La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha declarado este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado que su trabajo consistía en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de la mujer del presidente dentro de un entorno de seguridad y ha destacado que solo realizó favores a Gómez en sus proyectos personales por su relación de amistad, como buscarle alumnos para el máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía. Por este hecho, ha precisado que otras personas que trabajaban con la esposa de Pedro Sánchez la metían en cadenas de mails ajenos a sus labores de asesora de La Moncloa, porque pensaban que trabajaba como coordinadora de la cátedra que codirigía Gómez; Álvarez ha dicho que esos correos no le interesaban y los desechaba.
La asesora ha precisado que fue contratada en julio de 2018 para el puesto de directora de Programas de Presidencia en el Palacio de La Moncloa a petición de Gómez, para coordinar la agenda institucional de la esposa del presidente y, entre otras cuestiones, garantizar la seguridad de sus viajes y actos públicos. Un puesto de nivel 26 de funcionario público por el que cobraba 49.000 euros anuales. Álvarez también ha indicado, siempre según la versión de la acusación, que su puesto ya lo habían desempeñado otras personas para las mujeres de los anteriores presidentes del Gobierno, y que ella recibió la propuesta al quedarse vacío el cargo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, en julio de 2018. Álvarez conocía a Gómez antes de conseguir el puesto.
Álvarez ha acudido esta mañana al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en Plaza de Castilla para declarar como testigo en la causa contra Gómez, imputada por un presunto delito de “corrupción en el sector privado y tráfico de influencias” dentro de su trabajo como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Diversas informaciones periodísticas han asegurado que Álvarez escribió por correo electrónico tanto a empresas que colaboraban con la esposa de Pedro Sánchez como al entonces vicerrector de Planificación de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, encargado entre otras funciones del control y buen funcionamiento de la cátedra que codirigía Gómez. El objetivo de Peinado es investigar si en esos trámites se produjo una malversación de fondos públicos, es decir, si Álvarez, que cobraba un sueldo público, dedicaba parte de su tiempo a ayudar a Gómez en sus actividades privadas.
Peinado, en el contexto de la instrucción, requirió la semana pasada a Presidencia del Gobierno una relación de todos los trabajadores y asesores “que desempeñan sus labores en el Palacio de La Moncloa”. Lo que presuntamente sería el primer paso para intentar acreditar que Álvarez desempeña un cargo público allí. En esa misma providencia, el magistrado solicitó al exvicerrector Doadrio que le envíe en un plazo de cinco días “la documentación relativa a la cátedra que se investiga, y que indicó en su declaración que conservaba”. También pidió a la Universidad Complutense que envíe, en el plazo de 10 días, a través de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI), una “copia testimoniada de los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripción registral (de Propiedad Intelectual, programa informático, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, etc.) en relación con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva” que impartió Gómez en dicha universidad.
La causa penal que impulsa Peinado desde hace nueve meses está basada en una querella interpuesta por Manos Limpias y sustentada en recortes de noticias, algunas de las cuales resultaron ser falsas. El magistrado imputó en un principio a Gómez dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios; y amplío después la investigación a otros dos: apropiación indebida e intrusismo profesional. De momento, todos los informes elaborados por la UCO de la Guardia Civil a petición del juez descartan dichos delitos. Gómez declaró por primera vez este viernes ante Peinado y negó las acusaciones.
En la Asamblea de Madrid, el codirector de la cátedra de Gómez, José Manuel Ruano, compareció ante una comisión de investigación y denunció una caza de brujas contra la esposa del presidente. Ruano relató que el rector de la UCM, Joaquín Goyache, eliminó la cátedra y los másteres sin motivo aparente, ya que ambos daban beneficios a la universidad. También acusó al vicerrector José María Coello de no querer recibir las memorias anuales de la cátedra porque contradecían el informe que Goyache entregó a Peinado, donde acusaba al equipo de Gómez de no aportar información sobre los estudios que impartían. “Me hubiera gustado que el rector hubiese salido a la palestra y hubiera puesto en claro algunas cuestiones muy determinadas: Begoña Gómez no es empleada de la universidad y, por tanto, no percibe ningún salario. Que simplemente ha participado como docente y codirectora en másteres no oficiales. Y la cátedra no se ha manejado con dinero público, es decir, las fuentes de financiación de la cátedra son de origen estrictamente privado”, enumeró Ruano durante su comparecencia.