Agricultores y ganaderos de las dos organizaciones mayoritarias en el sector, Asaja y COAG, se manifiestan este lunes en Madrid, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con una amplia tabla reivindicativa que plantea mejorar la rentabilidad de la actividad del campo y asegurar la viabilidad de las explotaciones agrarias. Además, el sector rechaza al reciente acuerdo del 6 de diciembre suscrito entre la Unión Europea y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) para el establecimiento de la mayor área de libre comercio del mundo que ahora debe ser ratificado por el Consejo Europeo y por el Parlamento.
El sector teme que la rebaja progresiva de los aranceles pueda suponer una autopista de entrada de productos agrarios a menores precios y se pregunta si esos productos cumplen los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Además, reclaman viejas demandas, como medidas para reducir los altos costes de producción, los bajos precios pagados en el campo, el funcionamiento de la cadena alimentaria donde se deben garantizar unos precios que cubran los costes, una política de seguros donde la solución a las cuentas de las aseguradoras por la alta siniestralidad no sea solo aumento de primas y rebaja de coberturas.
Los acuerdos de la UE con terceros países, en unos casos por razones geopolíticas, pero fundamentalmente con motivos económicos de fondo, constituyen uno de los ejes de la política comunitaria donde, en muchos casos, los intereses de los agricultores y ganaderos se subordinan a los de la industria. Las exportaciones de coches u otros productos industriales a terceros países han sido y se mantienen como monedas de cambio para la entrada en los mercados comunitarios de materias primas como soja, cereales o carnes de vacuno o avicultura con unos volúmenes y, sobre todo, con unos precios que perjudican a la oferta comunitaria.
Esto es así porque conllevan unos costes más elevados por tener que cumplir las reglas mínimas sobre bienestar animal, sostenibilidad medioambiental o respeto de los derechos de los trabajadores, según las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Además, la entrada de esas materias primas plantea en muchos casos dudas sobre la calidad y seguridad alimentaria ante las menores exigencias en el uso de productos fito o zoosanitarios.
La UE y Mercosur suman un volumen de casi 800 millones de consumidores, de los que 450 corresponden a la UE, lo que supone un volumen de operaciones en el comercio exterior de unos 110.000 millones de euros anuales. De ese volumen, unos 58.000 millones corresponden a venta de los países de la UE a Mercosur, especialmente en automoción y farmacia. A su vez, las importaciones de la UE se sitúan en 54.000 millones, sobre todo de productos agrarios y alimentarios. Destacan las 99.000 toneladas de vacuno, 180.000 toneladas de carne de aves, 30.000 de porcino, 180.00 toneladas de azúcar, 450.000 de etanol, 50.000 de arroz, 30.000 toneladas de quesos o 45.000 toneladas de miel y frutas de hueso.
En el eje de la creación de ese espacio de libre comercio se halla el progresivo desmantelamiento de las políticas arancelarias en la próxima década para apoyar la actividad de las empresas, lo que supondría para las mismas el ahorro de unos 4.000 millones de euros, pero un riesgo para el sector agrario.
Desde la parte comunitaria, las propuestas de liberalización contemplan una eliminación gradual de los aranceles en el entorno del 90% para las exportaciones de la UE a los países de Mercosur, porcentaje similar a la propuesta para las exportaciones desde Mercosur a los países comunitarios. Entre las reducciones arancelarias planteadas por la UE destaca la referida a los vinos, aceite y frutas, además de contemplar que Mercosur reconozca a las más de 300 denominaciones de calidad de la UE.
En este contexto, el progresivo desmantelamiento arancelario plantea nuevas oportunidades para el comercio, pero a la vez, también debilidades, lo que obliga a la necesidad de otros debates sobre cuestiones como las cláusulas de salvaguarda u otras medidas de protección en aras de un equilibrio de intereses en unos mercados con grandes diferencias de costes y donde también deben contar otros aspectos sobre las exigencias de calidad.
Francia es el país que se ha manifestado más radicalmente en contra por el temor al impacto de las importaciones agrarias y alimentarais, junto a otros como Polonia, Países Bajos, Austria o Irlanda, mientras es asumido como positivo por otros como Alemania o España.