El abogado de la familia de Carlos León, uno de los dos soldados que murieron ahogados hace casi un año en un ejercicio acuático en Cerro Muriano (Córdoba), ha anunciado este jueves que solicitará la pena máxima, hasta 12 años de cárcel, para los militares procesados por sendos delitos contra el deber del servicio con resultado de muerte, que son equivalentes al homicidio imprudente. El portavoz de la familia ha leído un comunicado en el que ha señalado a toda la cadena de mando como responsable de la “grave negligencia” que provocó las dos muertes y ha considerado que sus vidas se podrían haber salvado “si se hubiera actuado diligentemente”.
El suboficial del Ejército de Tierra en la reserva e instructor de natación, Luis Bejarano, ha coincidido también con esta opinión, durante su intervención en una rueda de prensa celebrada en Sevilla y a la que ha asistido la familia del soldado fallecido. Según Bejarano, la situación era “inasumible” y el ejercicio donde murieron los militares “no tenía siquiera que haberse empezado”. El suboficial en la reserva lo ha calificado como “un despropósito técnico” y explica que, si él hubiera sido el instructor, habría hecho todo lo posible porque el procedimiento no se hubiera llevado a cabo. El instructor ha insistido en que no hubo una buena evaluación previa porque, cuando se da esa falta de medios, “lo normal es paralizar ese ejercicio”.
El comunicado de la familia, leído por Sergio Pérez, primo de León, pide al Ministerio de Defensa que cumpla con su obligación de “dotar de los presupuestos necesarios” para cumplir con las medidas de seguridad en todos los cuarteles y no reducir los presupuestos “como ha ido ocurriendo en los últimos años”, con la finalidad de que no se produzcan más hechos como este. Pérez ha añadido: “No hubo ambulancias, no hubo médicos, no hubo zódiacs, no hubo material de rescate cualificado, ni helicópteros de evacuación”. Aunque la base de Cerro Muriano sí que contaba con equipamiento náutico, no se utilizó el día del suceso por razones burocráticas.
La familia también espera que se haga justicia en el juicio que se seguirá en un tribunal militar. Los militares procesados son el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el teniente Jaime Tato Garrido, el sargento Alejandro Moreno Ruiz de Castroviejo, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y al comandante Luis Fernando Velasco Quero. Además, también está procesado el coronel Manuel Navarro González por incumplir los deberes inherentes al mando. Luis Romero, abogado de la acusación, ha recordado que el auto del juez del 29 de julio especificaba que “una planificación tan temeraria” del ejercicio, que ponía en peligro la vida de los soldados, “hace que la orden [del capitán] no pueda considerarse legítima”.
La familia también critica que Defensa permitiera que el capitán Zúñiga y el teniente Tato continuaran durante meses en Cerro Muriano. La tragedia ocurrió el 21 de diciembre y hasta abril Zúñiga no fue cesado. La familia lamenta que ahora “el teniente siga en Cerro Muriano y el capitán en Madrid en los servicios centrales”. La defensa recuerda que Zúñiga, ante la peligrosidad del ejercicio, el día anterior había hecho comentarios como “a ver si vamos a tener que ir al agua a por ellos”.
Pérez ha explicado que la familia también quiere “que se recuerde a Carlos”, al que siempre mantendrán en sus pensamientos, y destacan que su imagen era la de la “responsabilidad total”. El comunicado reza: “Él tenía los pies en la tierra y ese día no le dejaron tenerlos por cumplir con los egos de determinadas personas. Perdimos a nuestro primo por esto. Él era bueno, valiente y responsable”.