La mayoría que invistió a Pedro Sánchez escondía una pinza: por la punta derecha, Junts multiplica sus amenazas; por la izquierda, Podemos acrecienta la presión con sus escasos pero decisivos cuatro votos. Y entre uno y otro, el Gobierno se ha visto abocado a otra semana de incertidumbre parlamentaria. De momento, los partidos del Ejecutivo, con mayoría en la Mesa del Congreso, han preferido ganar tiempo y demorar la decisión sobre si permiten el debate de la propuesta de Junts que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. El peligro inminente reside ahora en la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que el ministro Félix Bolaños presentó en su día como “la mayor reforma en décadas” de ese sector de la Administración y que Podemos amenaza con tumbar este jueves, cuando la Cámara vote su aprobación definitiva.
Representantes de los grupos que sostienen al Gobierno abandonaban este martes la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso entre bromas sobre lo que había sucedido dentro. “¡Que se besen!, ¡que se besen! ¡El PP defendiendo a Junts!”, se reía un socialista. A primera hora de la mañana, la Mesa había decidido aplazar la decisión sobre si tramitaba la proposición no de ley (PNL) del partido de Carles Puigdemont que algunos interpretan como una cuestión de confianza encubierta. Luego, cuando la reunión se amplió a los portavoces de los grupos, el de Junts, Josep Maria Cruset, guardó silencio a propósito del retraso en permitir su iniciativa. Fue entonces el popular Miguel Tellado quien tomó la palabra para pedir explicaciones por no haber tramitado la PNL, según relataron varios de los asistentes. Los miembros del PP en la Mesa (en la que no está Junts) ya se habían manifestado antes a favor de dar luz verde a la propuesta independentista frente al criterio de la mayoría, PSOE y Sumar.
El Gobierno ha tratado de convencer a Junts de que al menos reformule su iniciativa, uno de los elementos de presión que anunció la pasada semana Puigdemont en Bruselas. Las PNL carecen de cualquier valor jurídico y no son vinculantes para el Ejecutivo, pero de prosperar tal declaración del Congreso instando a Sánchez a poner a prueba la confianza de la Cámara (una prerrogativa exclusiva del presidente) se interpretaría por la oposición como la evidencia de que la coalición progresista se ha quedado sin mayoría. PP y Vox ya han dado a entender que la apoyarían, aunque parta de un grupo político al que han dedicado descalificaciones de toda índole.
Con este panorama, la Mesa, amparándose en que los letrados de la Cámara no se han pronunciado de forma concluyente sobre si debe tramitarse una iniciativa como esa (una especie de censura encubierta de la que no hay precedentes) decidió tomarse un tiempo para estudiar la cuestión. Mientras tanto, proseguirán las arduas negociaciones con Junts con la esperanza de acabar enfriando el asunto.
En estas aguas turbulentas, el PP ha visto una oportunidad de pesca. Los gestos de Tellado hacia la formación de Puigdemont no se limitaron al entorno discreto de la Junta de Portavoces. Más tarde, en la sala de prensa del Congreso, insistió: “Ya les decíamos que Sánchez no es de fiar y si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido sea”. El portavoz popular también reconoció conversaciones con los independentistas para introducir rebajas fiscales en el paquete de reformas aprobado inicialmente hace un mes y que este jueves debe recibir el visto bueno definitivo tras su paso por el Senado el martes. Los populares respaldaron en esa Cámara dos enmiendas de Junts, una de ellas, que recorta hasta el 4% el IVA de los yogures, con el voto en contra del PSOE.
Los socialistas trataron de tomarse con humor estos movimientos. “Me sorprende esta declaración de amor a quienes antes eran delincuentes y golpistas”, ironizó su portavoz, Patxi López. La de Vox, Pepa Millán, también cargó contra el PP por “legitimar a los independentistas”. Pero a la vez, su secretario general, Ignacio Garriga, se declaró dispuesto a participar de una moción de censura junto al PP y los de Puigdemont siempre que no suponga “concesiones” a estos.
Belarra también amenaza
Cuando la escaramuza con Junts parecía temporalmente sofocada, apareció Podemos. Siguiendo la estrategia que mantiene desde hace meses para presionar al Gobierno “hacia la izquierda”, lanzó un nuevo órdago. El partido de Ione Belarra amenazó con tumbar este jueves la ley estrella de Bolaños, que vuelve al Congreso tras su rechazo por la mayoría del PP en el Senado. La norma ha incorporado enmiendas que no tienen nada que ver con la materia que regula, como la eliminación de las golden visa —los permisos de residencia a extranjeros vinculados a inversiones inmobiliarias— o una propuesta del PNV que modifica la ley de enjuiciamiento criminal para que los delitos de usurpación y allanamiento de morada se tramiten en juicios rápidos. Podemos denuncia que este cambio permite los “desahucios exprés” ―los detenidos por ambos delitos serían juzgados en un plazo máximo de 15 días― y exige al PSOE que se comprometa a revertir la medida como condición para levantar el veto impuesto por el Senado. En su día, esa enmienda del PNV salió adelante con el rechazo del PSOE y Sumar, pero el apoyo por error de ERC y EH Bildu.
“Si el Gobierno quiere levantar el veto, tiene que acordar con Podemos una hoja legislativa para ello”, reclamó el diputado Javier Sánchez Serna, que dijo desconfiar de una mera promesa de los socialistas. Fuentes del PNV, sin embargo, denunciaron que los de Belarra “vuelven a tratar de confundir a la ciudadanía” y argumentan que su enmienda “va sobre okupación, no sobre desahucios”. “No va de echar a la gente de su casa: va de sacar cuanto antes de tu casa a quien te la okupa”, subrayaron. La tensión entre ambos socios del Gobierno se trasladó al hemiciclo, con intercambio de ásperos reproches entre Belarra y la peneuvista Maribel Vaquero.
Belarra negocia ahora con Bolaños una solución, que podría ser modificando lo introducido por el PNV mediante otra proposición de ley o dentro de un real decreto que promulgue el Gobierno sobre otros asuntos. Pero en este último caso, se arriesga a perder el apoyo del grupo vasco, que ha advertido que no volverá a respaldar decretos de contenido heterogéneo. Si no hay acuerdo y Podemos cumple su amenaza de dejar caer la norma, el Congreso debe intentar una segunda votación dos meses después, tal y como establece el reglamento.