La actividad de los tribunales ha repercutido siempre en el debate público, pero dicho fenómeno se ha multiplicado en los últimos años con el intenso proceso de judicialización de la política que vive España. Y poco cambiará en 2025. La agenda estará marcada por los avances que deparen las causas que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) y a su entorno —a las que se ha entregado la oposición—, así como por las novedades que arroje la instrucción abierta contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso (PP) por fraude fiscal —en las que confía la izquierda—. A todo ello se suman varios juicios de gran trascendencia programados ya para este ejercicio: como la vista oral contra el clan Pujol.
El ‘caso Koldo’ y Ábalos. Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo, está a la espera de que el Congreso de los Diputados suspenda la inmunidad de José Luis Ábalos para poder investigar su implicación en la supuesta trama corrupta que tuvo como epicentro el Ministerio de Transportes durante su etapa al frente de ese departamento (entre 2018 y 2021). El pleno de la Cámara baja tiene que aprobar el suplicatorio (el permiso para que la justicia pueda actuar contra un aforado) y fuentes parlamentarias señalan que la votación podría celebrarse en la próxima sesión, prevista en febrero, aunque se estudia si adelantarla a finales de este mismo enero. El PSOE, partido del que Ábalos fue secretario de Organización, ya ha avanzado que votará a favor, por lo que se da por hecho que el Parlamento dará luz verde a la investigación del actual diputado del Grupo Mixto.
Será entonces cuando el magistrado pueda indagar en el patrimonio o en las comunicaciones del exministro para esclarecer si recibió algún tipo de contraprestación a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas, como sostienen la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Más allá de las exageraciones de la oposición, el Gobierno es consciente de la solidez de estas pesquisas judiciales. Y el instructor cree que hay indicios de que Ábalos cometió, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho. La causa del Supremo abarca también a los dos supuestos cabecillas de la trama, el empresario Víctor de Aldama y el exasesor del ministro Koldo García, aunque solo en los hechos que implican a Ábalos. El resto de la investigación sobre la red corrupta sigue en la Audiencia Nacional, a cargo del juez Ismael Moreno, que encabezó esta compleja instrucción hasta cercar al exdirigente socialista.
Investigación al fiscal general del Estado. El magistrado del Supremo Ángel Hurtado tiene que decidir en los próximos meses el futuro de una causa insólita: la primera investigación judicial a un fiscal general del Estado de la democracia. El alto tribunal pretende esclarecer la supuesta filtración de un correo electrónico que envió a la Fiscalía el abogado de Alberto González Amador, imputado por fraude a Hacienda y pareja de Isabel Díaz Ayuso, para buscar un acuerdo que le librara de la cárcel. Ese email desmentía el bulo que estaba difundiendo el entorno de la presidenta madrileña de que era el ministerio público el que había ofrecido un pacto a su pareja. El Supremo ha imputado por revelación de secretos a Álvaro García Ortiz y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pero el análisis de los ordenadores y teléfonos de ambos no ha encontrado pruebas de que la filtración partiera de ellos.
En el caso de García Ortiz, la UCO no encontró ningún mensaje porque el fiscal general cambió de teléfono recientemente. El juez ya ha avanzado que citará próximamente a declarar a los dos fiscales investigados. Además, pretende averiguar por qué altos cargos de La Moncloa accedieron al correo del abogado de González Amador antes de que se publicara en los medios. De momento, ha citado para el 8 y 9 de enero como testigos a ocho periodistas y al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; y el 16 y 21 de enero ha convocado a la fiscal superior de Madrid, al fiscal encargado de la investigación a González Amador y a los jefes de comunicación de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid.
El fraude atribuido al novio de Ayuso. Mientras la causa contra el fiscal general del Estado avanza a toda velocidad en el Supremo, González Amador ha logrado ralentizar el procedimiento iniciado contra él en un juzgado de la capital por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. La instructora ha suspendido en tres ocasiones su declaración como imputado y, ahora, se encuentra a la espera de que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre la decisión que adoptó de ampliar las pesquisas para investigar también al novio de Ayuso por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal —por usar supuestamente una sociedad pantalla para facturar al Grupo Quirón—.
La esposa y el hermano del presidente. El entorno de Sánchez no tendrá un segundo de respiro. El hermano del presidente, David Sánchez, debe comparecer el próximo 9 de enero como imputado ante la juez que lo investiga por las supuestas irregularidades en su contratación en julio de 2017 por parte de la Diputación de Badajoz. Ese mismo día también está citado el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Además, el juez Juan Carlos Peinado sigue adelante con la causa contra Begoña Gómez: se encuentra a la espera de recibir los informes de la Guardia Civil sobre las cuentas bancarias de la esposa de Sánchez y, además, el 22 de enero ha llamado a declarar a representantes de Google Spain, Indra y Telefónica para interrogarlos sobre sus inversiones en el software desarrollado por la cátedra vinculada a la mujer del jefe del Ejecutivo.
