La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no ha hallado en los teléfonos móviles y el ordenador del fiscal general del Estado ninguna prueba sobre la filtración del correo electrónico vinculado por el que está investigado. El Tribunal Supremo ha levantado este jueves el secreto de sumario sobre el informe elaborado por la UCO con los datos obtenidos en el registro del despacho del fiscal general llevado a cabo el pasado 30 de octubre y, según ese documento, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes no han encontrado ningún mensaje enviado ni recibido por Álvaro García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el plazo fijado por el juez para el análisis de la Guardia Civil. Respecto al análisis de los correos electrónicos, el informe concluye que García Ortiz recibió a las 23.45 el correo supuestamente filtrado, en el que el abogado de Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal y pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía la comisión de dos delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía. La primera información sobre ese correo la dio la Cadena Ser a las 23.20 de ese día.
El juez del Supremo Ángel Hurtado investiga a García Ortiz y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. Nada más abrir la investigación, el instructor ordenó a la UCO registrar los despachos de ambos fiscales e intervenir todos sus dispositivos informáticos y telemáticos. En el caso del fiscal general, la operación se prolongó casi 11 horas, durante las cuales los agentes clonaron todo el contenido almacenado en sus ordenadores, teléfonos móviles y tableta, una información que la Guardia Civil tiene ahora que analizar para buscar indicios de la filtración que investiga el Supremo.
El auto por el que se ordenó la entrada y registro no especificaba las fechas que debía abarcar el análisis de la información incautada, salvo en el caso de los correos electrónicos, para los que el juez fijó la horquilla de entre el 8 de marzo y el día del registro. La fecha de inicio coincide con el día que la fiscal jefa provincial se dirigió al fiscal encargado de investigar a González Amador, Julián Salto, para que le enviara una copia de todo el expediente relacionado “con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. Pero al fijar como fecha final el día de registro, los correos intervenidos incluían mensajes muy posteriores a los días en los que se centra la investigación, e incluso pueden recoger correos de García Ortiz relativos a la causa que el Supremo ha abierto contra él y su estrategia de defensa. Por ello, el juez dictó el pasado 8 de noviembre un segundo auto para acotar el examen. Esta resolución judicial se producía después de que la Fiscalía recurriera esta semana ante la Sala Penal la orden de entrada y registro y advirtiera, entre otros aspectos, de que la información requerida por el juez abarcara casi ocho meses “sin explicación alguna”.