El proceso de normalización de Euskadi, con sus limitaciones, sigue su curso. Los 141 presos etarras son una secuela de la etapa terrorista que protagonizaron, como lo es la memoria de sus 853 víctimas mortales y de las de otras violencias. La inmensa mayoría de los 141 presos etarras —131 en cárceles vascas, 6 en Navarra y 4 en Francia— se acoge a la legalidad penitenciaria en contraste con su histórico rechazo. El uso que el PP y Vox hacen del terrorismo para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez por sus pactos parlamentarios con EH-Bildu —el último episodio fue en octubre por la transposición de la directiva europea sobre la reducción de las penas cumplidas por los etarras en Francia— tapa con su ruido mediático los debates en Euskadi.
Alejado del ruido político y mediático, el debate vasco marcha por otros derroteros, con la novedad de que las competencias de instituciones penitenciarias han pasado del PNV al PSE-EE, tras las pasadas elecciones autonómicas. Sobre una población penitenciaria vasca de 1.725 presos, hay 131 etarras, a los que se añaden 6 en la cárcel de Pamplona y 4 en Francia, cifras muy alejadas de los 800 reclusos de la organización terrorista en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La cifra de 141 disminuirá progresivamente, efecto derivado de la disolución de ETA. En pocos años serán escasas decenas: los condenados por el Código Penal de 2003, que elevó de 30 a 40 años la pena máxima a cumplir, y que, según Etxerat —organización de apoyo a los presos etarras— afecta a unos 60 de ellos. La nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, ha insistido en que los presos etarras cumplirán sus condenas y que reforzará la motivación para acceder a los terceros grados, que permiten a los presos salir de prisión mientras termina la pena.
El debate se centra hoy, por tanto, en esa concesión de los terceros grados, intensificada con el traspaso, hace tres años, de la competencia de instituciones penitenciarias a la comunidad vasca, como ya ejerce la catalana. De la mencionada cifra de 131 presos etarras que cumplen condena en las cárceles vascas, 41 están en tercer grado. Los terceros grados los concede la junta de tratamiento de las prisiones, aunque pueden paralizarse por un recurso de la Fiscalía que dirime el juez de vigilancia penitenciaria.
El año 2022 fue el primero que el Gobierno vasco tuvo la competencia en instituciones penitenciarias y concedió 451 terceros grados, de los que 32 fueron para presos de ETA. En 2023, de 443, 21 fueron para los presos etarras. Y en 2024, de 395 lo fueron 24. Son siete desde que, en junio, se produjo el relevo en instituciones penitenciarias del PNV al PSE.
La nueva consejera respaldará los terceros grados para los presos etarras si, una vez cumplidos los tiempos mínimos de condena fijados legalmente, reúnen los requisitos del artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria: signos inequívocos de abandono del terrorismo; reconocimiento de la autoría del atentado, del daño causado a las víctimas y a la sociedad, responsabilidad civil y colaboración con la justicia. “El tercer grado no es un derecho. Hay que ganárselo”, señala la consejera, que recalca la reinserción y convivencia como objetivos, finalizado el terrorismo.
La inmensa mayoría de los presos etarras en cárceles vascas —la excepción es de una decena, según algunas estimaciones— se acogen a la legalidad penitenciaria desde que ETA se disolvió hace más de seis años y están intensificando una evolución hacia la reinserción, recogida en los expedientes de seguimiento individual que elaboran los educadores sociales y psicólogos. Esa evolución se ha reforzado tras el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas y a ella contribuye el reconocimiento de la izquierda abertzale a las víctimas de ETA. Una evolución positiva, pero insuficiente por la inexistente autocrítica por su pasada complicidad con el terrorismo.
En una reciente intervención pública, la magistrada Inés Soria, principal asesora penitenciaria del Gobierno vasco, valoraba el reconocimiento de la legalidad penitenciaria por los presos etarras, en contraste con su histórico rechazo, y subrayaba cómo en sus textos manuscritos, que se adjuntan a su expediente, reconocen el daño causado de manera personalizada. Eso, a diferencia de su pasado reciente, en que seguían fórmulas uniformes. Soria propone, a la vez, mejorar el acceso de las víctimas que lo deseen a conocer el proceso del victimario.
Covite, la asociación vasca de víctimas más representativa, considera insuficiente el cumplimiento de estos requisitos para que los presos etarras accedan al tercer grado. “¿Por qué he de creer lo que dice una carta de un tipo que es reivindicado por la izquierda abertzale y que les prohíbe expresamente arrepentirse?”, señalaba recientemente Consuelo Ordóñez, presidenta de la organización, que proponía una reforma legal para que los presos etarras se arrepientan públicamente para acceder al tercer grado. Y situaba como referente la vía Nanclares de acceso al tercer grado para presos públicamente arrepentidos, que estaba vigente con ETA activa.
Txema Urquijo, propulsor de la vía Nanclares con Maixabel Lasa desde la Dirección de Víctimas del País Vasco, recuerda que aquella fórmula tenía un componente ético y que sus encuentros restaurativos —entre víctimas y victimarios— pretendían la reparación a las víctimas mientras que la vía que hoy sigue el Gobierno vasco es el simple cumplimiento de la legalidad.
Considera que el actual Ejecutivo autonómico se ajusta a la legalidad penitenciaria. “La ley exige a los presos colaborar con la justicia, pero no cita expresamente ni la delación ni el arrepentimiento que es un sentimiento. Hay varias formas de colaborar con la justicia, según han dictaminado los tribunales como la disidencia con el terrorismo. La ley no es taxativa e instituciones penitenciarias debe seguir, como dice, un tratamiento individualizado con los presos etarras y valorar su evolución”.
Urquijo estima también que, como señala Covite, “la existencia de instrucciones de control por la izquierda abertzale es un freno a la evolución individualizada de los presos etarras y eso obliga a instituciones penitenciarias a extremar el celo al valorar lo que dice la ley”.
Inés Soria señala que las instituciones penitenciarias trabajan por, según su opinión, hacer que lo legalmente posible sea lo deseable. En esa línea, Instituciones Penitenciarias insiste en valorar la reciente evolución de los presos etarras al asumir una legalidad penitenciaria que rechazaban históricamente y cuya asunción muestra la victoria de la democracia sobre el terrorismo. Además, considera mejor que los presos para salir de la cárcel reconozcan el daño causado, aunque no lo publiciten, a que cumplan íntegramente sus condenas sin reconocer nada.
La cuestión de los presos etarras, como la memoria y la educación sobre el reto terrorista, evidencia como cuestión de fondo la autocrítica pendiente de la izquierda abertzale sobre su pasada complicidad con ETA. Pese a los ruidosos ataques de la derecha político y mediática, PSE y PNV mantienen la presión sobre los abertzales cerrándoles el paso al Gobierno vasco, pese a que son la segunda fuerza de Euskadi, mientras no realice esa autocrítica.