La situación económica de las universidades públicas madrileñas es crítica. Los presupuestos que ha presentado el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) son insuficientes para mantenerlas. Este desequilibrio presupuestario se debe a que el incremento desde 2012 ni siquiera ha compensado la subida de la inflación en este periodo; se ha producido, por tanto, una disminución del presupuesto en términos reales (es decir, teniendo en cuenta la subida de los precios). Resulta llamativo que la CAM sea la región que menor gasto dedica por estudiante, unos 1.400 euros menos que la media española, siendo la de mayor renta de España. También hay que señalar que el gasto por estudiante en España es menor que la media de la UE25 y de la OCDE, con lo que estar a la cola de España arroja, para Madrid, una muy pobre comparativa internacional.
Uno de los problemas a los que estamos haciendo frente en la CAM desde hace tiempo es que la universidad pública es incapaz de absorber la demanda de plazas en determinadas áreas, lo que presiona al alza las notas de corte. En algunos grados este proceso ha conducido a que dichas notas que permiten el acceso a cursar los estudios sean demasiado altas; estamos hablando de notas por encima de 12 o 13 puntos (sobre un total de 14). Los estudiantes que no consiguen acceder a lo que desean cursar, si cuentan con los recursos suficientes, pueden matricularse en los estudios de su elección en las universidades privadas (no en todas, puesto que las universidades privadas más consolidadas sí tienen la capacidad de seleccionar a sus estudiantes por su expediente académico). Tanto las universidades privadas como el porcentaje de estudiantes matriculados en ellas no han dejado de aumentar en los últimos años. Dado el alto precio de los centros privados, el perfil socioeconómico de los estudiantes de ambos tipos de universidades es diferente, acogiendo las públicas a un estudiantado más heterogéneo. Según datos oficiales, para el conjunto de España, más del 56% de los estudiantes de centros públicos cuentan con progenitores con ocupaciones medias y bajas, frente al 57% de los de centros privados que tiene al menos un progenitor con ocupación alta.
Estamos, por tanto, asistiendo en la CAM a la reorientación de un modelo de universidad esencialmente público, que hasta hace relativamente poco convivía con un sector privado minoritario y estable, hacia un modelo mixto en el que las universidades públicas han ido perdiendo terreno frente a las privadas. Actualmente, en la región madrileña el porcentaje de estudiantes en universidades privadas alcanza casi un tercio en grado y la mitad en máster. Esta transformación no parece, sin embargo, ser el resultado de un cambio de las preferencias de las familias, sino más bien consecuencia de la escasez de oferta pública en algunas áreas en las que precisamente se basa el modelo de crecimiento del sector privado. La fórmula utilizada para dicha reorientación no es nueva: desinvertir en el sector público y fomentar el sector privado. Ya se ha aplicado en otros sectores como la sanidad, y, dentro del mismo sector educativo, en los niveles no universitarios.
Cuanto mayor sea el porcentaje de estudiantes en la universidad privada, más presión habrá para que se alivie la carga económica que están asumiendo
Algunas de las consecuencias más inmediatas de esta reorientación son: el deterioro de la calidad de la universidad pública, no solo en docencia, sino en investigación y transferencia del conocimiento también; el aumento de la desigualdad de oportunidades educativas, puesto que la mayoría de las familias no pueden acceder a la universidad privada; el surgimiento de algunas universidades privadas de una calidad más que cuestionable, con poca exigencia docente e investigación; y el elevado volumen de recursos que muchas familias madrileñas están dedicando a la educación universitaria privada de sus hijos, cuando preferirían llevar a sus hijos a la universidad pública.
A medio y largo plazo la situación es todavía más preocupante. Se está gestando una Ley de Universidades en la CAM que pretende que las universidades públicas obtengan al menos un 30% de sus ingresos por vías diferentes a las transferencias públicas, formalizando de esta manera su infrafinanciación. De hecho, Madrid es la región en la que más cuesta asistir a la universidad pública, más de 400 euros por estudiante y año por encima de la media nacional. Asimismo, en dicha ley se plantea reconocer expresamente el papel de las universidades privadas como prestadoras del servicio público de educación superior. Esta denominación puede posibilitar la financiación de la universidad privada por parte del sector público, algo que ya existe en niveles educativos inferiores, a través de conciertos educativos o de ayudas directas a los estudiantes de los centros privados.
Existe, en mi opinión, un riesgo serio de que se exporte este sistema de financiación a la universidad. Hay que ser consciente de que cuanto mayor sea el porcentaje de estudiantes en la universidad privada, más presión habrá para que se alivie la carga económica que están asumiendo, y que una vez que se implanta un nuevo modelo de financiación no es fácil de revertir, como hemos visto que sucede en otros ámbitos como la sanidad o la educación no universitaria.