El servicio público de hemodiálisis, vital para los pacientes con insuficiencia renal, está en manos de operadores privados que se impusieron en un concurso público licitado por la Generalitat. En un reciente informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas, el organismo fiscalizador denuncia “hechos que podrían constituir indicios de comportamiento colusorio”, una supuesta connivencia entre las adjudicatarias que podría suponer prácticas anticompetitivas y que deja en entredicho el coste que paga por cada servicio el Departamento de Salud a través del CatSalut. “Las irregularidades descritas podrían dar lugar a hechos perseguibles administrativamente y judicialmente”, señala el informe en referencia a las empresas y a los responsables de la decisión en el seno de la Generalitat.
La Sindicatura centra esa acusación sobre el servicio extrahospitalario de hemodiálisis ambulatoria, para la que se licitaron 16 lotes en toda Cataluña. Fue una licitación de 10 años por un importe de 1.142 millones de euros en el que los grandes beneficiados (lograron 14 paquetes territoriales) fueron los gigantes Fresenius y Diaverum. “Existen diversos factores que denotan una falta de competencia entre las empresas participantes”, dice el informe, que señala que el resultado del concurso fue similar al anterior, convocado en 2006. Uno de los argumentos es el siguiente: “La distribución geográfica de la adjudicación de los lotes sugiere un posible reparto geográfico del mercado entre las 4 empresas adjudicatarias (Sistemas Renales, Gestión Sanitaria y Asistencial de Tortosa, Fresenius y Diaverum)”. Pero también afirma que las prácticas monopolísticas podrían explicarse por un “posible acuerdo en la fijación de precio y la falta de rotación de ofertas”. En resumen, a falta de lo que señalen informes posteriores: “Se apropiaban de un beneficio extraordinario ilícito que perjudica a la Administración contratante”.
La Sindicatura acaba de firmar un acuerdo con la Autoridad Catalana de Competencia, según el cual tendría que remitirle su informe para que la ACCO realice sus propias pesquisas.
El concurso data de 2014 y se efectuó a través de un procedimiento negociado con empresas especializadas sin publicidad, pese a ser obligada según la ley en vigor entonces. El coste de cada servicio, señalan los síndicos que han elaborado el informe, no se fijó a través de ninguna muestra o un estudio de costes. Y, pese a las recomendaciones de utilizar técnicas domiciliarias por organismos diversos, la diálisis peritoneal está siendo infrautilizada, por debajo del 9% del total de los casos en 2022 (y con grandes diferencias según territorios). Según la Sindicatura, esta tiene además un coste inferior, de unos 29.724 euros, frente a los 47.744 euros de hemodiálisis extrahospitalaria y los 42.461 euros de la hospitalaria.
“Los hospitales que prestan técnicas domiciliarias tienen dificultades de financiación de estas técnicas porque las tarifas que satisface el CatSalut son menores en el caso de la diálisis peritoneal respecto a la hemodiálisis convencional e insuficientes por cubrir sus costes en el caso de la hemodiálisis domiciliaria”, señala la Sindicatura, que en otro punto de sus conclusiones señala un ejemplo de la discrecionalidad con la que se actúa: “El centro de diálisis que ha facturado menos sesiones de diálisis extrahospitalaria, el centro de Braun en Martorell, tiene el precio más competitivo”.
El informe de la Sindicatura de Cuentas deja clara desde un principio la relevancia de los tratamientos de insuficiencia renal crónica: porque se trata de una necesidad vital para los enfermos, por cómo afecta en la calidad de los pacientes y, también, por el alto coste que representa para la sanidad pública, entre los más caros de las enfermedades crónicas. En 2022 se saldó con un coste total de 139,5 millones de euros (22 millones más de lo previsto inicialmente). Es por ello que el organismo fiscalizador decidió realizar un informe sobre el servicio en 2022, teniendo en cuenta a varios actores vinculados: además del Catsalut, la Sociedad Catalana de Nefrología, los profesionales y las asociaciones de usuarios.
Su conclusión es que el plan sobre el que se presta el servicio es “obsoleto” y que, pese haber aumentado las necesidades, no se ha actualizado la actividad contratada. Las consecuencias: diez centros superaron la actividad contratada por un importe de 8,4 millones sin que se produjera ninguna modificación de contrato. Asimismo, el ente fiscalizador arremete contra la falta, por parte del Catsalut, de un circuito automatizado que asegure los servicios prestados señalados por los operadores: “El nombre de sesiones facturadas por los proveedores puede no ser real”. La Sindicatura detectó 31.574 registros de facturas potencialmente duplicadas por un volumen de 4,3 millones, aunque el CatSalut alegó que algunas de esas facturas ya había sido identificadas y descontadas a los proveedores.
La falta de monitorización es similar en el caso de la calidad del servicio, en la que el CatSalut no controla los tiempos de viajes y el tiempo de espera en los centros de diálisis. Un 10% de los pacientes supera las 7,4 horas entre que sale y llega a su domicilio tras el tratamiento.