El cerco a Alvise. El Supremo decidirá en las próximas semanas si abre una causa por financiación ilegal al eurodiputado ultra Luis Pérez, conocido como Alvise y líder de la agrupación electoral Se Acabó la Fiesta (SALF). La Audiencia Nacional ha pedido al alto tribunal que lo investigue al considerar que existen indicios de que recibió 100.000 euros en metálico de un empresario para sufragar su campaña de los últimos comicios al Parlamento Europeo. No es la única causa que asoma en el horizonte judicial de Alvise, que acumula denuncias por revelación de secretos, desórdenes públicos, calumnias o amenazas. Algunas de ellas están ya sobre la mesa del alto tribunal, el órgano competente para investigar a los eurodiputados, mientras que otras están tramitándose en otros órganos pero acabarán llegando al Supremo si se confirman los indicios. No obstante, si el alto tribunal decide encausarlo tendrá que pedir permiso a la Eurocámara para avanzar en cada investigación, lo que las demorará durante meses.
Esperada vista contra el clan Pujol. La Audiencia Nacional ha fijado para el 10 de noviembre el inicio del juicio contra Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, y sus siete hijos. La vista oral se ha hecho esperar cinco años desde que el magistrado instructor diese por acabada la investigación sobre el clan Pujol y llega, además, cuando un sector del independentismo, encabezado por Junts, trata de rehabilitar la figura del exdirigente de la extinta Convergència. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresident por delitos de blanqueo y asociación ilícita por urdir, junto al resto de su familia, una trama para engordar su patrimonio con operaciones económicas irregulares, aprovechándose de su enorme y prolongada influencia política.
La amnistía a los líderes del ‘procés’. El Tribunal Supremo tiene que resolver aún los últimos recursos de los encausados en el procés contra la decisión de no aplicarles la amnistía por el delito de malversación, por el que fue condenado, entre otros, Oriol Junqueras, y por el que está procesado Carles Puigdemont. El Supremo desestimará las impugnaciones, pero hasta que no lo haga, los afectados no pueden acudir al Tribunal Constitucional, en cuya mayoría progresista tienen puestas las esperanzas de obtener la medida de gracia. No obstante, el tribunal de garantías tiene ya sobre la mesa más de una veintena de impugnaciones sobre la ley de amnistía y prevé dictar antes del verano la primera sentencia, que marcará en parte el camino para el resto.
Paralelamente, un sector del secesionismo catalán tiene puesta la mirada en el juicio que afronta Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, en la Audiencia Nacional desde noviembre por supuesto blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La vista oral se prevé que acabe a finales de enero y la cúpula de Junts ya arropó al letrado al inicio de la misma, cuando afirmó que el proceso contra Boye era un “juicio político” por haber defendido a dirigentes independentistas.
Otro juicio de Gürtel. La trama liderada por el empresario Francisco Correa, que anidó en el corazón del PP hace dos décadas, vuelve al banquillo. A partir del 17 de febrero, la Audiencia Nacional prevé enjuiciar la línea de investigación sobre el desembarco de la red corrupta en Arganda del Rey (Madrid), donde dio uno de sus grandes pelotazos. El sumario apunta que se repartieron 25 millones de euros en comisiones por la venta ilegal de parcelas municipales tras amañar el concurso. Entre los procesados se encuentra Ginés López (PP), exalcalde de la localidad; y el constructor Fernando Martín, expresidente del Real Madrid. Este es el penúltimo juicio programado del caso Gürtel, que acumula ya 82 condenados a cárcel, entre todas las derivadas de las pesquisas. Una vez celebrada esta vista, ya solo quedaría la relativa a la estructura societaria urdida por la trama para blanquear dinero.
El beso de Rubiales a Hermoso. A partir del 3 de febrero, la Audiencia Nacional prevé acoger un juicio de repercusión internacional y, como se vio cuando estalló el escándalo, de gran trascendencia social y política. El expresidente de la Real Federación de Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se sentará en el banquillo acusado de agresión sexual por dar un beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso tras la final del Mundial de 2023 y de, posteriormente, desplegar una campaña de coacciones contra la deportista y su entorno para que salieran en público a restar importancia a la acción del mandatario, que se encontraba cada vez más acorralado. Junto a Rubiales, hay otros tres procesados: Albert Luque, exdirector de la selección masculina; Jorge Vilda, exentrenador de la selección femenina; y Rubén Rivera, exresponsable de marketing de la Federación.