El Ministerio de Educación y los seis principales sindicatos de enseñanza han empezado a negociar este martes la gran reforma del profesorado, que plantea cambios profundos en muchos de los aspectos que definen un oficio que en España ejercen 784.000 personas que dan clase a 8,3 millones de alumnos en las etapas preuniversitarias.
Las centrales sindicales tienen tres reivindicaciones básicas, dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y el aprendizaje del alumnado. El Gobierno se muestra abierto a estudiarlas, pero quiere abordar en paralelo otras cuestiones que entiende que mejorarían el sistema educativo, como el sistema de oposiciones, el acompañamiento inicial del profesorado novel en los centros educativos por parte de docentes expertos, la implantación de una prueba específica de acceso a los grados de magisterio, o la reforma de los contenidos de las titulaciones universitarias para ser maestro, así como del máster del profesorado. Con dicho planteamiento, ambas partes han acordado este martes ―primera jornada de una negociación que llevaba pendiente desde hacía tres años, y se prevé larga, aunque las medidas que se vayan alcanzando podrán ir aplicándose sin esperar a que todo esté cerrado― definir los grupos de trabajo concretos sobre cada una de las parcelas.
La primera de las tres cuestiones que los sindicatos consideran esenciales es la reducción para todo el país del horario lectivo de los docentes, que fue ampliado por el PP la década pasada y todavía no ha sido completamente revertido, de forma que pase a fijarse de forma obligatoria para las comunidades autónomas, como mucho, en 18 horas semanales en secundaria y 23 en primaria e infantil. En muchas comunidades dichas cifras ya se han alcanzado, pero en otras el horario sigue siendo de hasta 20 horas en secundaria y hasta 25 en primaria e infantil, como Madrid.
Bajada de ratios
La segunda exigencia es la reducción del número de estudiantes por clase. Una de las formas en que esta podría articularse, que algunos sindicatos verían con buenos ojos, porque podría ponerse en marcha en poco tiempo al no requerir cambiar la actual ley de Educación ―que dejó las ratios en hasta 25 estudiantes en infantil y primaria, 30 en la ESO y 35 en Bachillerato, unas cifras que en ocasiones se superan por medio de excepciones a la norma general― y beneficiaría especialmente a la enseñanza pública, que es la que acoge a más alumnado vulnerable, de forma desproporcionada respecto a su peso en el conjunto de la red educativa, sería que los estudiantes con necesidades de apoyo educativo contaran doble a la hora de calcular la ratio. Dicha categoría engloba al alumnado con necesidades educativas especiales ―como discapacidad o trastorno del espectro autista―, a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje ―como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o dislexia―, y al alumnado en situación de desventaja socioeducativa ―como los chavales migrantes recién incorporados al sistema que desconocen el idioma, o aquellos que presentan un retraso curricular significativo―.
Los sindicatos tienen como tercera reivindicación básica la mejora de la posición que el profesorado ocupa en el escalafón de la administración. El cambio que más trascendencia tendría ―porque beneficiaría a casi la mitad de los docentes― es la equiparación del cuerpo de maestros (que ahora tienen un nivel A2) con el cuerpo de profesorado de secundaria (A1). La diferencia se justificaba históricamente por el hecho de que para ser maestro había que estudiar una diplomatura de tres años, frente a las licenciaturas de cinco años que se exigían a los docentes de secundaria. Pero dicha diferencia se diluyó hace dos décadas con la transformación de las carreras en grados de cuatro años.
Los sindicatos preferirían centrar la negociación en estos tres puntos, y tienen ciertas reticencias a la intención del ministerio de sentarles a hablar de cuestiones que, o bien consideran “muy teóricas”, o bien no les resultan, de entrada, cómodas.
Una nueva carrera profesional
Entre los puntos que a primera vista los sindicatos ―a la reunión en el ministerio acudieron CC OO, CSIF, STE, UGT, ANPE, CIG y ELA― consideran más teóricos figura el llamado “Marco de competencias profesionales docentes” que, sin embargo, puede tener importancia práctica si se acaba tomando como referencia para el desarrollo de la carrera profesional docente, es decir, de los hitos que debería ir alcanzando el profesorado para obtener mejoras retributivas o de otro tipo a lo largo de su trayectoria laboral. Se trata de un documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que en su versión de borrador tiene 154 páginas y describe el “conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes básicas” que el profesorado puede alcanzar a lo largo de su vida laboral, en cuya elaboración han trabajado durante dos años representantes de los ministerios de Educación y de Universidad, de las comunidades autónomas y de la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación.
El documento establece un total de 10 apartados (desde conocimiento disciplinar y didáctico o gestión del aula, al de igualdad, inclusión, y cultura democrática o participación en el centro) en los que los docentes pueden tener hasta cuatro niveles de desempeño. El nivel cero equivale al que se espera que tengan al terminar el grado de maestro o el máster de secundaria, así como las prácticas asociadas. Y el nivel máximo, el tres, al del profesorado experimentado que, “en calidad de persona experta, investiga, asesora, coordina y promueve procesos de innovación, mejora continua e investigación educativa y que contribuye a la transformación dentro y fuera del centro”.
Oposiciones y examen especial
El ministerio, representado por el subsecretario de Estado de Educación, Santiago Roura, que ha manifestado que la intención del departamento es abordar una reforma “ambiciosa”, pretende, por su parte, que las mejoras laborales que prevé aprobar para el profesorado vayan de la mano de otras que considera que pueden mejorar el sistema educativo. Entre ellas, además del sistema de oposiciones ―actualizando unos temarios, que en muchos casos se remontan a los años noventa y reformando el formato de las pruebas―, figura el acompañamiento inicial del profesorado novel por parte de docentes expertos ―que serían recompensados por ello―, con los que estarían en clase durante uno o dos años, o el establecimiento de un examen específico para los grados de magisterio (como el que se ha puesto en marcha en Cataluña y Baleares y funcionan en buena parte de los países del entorno de España).
Una prueba que podría abarcar las habilidades lingüísticas y matemáticas, así como la actitud ante la profesión, cuya implantación fue solicitada por la propia Conferencia de Decanos y Decanas de Educación, y que, aunque la gran mayoría de aspirantes a maestros superaría, servirían de filtro inicial en unas carreras en las que cada año se titulan muchas más personas (30.000 en 2020) de las que absorbe el sistema (en el mismo año hubo 12.000 vacantes por jubilación). Y en las que el peso de las universidades privadas es cada vez mayor, como sucede con el máster de secundaria, cuya reforma el Gobierno también quiere pactar.