El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a subir el gasto público solo un 3% los próximos siete años a menos que adopte subidas de impuestos. Se trata de un incremento promedio a lo largo del periodo considerado, un porcentaje que se estima suficiente para que el peso de la deuda respecto al PIB vaya paulatinamente reduciéndose, tal y como exige el nuevo marco fiscal comunitario. Así se detalla en el plan de ajuste que ha remitido el Ejecutivo a la Comisión Europea, y que ha presentado este martes el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. Al final del periodo, en 2031, se prevé que el déficit se recorte hasta el 0,8% del PIB, y que la deuda baje al 76,8% para 2041.
Cuerpo ha detallado que la orientación del plan fiscal es a cuatro años, hasta 2028, pero el ajuste abarcará un periodo más amplio, de siete. “Las nuevas reglas introducen un elemento adicional de flexibilidad. Si se presentan reformas e inversiones ambiciosas, se puede ampliar plazo de cuatro a siete años”, ha explicado. En esos primeros ejercicios, ha detallado, el crecimiento promedio del gasto podrá ser del 3,4%, lo que permitirá al Estado “gastar 6.000 millones de euros más al año” con respecto a los desembolsos realizados entre 2014 y 2018, cuando gobernaba el PP y el aumento medio del gasto público se situó en el 2,5%. En 2019, ya con Sánchez en La Moncloa, el aumento del gasto público fue del 3,5% y el incremento de este año, a pesar de que los presupuestos están prorrogados, es del 6,4%
El problema de situar este tope al gasto en el 3% es que partidas como las pensiones, la sanidad o la defensa tendrán que crecer más para atender el cada vez mayor envejecimiento de la población y para ceñirse a los compromisos de gasto militar que requiere la OTAN. Y eso sin contar con el sueldo de los funcionarios u otras partidas que necesitan incrementos de gasto de forma automática. Solo las pensiones, que suponen un tercio de todo el gasto público, crecerán el año que viene al 5%, lo que obligará a que el resto tenga que subir bastante menos del 3%.
“Este plan garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas hacia adelante, y lo hace compatible con mantener el Estado del Bienestar, modernizar nuestra economía y garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado”, ha recalcado el titular de Economía.
El plan de ajuste, oficialmente Plan Fiscal y Estructural, es un nuevo documento que la Comisión Europea exige a raíz de la reforma de las reglas fiscales, y que tiene el objetivo de establecer, en un escenario de medio-largo plazo, una senda que permita controlar la subida del gasto público y así colocar la ratio de deuda sobre PIB en una trayectoria descendente. A diferencia del marco anterior, que hacía más hincapié sobre el déficit —la diferencia entre ingresos y gastos de las Administraciones públicas—, la magnitud de referencia es ahora el gasto primario neto de medidas de ingresos. Este indicador no incluye ni intereses, ni fondos europeos ni el desembolso cíclico por el desempleo, ni tampoco gastos extraordinarios o temporales.
La lógica que está detrás de este nuevo esquema es que el gasto público crezca menos que los ingresos, para que se produzca un ahorro ejercicio tras ejercicio que dé margen para rebajar la tasa de deuda, que cerró en el 105,3% del PIB en 2023 tras ser recalculada a la luz de la revisión al alza del PIB. Se trata de un indicador que se puede medir y controlar de una forma más sencilla que el anterior que se usaba, el déficit estructural. La contención del gasto esbozada en el plan de ajuste no será igual para todos los ejercicios, implicando un esfuerzo mayor al final del periodo analizado.
El crecimiento del gasto primario neto previsto para 2025 es del 3,7%, una tasa que irá descendiendo a lo largo de los siete años del ajuste hasta el 2,4% de 2031. El documento presentado este martes también establece que la ratio de deuda sobre el PIB se sitúe en el 90,6% en 2031, una reducción de unos 15 puntos con respecto al dato de cierre de 2023. Para 2041, la meta fijada es del 76,8%. El déficit, por otra parte, ya se colocará en 2025 por debajo del umbral máximo del 3% que impone el pacto comunitario: el Ejecutivo calcula que disminuya del 3% del PIB de este año al 2,5% el próximo, fijándose un objetivo del 0,8% para 2031.
Lo que el Gobierno no enviará de momento es el Plan Presupuestario, el documento que cada año tiene que presentar a Bruselas antes del 15 de octubre para detallar las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado y la senda de estabilidad —los objetivos de déficit y deuda— para el trienio sucesivo. Lo anunció hace una semana Cuerpo, alegando que se remitirá una vez el Ejecutivo confeccione unas nuevas cuentas para 2025, algo que va con retraso sobre el calendario que marca la ley porque el Ejecutivo aún no tiene cerrados los apoyos suficientes en el Congreso. Por ello, este plan fiscl no tendrá el detalle sobre las medidas que apoyan la senda de gasto para el próximo año. Bruselas exige a los países que cada año vayan informando de las medidas con las que piensan asegurar que se cumplirá con el objetivo de gasto.
La obtención de estos resultados, a falta de conocer si habrá subidas de impuestos u otras medidas, también descansará sobre el crecimiento económico pronosticado para los próximos años, que irá perdiendo fuelle, pero seguirá siendo robusto. El escenario que dibuja el Gobierno apunta a un alza del PIB potencial —el incremento que se produce sin tensiones inflacionistas o burbujas— del 2% para el próximo año, del 2,1% en 2026, el pico más alto, que luego descenderá hasta el 1,6% en 2028.