Tras ampliarlo en hasta siete ocasiones, este miércoles por la tarde ha terminado definitivamente el plazo para incluir enmiendas en el proyecto de ley que traspone la directiva europea que establece un impuesto mínimo a las multinacionales. Esta fue la vía elegida por el Gobierno para convertir en permanentes los impuestos extraordinarios a banca y energéticas y para llevar a cabo otra serie de cambios de índole fiscal, lo que ha redundado en una difícil negociación a varias bandas entre el Ejecutivo y sus socios. Como la normativa comunitaria tiene que aprobarse antes de que termine el año y los plazos son ajustados, no ha quedado más remedio que finiquitar el proceso con los acuerdos alcanzados hasta la fecha. Según fuentes conocedoras, estos incluyen un impuesto a la banca, pero con un esquema modulado para rebajar la cuota. También se han pactado otra serie de cambios fiscales en el tabaco, los hidrocarburos y las rentas del capital. Sin embargo, se ha descartado convertir en permanente el impuesto a las energéticas, indican fuentes de la negociación.
Durante varias semanas, las conversaciones del Ejecutivo con sus socios a la izquierda y la derecha se han ido recrudeciendo y han encontrado la mayor oposición a los impuestos sectoriales en el PNV y Junts. Estos partidos, espoleados por las grandes empresas, rechazaban la conversión en permanentes de los dos gravámenes extraordinarios. Como sus votos eran cruciales para sacarlos adelante, los nacionalistas vascos y catalanes han logrado suavizar el bancario, por un lado, y anular el energético, por el otro.
Estos impuestos se diseñaron con carácter temporal para actuar sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, engordados por la crisis inflacionista y energética. Estuvieron en vigor en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, con una recaudación conjunta de aproximadamente 2.800 millones por año. La idea del Gobierno, una vez terminada la crisis, era adaptar el gravamen bancario a los ciclos de crédito y las subidas y bajadas de tipos, lo que parece que ha recibido luz verde por parte de los socios. En el energético, Hacienda quería incluir fuertes deducciones por las inversiones estratégicas, algo que, a su vez, rechazaban con rotundidad desde Sumar. Sin embargo, la fuerte presión del PNV y Junts —y de grandes empresas como Repsol— ha logrado decantar la balanza y diluir el tributo.
En paralelo, el Gobierno y los socios han pactado otros cambios fiscales. Por un lado, han acordado empezar a gravar la nicotina de los vapeadores, que hasta ahora no tributaban por el impuesto sobre las labores del tabaco. Además de esto, habrá otra subida fiscal al resto del tabaco. En las enmiendas también se han corregido los cambios fiscales que introdujo el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que fueron tumbados por el Tribunal Constitucional el pasado enero por no haberse aprobado por la vía correcta.
Oposición de las empresas
En la decisión final ha tenido un papel preponderante la guerra abierta que han librado en las últimas semanas empresas como Repsol. Tras varias quejas por parte de la petrolera, la protesta se volvió general la semana pasada y azuzó la oposición del PNV y Junts, claves en la aritmética parlamentaria. El sector financiero y energético, a través de sus principales asociaciones representativas, dieron un paso adelante y advirtieron sobre las consecuencias de convertir en permanentes los gravámenes. Las patronales bancarias, la AEB y la CECA, lanzaron un comunicado conjunto en el que expresaron su “más enérgico rechazo” a la medida y advirtieron de las consecuencias negativas que, según sus cálculos, tendría para la economía española. En la misma línea se posicionaron Ana Botín (Banco Santander) o Gloria Ortiz (Bankinter) para añadir más presión.
Casi a la vez que la patronal bancaria, hizo lo propio la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, que coincidió en apuntar hacia consecuencias milmillonarias en inversión y capacidad de financiación, con un impacto de hasta los 66.000 millones.