Chiapas y el Estado de México han despenalizado el aborto. En las dos entidades, que han aprobado sus reformas con un día de diferencia, se permitirá la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Con estas modificaciones son ya 19 los Estados del país que han adecuado sus códigos penales para garantizar un derecho avalado por la justicia.
Hace más de tres años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una decisión histórica, dictaminó que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar. De forma unánime, los 11 jueces más importantes del país declararon ilegal sancionar a una mujer por interrumpir el embarazo, lo que obligaba a desechar el caso penal en cuanto llegaba a los tribunales. Además, ordenó al Estado de Coahuila —donde se había presentado la acción de inconstitucionalidad— a cambiar su código penal. Este paso debía ser el primero para que las 32 entidades de México retiraran las penas por abortar de sus legislaciones.
El avance desde entonces ha sido lento e irregular. Algunos lo han hecho de forma voluntaria; otros, como Nayarit, Yucatán o Chiapas lo han hecho acatando una orden judicial. El 7 de noviembre, la SCJN ordenó al Estado del sur que despenalizara el aborto, donde solo se permitía por violación, alteraciones congénitas o peligro de muerte para la madre. Este martes han cumplido la resolución. El Congreso de Chiapas ha aprobado despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación con 33 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
El lunes fue el turno del Estado de México. En la entidad más poblada del país, en la que residen 8,7 millones de mujeres, el aborto estaba penado con hasta cinco años de cárcel para el personal de salud que lo practique y con tres para la mujer que lo decida. Por ley, solo estaba permitido en cuatro circunstancias: en caso de violación, de peligro de vida para la madre, por “alteraciones genéticas” del feto, o en caso de que el aborto se produzca por accidente, sin intención de la mujer. Aun en estos casos, el acceso estaba plagado de obstáculos, trampas y recovecos, según reveló una investigación de la organización Human Rights Watch. En el Estado se registraban casos de médicos se negaban por miedo o creencias, de guardias de seguridad que impedían la entrada a los hospitales, de personal que maltrata a las mujeres o de trabas inventadas por la misma Fiscalía local.
Con 55 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, el Congreso del Estado aprobó el lunes la reforma al artículo 248 del Código Penal estatal para permitir el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Además, se ha modificado el texto para garantizar que el Estado brinde este servicio de manera “gratuita, segura, informada y sin discriminación”. La diputada de Morena Anais Burgos recordó que más de 63.000 mujeres del Estado de México han tenido que recurrir a los servicios médicos de Ciudad de México para abortar. En una entidad que ocupa los primeros puestos en violencia contra la mujer, como feminicidios, violaciones y lesiones, el acceso libre y seguro al aborto se había convertido en una pieza clave para las organizaciones de derechos humanos.
Burgos ha defendido que la reforma aprobada es “vanguardista” con respecto al resto de las entidades que sólo se enfocan en lo penal, ya que incluye reformas en materia administrativa y de salud. Además del compromiso de ofrecer educación sexual a mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes y de facilitar el acceso a métodos anticonceptivos eficaces.