El choque entre Elon Musk y varios líderes políticos de la UE tiene mucho de inédito. El enfrentamiento con el mayor multimillonario del planeta supone todo un desafío para la propia legislación europea. El empresario tecnológico está amparado por la libertad de expresión. Nadie duda que pueda opinar y decir lo que piensa en público. La propia Comisión Europea lo dejó claro este lunes. Pero la red social X, de la que es propietario, está sujeta al reglamento de servicios digitales. Y, por último, el agitador de ultraderecha y empresario es al mismo tiempo un hombre a punto de entrar en el Gobierno de la primera potencia mundial. Esta mezcla de funciones de Musk, unida a su respaldo a las fuerzas ultras en media Europa, ha servido para que líderes como el alemán Olaf Scholz, el francés Emmanuel Macron o el británico Keir Starmer carguen contra él por injerencia extranjera.
En teoría, la separación jurídica entre todos estos roles del hombre que se ha convertido en el principal apoyo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, parece clara. Pero la situación se complica cuando se observa con más detenimiento. Ricard González, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de València, recuerda que el reglamento (DSA, por sus siglas europeas) exige a las empresas que superan los 45 millones de usuarios “obligaciones de diligencia”. Entre ellas, la principal es la transparencia de sus algoritmos, el análisis de los riesgos sociales y cívicos, también electorales, de las decisiones que adoptan sus directivos. Además, tiene que haber una moderación objetiva de sus contenidos. Y aquí es donde comienza a complicarse la situación: el principal accionista de la red social, de nuevo Musk, es a su vez “un usuario cualificado de gran capilaridad”, con 212 millones de seguidores, y la propia empresa debe cumplir sus obligaciones respecto a ese usuario, que en los últimos tiempos se ha dedicado a publicar tuits de forma compulsiva, muchas veces esparciendo mentiras fácilmente desmontables.
Otro elemento al que apunta González, antiguo miembro de la Agencia Española de Protección de Datos, es que, con sus pronunciamientos tan claros, el accionista mayoritario de X “se define con un posicionamiento editorial, lo que le hace abandonar por completo cualquier escenario de neutralidad”.
Tampoco es medir hasta qué punto se puede hablar de injerencia extranjera, como han hecho varios políticos europeos. La última en hacerlo ha sido la presidenta del grupo liberal en el Parlamento Europeo, Valerie Hayer. “La UE no puede permanecer ingenua o ciega ante la determinación de Musk de usar X para interferir en los asuntos democráticos de los Estados miembros, respaldando a la ultraderecha”, ha señalado la política francesa. Hay expertos que no tienen tan claro que se pueda hablar de injerencia. “En principio, diría que no se puede, porque las redes sociales per se no tienen fronteras. El tema es también dónde está el límite”, apunta Cecilia Danesi, directora del máster en gobernanza ética de inteligencia artificial de Universidad Pontificia de Salamanca, sin acabar de dar una opinión contundente.
No es que las redes sociales se hayan caracterizado hasta ahora por su neutralidad. Lo subraya la propia Danesi: “Siempre han tenido ideología”. Lo nuevo —y el agravante, añade— “es la figura intervencionista” de Musk en este caso, quien además destaca que el empresario de origen sudafricano suele “duplicar la apuesta” en sus respuestas.
Tampoco es que las plataformas digitales sean especialmente diligentes con la ley. Redes como TikTok, Temu, Meta o Instagram ya tienen procedimientos abiertos. Pero, como señalan fuentes europeas, no hay precedentes de propietarios de redes sociales con posiciones tan definidas y con tantos roles mezclados, y de las implicaciones legales que esto puede tener. Esto supone de alguna forma entrar en terreno “inexplorado”.
Y no porque Bruselas no haya abierto expedientes contra X hasta ahora. De hecho, la Comisión Europea ya ha concluido que X incumple las normas europeas que ordenan el tráfico en el universo digital, recuerda el propio Ejecutivo comunitario, “incluyendo cómo la plataforma maneja los riesgos para el discurso cívico y los procesos electorales”.
Pero esas son unas conclusiones preliminares, no definitivas, y no están vinculadas a los últimos movimientos de su propietario. La empresa ya ha presentado sus alegaciones, aunque los portavoces oficiales de la Comisión apunten a la vía electoral. Los hechos concretos que se señalan en el pliego apuntan a tres elementos de incumplimiento.
El primero es la famosa etiqueta azul de la que disponen algunos usuarios de X. Los servicios técnicos de la Comisión creen que induce a error al transmitir una señal de credibilidad que, en realidad, se consigue pagando. Tampoco sería transparente con la publicidad ni facilitaría a los investigadores el acceso a los datos, tal y como reclama la normativa europea.
Antes de lanzar esta acusación, Bruselas había pedido explicaciones a la empresa tecnológica por haber prescindido de buena parte de sus verificadores de datos e información por haber eliminado este servicio de control de noticias falsas en cuatro lenguas europeas, reduciéndolo a siete.
No hay una decisión tomada sobre este asunto. La empresa ya presentó sus alegaciones. Pero si no convencen a la Comisión Europea, la multa puede llegar hasta el 6% de su facturación anual, es decir, unos 190 millones de euros, según los ingresos que la empresa tuvo en 2023. Podría llegar incluso a suspender su actividad, pero antes de llegar a este punto X debería incumplir las órdenes previas de Bruselas y sería necesaria una autorización judicial.
En cualquier caso, ese paso requeriría tiempo. Esto es lo que lleva al profesor de derecho constitucional a plantear que las normas deberían ser más proactivas. Recuerda, por ejemplo, que hubo que “redactar el reglamento de protección de datos después de asuntos como el del derecho al olvido, el caso Cambridge Analítica”. De alguna forma, González reclama que la UE —o los Estados miembros— puedan actuar de forma más diligente cuando se encuentren “razones sólidas y fundadas de interferencia en un proceso democrático”.