mí es muy bonito cuando, después de la subasta, quedamos con el notario y quien se ha quedado una casita o un piso es una pareja recién casada. Lo he vivido repetidamente y me emociona”, subraya el delegado del Plan Nacional sobre Drogas.

En los casi 30 años que la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas lleva gestionando los bienes decomisados ha administrado propiedades simbólicas, como el Pazo de Baión (Pontevedra), que en los años 90 se convirtió en referente de la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y que fue intervenido a Laureano Oubiña. Las asociaciones de madres contra la droga se movilizaron durante años para que se destinara a centro de tratamiento para toxicómanos. No lo consiguieron. Finalmente se adjudicó por 15 millones en 2008 a la Cooperativa Condes de Albarei junto con un proyecto para integrar a personas en rehabilitación y con el compromiso de reinvertir un 5% de sus beneficios en asociaciones de lucha contra la droga. Tras cumplir con su obligación, en 2024 se firmó la liquidación.

Nuevas subastas ‘online’

El fondo gestiona cantidades en efectivo, que llegan en cuentas o “en maletas” llenas de billetes, pero también inmuebles, vehículos, aviones, embarcaciones o joyas. El montante de cada ejercicio depende del número de sentencias firmes y de la habilidad para convertir los bienes en efectivo. En los últimos años ha bajado sin que tengan una explicación clara. “No sabemos si es por secuelas de la pandemia, por el frenazo judicial”, considera Villalbí. En 2023 manejaron 28 millones y en 2024, este año 20 millones. Una de las novedades de 2024, con las que buscan dar salida con mayor agilidad a los bienes acumulados, son las subastas online de vehículos, embarcaciones, joyas o relojes, un modelo que idearon tras el parón que supuso la pandemia. “Estamos muy contentos con estas experiencias”, explica el delegado.

Alrededor de un 60% del dinero del fondo se dedica a prevenir el consumo de drogas, financiando programas de comunidades autónomas, ayuntamientos u ONG. Entre un 30% y 35% se destina a ayudar a la persecución del narcotráfico, con partidas para la mejora de equipamientos de la Policía, la Guardia Civil o el Servicio de Vigilancia Aduanera o para la financiación del transporte y la destrucción de la droga. Un 5% va a la gestión del fondo: para abonar el coste de subastas, pagos a las comunidades de propietarios de los bienes intervenidos, o para los depósitos de esos vehículos o maquinarias.

Enajenar esos bienes lleva muchos trámites, incluso cuando hay sentencia firme. Hay casos en los que el fondo renuncia a ellos porque no les pueden sacar beneficio, por ejemplo, un vehículo cuyo depósito cuesta más que el valor del coche, y otros, como los móviles, que son más de la mitad de los objetos intervenidos, que terminan destruyéndose por protección de datos. En 2023, abandonaron 46 embarcaciones porque no tenían valor económico y se mandaron destruir. La distribución geográfica de los decomisos no es uniforme. Andalucía es la comunidad con mayor número, 18.535 entre 1996 y 2023, seguida de la Comunidad de Madrid (6.935) y Comunidad Valenciana (2.951). Cataluña y Canarias les siguen con 2.600 aproximadamente.

Para el reparto del fondo se sientan en una mesa de coordinación los representantes de los ministerios de Interior, Justicia o Hacienda, además de los del Plan Nacional sobre Drogas. Cada cual expone sus necesidades y acuerdan una distribución en la que también entran en juego las comunidades, que reciben transferencias presupuestarias, y corporaciones locales o entidades privadas sin fines de lucro. En 2023 se destinaron 16,5 millones a reducción de la demanda y casi 10 millones al control de la oferta, es decir, a la persecución del narcotráfico.

Andalucía, por ejemplo, recibió medio millón de euros para mantener centros de encuentro y acogida para consumidores en riesgo de exclusión. En Castilla y León se dedicaron otros 424.000 a integración social y laboral de drogodependientes. Organizaciones como la Fundación Salud y Comunidad sufragan con 72.000 euros de esos fondos un programa llamado En plenas facultades, creado hace 25 años, con el que forman a universitarios para que asesoren a sus compañeros sobre drogas y sexualidad. “Tienen dos objetivos posibles: uno, intentar fomentar el mínimo consumo posible, o el no consumo; y otro, que en caso de consumir, reduzcamos los riesgos y los daños que puede ocasionar”, explica Otger Amatller, coordinador del departamento de prevención de esta fundación. La actividad se organiza en 11 universidades en seis comunidades (Madrid, Euskadi, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia). Forman a 20-25 alumnos por cada universidad durante 25 horas, por lo que reciben un crédito para sus estudios, y luego les acompañan en acciones en el campus, en forma de juegos o dinámicas. “Trabajan el consumo de alcohol en fiestas, a veces sexualidad y drogas”, detalla Amatller.

En la lucha para erradicar la oferta, el Ministerio del Interior se lleva las mayores asignaciones para materiales que necesitan Policía y Guardia Civil, como sistemas de informática, telecomunicaciones, o para la financiación del transporte y la destrucción de la droga, de la que se encargan en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). El dinero también sirve para sufragar acuerdos de colaboración entre ministerios que permiten, por ejemplo, el abordaje de un pesquero cargado de cocaína con un buque de Defensa o la compra de material que detecte la entrada de droga en centros penitenciarios. En los últimos años, se ha destinado a financiar parcialmente la compra de un helicóptero y de patrulleras del Servicio de Vigilancia Aduanera, o para sufragar reuniones de los fiscales españoles antidroga con sus homólogos iberoamericanos. De esta forma, y de otras muchas, parte del dinero o los bienes que se intervinieron en una operación policial contra el narco terminan facilitando que se organice la siguiente.