Las Fuerzas Armadas españolas aumentarán sus efectivos por vez primera en más de una década. El Gobierno ultima un real decreto de plantillas de generales, oficiales y suboficiales, y una orden ministerial de tropa y marinería, que supondrán un incremento neto de 7.500 militares en el ciclo 2025-2029. Será solo un primer paso, ya que el Objetivo de Capacidades Militares (OCM), el documento clave del planeamiento de Defensa, que ha recibido ya el visto bueno del presidente Pedro Sánchez, prevé aumentar en 20.000 la cifra de militares a lo largo del próximo decenio, hasta llegar a los 140.000 que fija como máximo la ley de la Carrera Militar de 2007.
Hace años que los responsables de las Fuerzas Armadas vienen reclamando un incremento de efectivos para afrontar la progresiva ampliación de sus cometidos. La Unidad Militar de Emergencias (UME), punta de lanza de la protección civil en caso de incendios, terremotos o inundaciones; el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), responsable de las operaciones ciber tanto ofensivas como defensivas; o el nuevo Mando del Espacio, encargado de la vigilancia, control y operaciones en el espacio exterior, un escenario cada vez más crítico ante la necesidad de salvaguardar la seguridad de los satélites y monitorizar la basura espacial; se han constituido a partir de la vampirización de las ya ajustadas plantillas de los ejércitos. Y a ello se han sumado las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar o la necesidad de atender las misiones en el exterior ―normalmente bajo el paraguas de organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN o la UE―; que este año han batido un nuevo récord, con 3.830 militares desplegados de manera simultánea en una quincena de misiones el pasado 1 de noviembre, más de 15.000 a lo largo de todo el año. Este lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha viajado a Lešť (Eslovaquia) para asistir al relevo del contingente español, de 800 soldados, bajo el mando del coronel Jesús Martínez Victoria, que lidera por primera vez una brigada multinacional de la OTAN en el Este de Europa.
Frente a la progresiva asunción de nuevas tareas, el número de militares en activo, lejos de aumentar, se ha ido recortando. El máximo de efectivos se alcanzó en 2010, con un total de 130.039, pero las drásticas medidas de ajuste impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy para atajar la crisis económica propiciaron un declive que no se ha detenido desde entonces y tocó fondo el año pasado, con 116.961 militares, lo que supuso una caída del 10%. La reducción del número de soldados y marineros ha sido de 10.000 en solo 13 años: de 86.000 a 76.000.
La incorporación de oficiales y suboficiales exige años de formación en las respectivas academias, por eso las plantillas se determinan en ciclos cuatrienales. El general Francisco Braco, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, explicó el pasado día 4, en un encuentro con periodistas en su cuartel general, que en el último curso de la Academia del Aire, en San Javier (Murcia) hay en la actualidad 60 alféreces, que recibirán el despacho de tenientes el próximo verano, pero en el primero hay ya casi el doble de alumnos, 110, que se convertirán en nuevos oficiales en 2029.
El Ejército del Aire y del Espacio prevé aumentar en 1.300 su número de uniformados en el próximo cuatrienio (a razón de unos 350 anuales) y en casi 5.000 a lo largo de una década. Una cifra similar recibirá la Armada y casi el doble el Ejército de Tierra, completando el resto los cuerpos comunes, como el de sanidad o el jurídico. A principios de este año, Tierra tenía 73.500 efectivos en total, frente a 20.466 de la Armada, 20.141 de Aire y 2.905 de los cuerpos comunes.
Si se cumple el objetivo, se llegaría al límite de 140.000 militares fijados como máximo en la ley de la Carrera Militar (incluidos 50.000 cuadros de mando, 200 oficiales generales y 1.050 coroneles), aunque esta norma se ha quedado obsoleta en muchos aspectos y requiere una profunda reforma, según los expertos.
La cifra de 140.000 es la que figura en el Objetivo de Capacidades Militares (OCM), que elabora el jefe del Estado Mayor de la Defensa y fija las metas de las Fuerzas Armadas a medio y largo plazo. Sancionado por el presidente del Gobierno, este documento es la pieza clave del ciclo de planeamiento y está sometido a permanente revisión (tiene seis años de vigencia, pero el proceso se reinicia cada cuatro) ante los cambios del entorno geoestratégico y condicionado por los presupuestos, ya que detalla las necesidades de personal, material y financiación. En cambio, el decreto de plantillas tiene carácter vinculante, aunque solo fija propósitos: para que se cumplan hace falta que las Fuerzas Armadas sean capaces de reclutar masivamente a los jóvenes; lo que resulta muy difícil mientras no ofrezca sueldos competitivos y se achique el desfase retributivo entre militares y agentes policiales. De hecho, un alto mando militar apuntaba la semana pasada que es necesaria una “subida salarial” así como el fomento de la “movilidad”, fundamental en este sector.
Mantener personal es un reto muy difícil, sostienen fuentes de la Armada. “Conciliar, tener calidad de vida y trabajar bien sin que se resienta una operación es muy complicado”, dicen las mismas fuentes. Un 23% de militares están acogidos a medidas de conciliación, según el Ministerio de Defensa, como reducción de jornada, exoneración de guardias, estudios, paternidad, etcétera. “Y esto tiene implicaciones para la operatividad”, señala una fuente del departamento que dirige Robles.
El periodo de vigencia del decreto coincide con el plazo que se ha dado el Gobierno para que España alcance el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en gasto militar, lo que supondrá casi duplicar el presupuesto de Defensa. El departamento que dirige Margarita Robles aumentó en 2023 su partida en un 26%, pero este crecimiento meteórico se ha frenado con la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y muchos expertos dudan de que se pueda ya cumplir el compromiso asumido con la OTAN, sobre todo si España sigue liderando el crecimiento del PIB a nivel europeo.
La Audiencia Nacional ampara a un sargento contratado por la OTAN
M. G.
La Audiencia Nacional ha dado amparo a un sargento primero del Ejército del Aire y del Espacio a quien Defensa negó el pase a la situación de servicios especiales tras ganar un concurso de la OTAN. El suboficial se presentó a una plaza en la Agencia de Comunicaciones e Información de la Alianza Atlántica (NCIA, en sus siglas inglesas) en Norfolk (EE UU), como técnico sénior en ciberseguridad y critptografía. Tras lograr un contrato inicial de tres años, pidió el pase a servicios especiales, basándose en que la Ley de la Carrera Militar de 2007 dice que pasarán a esta situación quienes “adquieran la condición de personal estatutario de la OTAN en el caso de que no ocupen puestos orgánicos relacionados con seguridad y defensa en esta organización”. Sin embargo, Defensa alegó que esta previsión se limita al “personal secundado”; es decir, aquellos que tienen el consentimiento de su país y mantienen el vínculo con su administración de origen. En cambio, los que se presentan por su cuenta “rompen su conexión con su organización nacional al ser contratados sin su consentimiento”, agrega, por lo que no tienen este derecho y deben pedir la excedencia. La diferencia estriba en que los militares en servicios especiales pueden ascender y acumulan tiempo de servicio, trienios y derechos pasivos. La sentencia concluye que el puesto del sargento entra en las competencias propias de la OTAN, por lo que niega la razón a Defensa. El abogado del suboficial, Antonio Suárez-Valdés, sostiene que este es el primero de más de 50 casos de militares en situación similar pendientes de los tribunales.