En la Universidad de Málaga (UMA) hay departamentos que solo tienen autorización para hacer fotocopias de los exámenes. Ya no hay dinero para recibir a profesores invitados, organizar conferencias, preparar actividades o acudir a congresos. “Todo se ha restringido muchísimo”, explica un docente. La institución se ajustó el cinturón la pasada primavera debido a la deuda acumulada, que alcanza los 27 millones, a la que se suman otros gastos de ejercicios anteriores de 17 millones aún sin pagar. Ahora la Junta de Andalucía aprieta un poco más como condición para prestar 48,5 millones de euros al 1% de interés con el objetivo de garantizar la actividad educativa y pagar a los proveedores. De manera paralela al ahorro, los responsables de la universidad buscan nuevas formas de ingresos a través de licitaciones y se plantean hasta explotar un aparcamiento cercano al aeropuerto.
Con algo más de 30.000 estudiantes, 78 grados y dobles grados, 80 másteres y dobles títulos de máster universitario, la Universidad de Málaga ha sido tradicionalmente una entidad saneada. Aunque discreta en su relevancia internacional —es la número 524 del ranking de Shangái, la 18 entre las españolas— ha sido uno de los principales motores de la provincia de Málaga y mantiene una importante labor investigadora, además de destacar en áreas como las ingenierías, el turismo o la ciberseguridad gracias en parte al impulso de Google. Hace un año celebró elecciones y eligió como nuevo rector a Teodomiro López, catedrático de Química que había ocupado el puesto de Vicerrector de Investigación y Transferencia desde 2016. Tras mudarse de sillón y analizar la situación de la universidad, saltaron las alarmas: la situación económica era peor de la esperada. Tanto, que había 27 millones de deuda a los que se sumaban otros 17 millones correspondientes a gatos de otros ejercicios no imputados al presupuesto.
El nuevo equipo de gobierno decidió realizar un fuerte plan de ajuste desde el día siguiente. Lo hizo en energía —donde han ahorrado tres millones— y otros muchos aspectos hasta llegar a 14,5 millones de ahorro. Pero ha sido por ahora insuficiente. Más aún después de que se redujese en otros 14 millones el presupuesto para 2024. Y de que para 2025 las esperanzas de mejora no sean demasiadas por la “merma de recursos” que sufren todas las universidades públicas andaluzas mientras crece el apoyo a las privadas, como denunció hace unas semanas Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía. La Junta de Andalucía insiste en que nunca antes había dedicado tanto dinero a las universidades andaluzas, pero en el caso de la institución malagueña el peso de la financiación en la comunidad ha caído de un 15,1% a un 13,8% desde 2012. Eso significa que la institución debería haber contado con una media de 18 millones más al año. Con ellos, a situación económica sería “muy distinta” a la actual, como recoge un documento del Consejo de Gobierno universitario que repasa la situación de la entidad y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Gastos sin autorización
La situación es “extremadamente delicada”, según dicho informe, que destaca que los ajustes hasta ahora “se han mostrado aún insuficientes”. Para evitar males mayores, el pasado 2 de diciembre la Junta de Andalucía anunció un préstamo de 48,5 millones de euros a la UMA con dos principales objetivos: “Garantizar los servicios a la comunidad universitaria y pagar a los proveedores”, según informó en un comunicado la administración andaluza. Con tres años de carencia y un interés fijo al 1% anual, el dinero deberá ser devuelto en un máximo de 21 años. La operación ha sido presentada como salvadora para que la universidad “siga cumpliendo su función”, según dijo el consejero Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. El mantra aquel día fue subrayar que las nóminas están aseguradas para tranquilizar al personal.
Mientras, la administración echa balones fuera sobre los recortes o la infrafinanciación. A cambio, señala al anterior rector, José Ángel Narváez, quitando también responsabilidad al actual equipo de gobierno. Según fuentes de la consejería la universidad, bajo el mandato de Narváez —y con Teodomiro López como vicerrector— la universidad malagueña gastó entre 2019 y 2023 hasta 74 millones más de lo autorizado por Hacienda. “Se metieron en más inversiones de las que podían y, además de gastar remanentes sin autorización, entraron en déficit estructural”, añaden las mismas fuentes. Ahí señalan las obras de la nueva facultad de Psicología o el flamante Pabellón de Gobierno, ya en marcha, mientras que otras obras, como las de la nueva facultad de Turismo están paralizadas —la constructora, Acciona, demandó a la universidad por impago— y la reforma y ampliación de Filosofía y letras. Ambas serán acabadas gracias al préstamo público recibido. “La universidad tiene que seguir adelante”, dijo hace una semana la consejera de Hacienda, Carolina España.
Todas las obras se iniciaron antes de la pandemia, que trastocó, y mucho, los ingresos como ocurrió en todos los sectores. Más aún cuando la Junta de Andalucía pidió aquel año a la UMA que aportase 36 millones para el Fondo de Emergencia Social y Económica contra la covid-19. En una entrevista en SUR, la gerente de la universidad, Rosario Gómez, lo denominó “un recorte en toda regla”. Y, aunque la Junta asegura que se les pagó al liquidar la deuda que tenían, en la universidad no lo ven así. Es más, recuerdan que ese dinero lo tenían para los pagar los nuevos edificios y se quedaron sin él. “La Junta de Andalucía está intentando estrangular a las universidades públicas andaluzas para que no tengan recursos”, explicaba hace unos días Antonio Sánchez, responsable de Comisiones Obreras en la universidad. “¿Es en realidad un derroche como critica la Junta o es que nos están ahogando con menos financiación?”, se preguntan fuentes universitarias, que miran de reojo lo que ocurre en otras comunidades como Madrid.
“Economía de guerra”
Ahora, la institución pública ha establecido su estrategia para recortar 20 millones de euros en los próximos tres años. La idea es no tocar las nóminas de una plantilla con baja temporalidad —cerca del 80% tiene contrato estable— pero sí reducir la tasa de reposición del personal, lo que supone, por ejemplo, que pocas jubilaciones se cubrirán. Ello ha generado también incertidumbre entre el profesorado ante la falta de promociones intentas. Unos 60 catedráticos reconocidos durante 2024 por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación denuncian que sus plazas, que deberían haber sido actividades de manera automática, no han sido convocadas ni se prevé que ello ocurra. Solo llegarán más docentes a través de iniciativas como el programa María Goyri impulsado por el Gobierno central.
Sin presupuestos aún para 2025, este año el cinturón se apretará más. Se reducirán gastos corrientes como suministros o dietas y se racionalizará el gasto en diferentes áreas de gestión. “Pura economía de guerra”, lamentan algunos docentes consultados. De forma paralela, se prevé un “importante plan de ahorro energético” y la búsqueda de nuevos ingresos. Ahí destacan el canon de la residencia de estudiantes Alberto Jiménez Freud —cuya licitación se renovará en 2026— y el que tendrá otro alojamiento que se prevé construir. También se espera obtener rentas de dos edificios propios que hasta ahora estaban cedidos sin alquiler a cambio: uno en El Palo donde la Junta de Andalucía ubicó un centro de salud temporal y otro en Martiricos, prestado a Vodafone sin contraprestación económica. Además, la universidad explotará con espectáculos culturales el nuevo Paraninfo y espera licitar una finca cercana al aeropuerto para que sea utilizada como aparcamiento.