El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) valida la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA), frente a la demanda en contra presentada por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). De nada ha servido que la Generalitat valenciana, inicialmente demandada, se apartara del litigio dando, de facto, la razón a la demandante. Para los magistrados, el campus alicantino ha presentado “todos los informes preceptivos” para la puesta en marcha de sus estudios de Medicina “y en sentido favorable”. También entienden que “el propio éxito de la convocatoria de plazas para el alumnado” durante los dos primeros cursos, ya iniciados, les “cerciora de la necesidad” de la nueva oferta académica y no supone “perjuicios o mermas de matriculaciones o de la calidad de la docencia en las enseñanzas que se cursan”. Contra la sentencia, que fue firmada el pasado 11 de diciembre, cabe recurso.
Culmina así, de momento, el primer litigio en el que una universidad pública denuncia la oferta formativa de otra. Un enfrentamiento que nace con la misma creación de la UMH en 1997, impulsada por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, a causa de su visceral enfrentamiento con el rector de la UA, Andrés Pedreño. El nuevo campus, con base en Elche, se hizo con los estudios de Medicina, en los que su rival académica había formado ya a 15 promociones de profesionales. Tras años de rencores enquistados, el anterior rector de la UA, Manuel Palomar, anunció en 2018 que iba a tratar de recuperar esta carrera, pero no lo consiguió hasta 2022, cuando la Generalitat de Ximo Puig dio el visto bueno definitivo. La UMH, que hasta entonces era la única universidad que impartía este grado en la provincia de Alicante, trató de dilatar el proceso, aunque un auto del TSJ se lo deniega. Su último intento de evitar la competencia formativa ha sido una demanda contra el decreto que autoriza el grado de Medicina en Alicante, representado por la UA y el Consell como partes demandadas.
Los argumentos que esgrime la entidad ilicitana, dirigida por el rector Juan José Ruiz, se resumen en que la documentación presentada por el campus rival tiene defectos de forma y que la UA carece de profesorado suficiente, de convenios con hospitales para realizar las prácticas del alumnado y del presupuesto necesario para poner en marcha este grado. Ninguna de las razones expuestas por la UMH ha convencido a los magistrados, que detallan que al entrar en vigor la disposición de la Generalitat que aprobó la impartición de medicina en la UA “el procedimiento de verificación del título ya había concluido con la emisión por parte del órgano competente, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación [ANECA]”, el organismo que evalúa la calidad del sistema universitario español. También subrayan que el Servicio de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte estimó “subsanadas las deficiencias detectadas en la documentación presentada” por la UA. Por último, indican que el proceso está avalado también por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVEP) y la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud.
De hecho, los magistrados recalcan las declaraciones de Pablo Lara, citado para este proceso cuando era presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina españolas, por iniciativa de la UMH. En principio, el exdecano de Medicina de la Universidad de Málaga había expuesto su rechazo a que se implantaran más grados de Medicina en España, pero en su testimonio, recogido en la sentencia, reconoció que no tenía “una opinión muy fundada” respecto al enfrentamiento entre los dos campus públicos alicantinos y acabó por resumir el sentido del fallo del TSJ: “Si la facultad de medicina de la Universidad de Alicante se admitió como miembro en la última Asamblea de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina españolas”, declaró, “ello fue debido a que cumplía con los requisitos de calidad, profesorado, infraestructuras, planes de docencia, recursos económicos, medios y hospitales o centros donde llevar a cabo prácticas, que son imprescindibles para que se apruebe la impartición de los nuevos estudios de medicina”.
El uso de profesorado procedente de otras ramas de las Ciencias de la Salud, la construcción del Aula de Anatomía con fondos del Estado y los convenios firmados con diferentes centros sanitarios de la provincia desdecían, a juicio de los magistrados, las acusaciones de la demandante, todo ello desgranado en la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Finalmente, la sala se centra en el que parece ser el principal campo de batalla de la cuestión, la posible pérdida de alumnos de Medicina por parte de la UMH. Dadas las informaciones recabadas sobre demanda de plazas, listas de espera de alumnos y notas de corte “altísimas” en ambos campus, el TSJ manifiesta que “quedan soslayados todos los temores mostrados de que una duplicación de las plazas ofertadas” suponga “perjuicios o mermas de matriculaciones o de la calidad de la docencia en las enseñanzas que se cursan” en Elche.
La sentencia difundida hoy alcanza especial relevancia después de que, el pasado mes de agosto, el consejero de Educación del actual Consell, José Antonio Rovira, anunciara que su gabinete se allanaba de la demanda, un procedimiento legal por el que daba la razón a la UMH. Tanto Rovira como el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, protagonizaron desde ese momento una agria polémica con la rectora de la UA, Amparo Navarro, recién reelegida para el cargo, a la que trataron de imponer un campus conjunto de Ciencias de la Salud para el que no había proyecto ni presupuesto. Pero sí, según admitieron, una intención de que diera cabida a universidades privadas. Los magistrados señalan que las pruebas presentadas por la UA certifican “la escasa razón” del informe presentado por la Generalitat “para justificar su allanamiento al recurso interpuesto”, del que no comparten “ni los razonamientos ni las conclusiones” y del que dicen que, en su argumentación contra la viabilidad económica de la oferta formativa de la UA, se basa en “simples conjeturas y no afirmaciones sobre supuestos aumentos de costes”.