En el Día Mundial del Agua y con ocasión de la Conferencia del Agua que convoca Naciones Unidas, como relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento he dirigido una carta abierta a todos los gobiernos de los países miembro de la ONU en cuyos contenidos se basa esta tribuna.
Han pasado 46 años desde la Conferencia del Agua de Mar del Plata y por tanto es la primera vez en casi 50 años que Naciones Unidas convoca un evento mundial para reflexionar sobre la vigente crisis global del agua, con 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable y más de 4.000 millones sin saneamiento básico. Miles de millones que en su mayoría no son propiamente personas sedientas, sin agua en sus territorios, sino personas gravemente empobrecidas que viven junto a ríos o sobre acuíferos contaminados. Una crisis que sin duda se agravará con el cambio climático al incrementarse los riesgos de eventos extremos, tanto de sequía como de inundación.
Afrontar esta crisis exige ante todo entender el agua como un bien común, y por tanto debe ser gestionada desde la lógica del interés general y no desde la lógica del mercado; al tiempo que urge garantizar una gestión sostenible de ríos, humedales, lagos y acuíferos, previendo los duros escenarios que perfila el cambio climático.
Entender la crisis global del agua como una oportunidad para hacer negocios, a través de estrategias de privatización, de mercantilización o incluso de financiarización especulativa del agua, lejos de ayudar a resolverla, la agrava, al hacer más vulnerables a esos 2.000 millones de personas que pasarían a ser clientes empobrecidos que no pueden ni podrán pagar. Por otro lado, profundizar la sobreexplotación, degradación y contaminación de ríos, humedales y acuíferos, en nombre del desarrollo, lejos de abrir horizontes de progreso, nos hará más vulnerables al cambio climático, especialmente a las personas y comunidades que viven en situaciones de pobreza y marginación.
Los pueblos indígenas, cuyos derechos deben ser respetados en todo el mundo, en línea con los acuerdos adoptados por Naciones Unidas, desde sus cosmovisiones respetuosas con la naturaleza y con los ríos, lagos y humedales, nos ofrecen un gran ejemplo sobre la gestión ecosistémica y sostenible que necesitamos desarrollar en cuencas fluviales y acuíferos. Por otro lado, muchas comunidades campesinas empobrecidas ofrecen también multitud de ejemplos de gobernanza democrática y de responsabilidad colectiva desde sus sistemas de gestión comunitaria, que deberían ser reconocidos y respaldados con estrategias de partenariado público-comunitario por parte de los gobiernos.
Resulta preocupante la debilidad institucional de Naciones Unidas en materia de gestión de aguas, especialmente si consideramos el cambio climático, cuyos principales impactos se perfilan justamente en torno a fenómenos relacionados con el agua.
En la Conferencia del Agua de Nueva York, que arranca justamente en el Día Mundial del Agua, todos los Estados deben tomar conciencia sobre la necesidad de afrontar dos desafíos, trascendentales para el futuro de la humanidad: el desafío de hacer las paces con nuestros ríos y ecosistemas acuáticos, de los que depende la vida en islas y continentes; y el desafío de promover una gobernanza democrática del agua, entendida como un bien común y no como una mercancía. Pero para ello es urgente fortalecer Naciones Unidas en materia de gestión de aguas.
La Conferencia debe asumir el compromiso de abrir el diálogo con los defensores del agua, como titulares de los derechos humanos en juego, no sólo al agua potable y al saneamiento, sino también a un medio ambiente saludable y sostenible, a una vivienda digna, a la alimentación, a la salud y a otros derechos humanos profundamente vinculados al agua, como alma azul de la vida. Naciones Unidas debe dar el reconocimiento debido a estos defensores y defensoras del agua, de los ríos, lagos y humedales, que suelen ser criminalizados, reprimidos e incluso asesinados por comprometerse en primera fila frente a la crisis global del agua, y defender los derechos al agua potable y al saneamiento que Naciones Unidas reconoce como derechos humanos. Este enfoque participativo debe promover de forma activa y efectiva la participación en pie de igualdad de las mujeres, que asumen los trabajos más duros para garantizar agua en sus hogares en comunidades que no disponen de ella, integrando la salud menstrual como parte del derecho humano al saneamiento.
Las organizaciones de los pueblos indígenas, los movimientos sociales, las organizaciones campesinas, los defensores de los ríos, los sindicatos y trabajadores que sustentan los servicios de agua y saneamiento, las organizaciones de mujeres, el movimiento ecologista, las redes de sistemas comunitarios, los municipios e instituciones públicas responsables de estos servicios, las iglesias y plataformas interreligiosas, las universidades e investigadores, los jóvenes que se movilizan frente a la emergencia climática, y en suma los defensores del agua, en su calidad de titulares de derechos, han planteado sus demandas ante la Conferencia del Agua presentando un Manifiesto por la justicia hídrica, sin precedentes. Tanto los organizadores de la Conferencia, como la Asamblea General de Naciones Unidas y los Estados deben prestar máxima atención a este manifiesto, respaldado por una verdadera oleada de adhesiones a nivel mundial.
Todos los Estados miembros de Naciones Unidas deben cumplir sus compromisos internacionales en esta materia, reconociendo en sus legislaciones nacionales los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, y desarrollando compromisos presupuestarios, normativos y de políticas públicas que permitan afrontar el desafío democrático de garantizar el agua potable y el saneamiento para todos. Aprendiendo de la dolorosa lección que nos deja la pandemia sobre la necesidad de asumir la salud pública como un desafío democrático, sin dejar a nadie atrás, debe garantizarse también el agua potable y el saneamiento, piedra angular de la salud pública, como un desafío democrático, tanto a nivel global, como nacional y local, desarrollando modelos de gestión de aguas basados en un enfoque de derechos humanos en línea con las demandas de Naciones Unidas.
Por último, los Estados miembro deben asumir la urgencia de fortalecer Naciones Unidas en la gestión de aguas y ecosistemas acuáticos, promoviendo un mecanismo institucional que permita a la ONU afrontar sus obligaciones y funciones ante la crisis global del agua, y acelerar el paso para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, relativo al agua, sobre la base de promover el diálogo, la participación y el trabajo conjunto con los defensores del agua. Por otro lado, se debería fortalecer, en línea con lo que viene planteando Unesco, una agenda del IPCC que potencie estrategias de adaptación al cambio climático basadas en la transición hídrica, junto a las estrategias de transición energética que presiden las políticas de mitigación frente al cambio climático.
Retomando el espíritu del documento fundacional de la ONU que se abría diciendo “nosotros los pueblos …”, espero que esta Conferencia del Agua marque un antes y un después y abra un camino de compromiso efectivo de los Estados y de la ONU con la gente, con los pueblos del mundo, en un tema tan vital como es el agua
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites