La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma Rojano, ha dictado este miércoles un auto por el que cita como investigado a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, y a otras ocho personas por las supuestas irregularidades en la contratación de aquel como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. La decisión de la jueza se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya remitido un informe que apunta a la existencia de “indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la administración pública” tras analizar los correos electrónicos enviados y recibidos en sus cuentas corporativas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022 por nueve personas, entre ellos David Sánchez y el presidente de la diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido citado ahora como investigado.
La investigación se puso en marcha después de una denuncia de Manos Limpias que ponía el foco en el hermano de Sánchez, que trabaja desde julio de 2017 —casi un año antes de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, pero cuando ya había recuperado la secretario general del PSOE tras vencer a Susana Díaz en las primarias del partido― en la orquesta del Conservatorio de Música de Badajoz, y coordina esa actividad en este organismo. El seudosindicato sustentaba su denuncia en informaciones publicadas en prensa en las que se aseguraba que David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior.
Tras la denuncia, la juez abrió diligencias de investigación el pasado 30 de mayo y pidió a la Diputación de Badajoz “toda la documentación relativa a la contratación laboral” de David Sánchez. También solicitó un informe sobre el proceso de selección para adjudicarle el puesto y “sus funciones esenciales y efectivo desempeño de las mismas, horario, salario y la existencia de autorización para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo”. El organismo remitió al juzgado esa documentación el pasado 14 de junio, pero la magistrada la consideró insuficiente.
Por ello, cuatro días después reclamó nuevos informes a la Diputación pacense para que, entre otras cuestiones, informara de la “localización física del despacho donde [el hermano del presidente] desarrolle sus funciones habitualmente”, si existía un sistema de control horario para el personal de alta dirección o por qué se cambió en 2021 la nomenclatura del puesto por el de “Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”. También reclamó conocer si los fondos del Programa Ópera Joven, del que supuestamente se encargaba David Sánchez, eran de origen “autonómico, estatal o europeo” , según se recoge en un auto. En esa misma resolución judicial, la magistrada encargó a la Agencia Tributaria y a la UCO que intervenir en la investigación.
La petición de la jueza de que fuera esta unidad de la Guardia Civil ―la misma que lo hace en el caso de Begoña Gómez― la que se hiciera cargo de las pesquisas lo justificaba por un informe que elaboró dentro del sumario del llamado caso Koldo, abierto en la Audiencia Nacional para investigar la supuesta corrupción en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos al inicio de la pandemia de 2020.
La magistrada ordenó el registro de la Diputación pacense, que se produjo el pasado 10 de julio. Entonces, los agentes de la Guardia Civil acudieron a su sede y volcaron los correos electrónico enviados y recibidos en sus cuentas corporativas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022 por nueve personas, entre ellos el presidente de la diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo; otros dos diputados de este partido y el hermano de Sánchez. Sin embargo, cuando procedieron al análisis del material, los investigadores descubrieron que se había producido “errores informáticos” que había provocado que en el material intervenido en la cuenta de David Sánchez existieran “espacios temporales amparados por la autorización judicial que no muestran contenido” por lo que pidieron a la magistrado autorización para volver a realizar su volcado. La jueza lo autorizó en dos ocasiones más. La primera, días después del primer registro. La segunda, a finales de septiembre.
El auto por el que se ordenaba esta diligencia fue recurrido por el hermano del presidente y otros de las personas de los que se intervinieron correos electrónicos al considerar que se estaba impulsando contra ellos una investigación prospectiva (consistente en investigar para ver si se encuentra algún indicio de delito, en lugar de centrar las pesquisas en hechos concretos), algo prohibido por ley, y que con ello se vulneraba sus derechos. Sin embargo, la magistrada primero y posteriormente la Audiencia Provincial de Badajoz desestimaron cada una en tres ocasiones los recursos y avalaron las pesquisas. En la causa están personadas como acusación, además de Manos Limpias, los grupos Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum y Vox.