La Asamblea de Madrid ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central. La iniciativa del Partido Popular, respaldada por Vox en el pleno del pasado 2 de marzo, es el segundo ataque a este impuesto que impulsa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El pasado 1 de febrero el gobierno regional también presentó un recurso contra el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas creado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afectará a grandes patrimonios de más de tres millones de euros. Es la primera vez que la Asamblea pone un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La reclamación de la Cámara se basa en que el impuesto impide la autonomía financiera de la región al bloquear la bonificación del impuesto sobre el patrimonio, que recoge la normativa regional. El recurso se ampara en que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) reconoce la potestad de las Comunidades Autónomas para gestionar los tributos cedidos por el Estado. La iniciativa también especifica que la tramitación del impuesto de solidaridad fue fraudulenta porque se introdujo a través de una enmienda “sin relación con el texto enmendado”, según describe el comunicado de la Comunidad de Madrid, y que eliminaba la posibilidad de debatirla en el pleno de la Cámara.
Según el comunicado, el documento presentado ante el Tribunal Constitucional también incide en que el impuesto quebranta el “principio de igualdad que ha de inspirar el sistema tributario, […] al establecer un diferente tratamiento jurídico de los ciudadanos, que no atiende a la capacidad económica del sujeto pasivo sino a la residencia fiscal”, dada “la diferente regulación existente en las Comunidades Autónomas”.
El comunicado también explica que el texto alega, al igual que el que presentó Ayuso en nombre de la Comunidad de Madrid, que el impuesto del gobierno central ataca a la seguridad jurídica porque el tributo entró en vigor el 29 de diciembre de 2022, solo tres días antes de que se iniciase la recaudación con el cambio de año. También critican el carácter retroactivo de la norma, que se aplica al resto del año e impide “el conocimiento efectivo de las normas válidas y vigentes por los sujetos pasivos del impuesto”.
La Comunidad de Madrid bonifica al completo el impuesto de patrimonio desde 2008, una de las señas de identidad de la política fiscal de los populares, que se han sucedido ininterrumpidamente en el poder regional desde 1995. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva acusando desde 2019 a la Comunidad de apostar por el dumping fiscal para atraer a grandes contribuyentes de otras regiones por aplicar estas políticas y ahora Ayuso interpreta el nuevo tributo como una forma de perjudicar los intereses de la región y a sus tributantes más acaudalados.
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