El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido suspender de manera “cautelarísima” —es decir, de forma provisional, antes de oír a todas las partes y de estudiar a fondo el asunto en el futuro— el protocolo del Gobierno canario para la recepción de menores migrantes que llegan solos a las islas. A través de una resolución fechada este viernes, el tribunal canario acepta la petición del ministerio público, que fue crítico con la medida del Ejecutivo de Fernando Clavijo, que pretende añadir nuevos trámites que obligarían a mantener a los niños bajo custodia policial horas e incluso días. “Se accede a la suspensión [del protocolo] por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia”, dicen los magistrados.
La resolución judicial argumenta que el protocolo implica “una innovación no poco relevante del régimen jurídico actualmente en vigor”. Y, aunque el propio plan del Gobierno aduce que se pone en marcha para garantizar los derechos de los menores, los magistrados concluyen que “resulta difícil negar” que su entrada en vigor “puede comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepción de dichos menores a las autoridades autonómicas que tienen confiado su cuidado”. Una tesis que ya expuso la Fiscalía en su recurso; donde aseguraba que, de ejecutarse la iniciativa del Ejecutivo autonómico, los niños y adolescentes quedarían en “desamparo” y “desprovistos de atención inmediata” tras ser rescatados en el mar o al “ser interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional”.
“Tan relevante alteración del actual marco normativo aconseja en este trance el mantenimiento del actual statu quo”, precisa el TSJ canario, que remacha: “No cabe perder de vista, en efecto, la repercusión que es susceptible de desplegar la aplicación del protocolo sobre un colectivo tan especialmente sensible y vulnerable, como es el de los menores al que van dirigidas las actuaciones contempladas en el mismo”. En ese sentido, los jueces que firman la resolución (Pedro Hernández, Jaime Guilarte y José Suay) insisten en el “principio de elemental cautela” que debe primar en este caso. E, incluso, apostillan la necesidad de que se busquen “espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional que se antoja indispensable para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y su singularísimo impacto que tiene en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
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