La Sala Civil del Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Amador ha demandado a Montero por derecho al honor. González Amador sostiene que la ministra pronunció frases difamatorias contra él durante una comparecencia ante los medios en el Senado el pasado 12 de marzo, el día que se conoció que la Fiscalía se había querellado contra él. La pareja de Díaz Ayuso reclama a la ministra 40.000 euros.
Las admisiones a trámite de demandas son un trámite automático de la Sala Civil si no hay errores formales en la denuncia, por lo que no implican que los magistrados vean de entrada visos de que la denuncia esté fundada. El tribunal da 20 días de plazo a la ministra para que conteste a la demanda y aporte la documentación que considere.
Durante la intervención denunciada por González Amador, Montero declaró a los medios que es “obvio y notorio” que había indicios para pensar que se habían producido “dos graves faltas” contra la Hacienda pública por parte de Amador. Y añadió que Ayuso “podría estar viviendo en un piso pagado por un fraude fiscal”. Montero se refería al presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que facturó, según su declaración a la Agencia Tributaria, más de dos millones de euros durante la pandemia, pero solo declaró 8.400 euros. La defensa de Amador admitió el delito en un correo electrónico enviado a la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 2 de febrero, cuya filtración ha derivado en la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez. Esta causa se instruye en la Sala Penal y es independiente de la admisión a trámite de la demanda contra Montero por parte de la Sala Civil.
Antes de que esa demanda llegara al Supremo, se convocó en octubre pasado un acto de conciliación para evitar la judicialización del caso, pero Montero no se presentó, lo que aboca a resolver la demanda en un juicio. Antes, se celebrará una audiencia previa para dirimir cuestiones técnicas y fijar las pruebas que se practicarán. Esta es una de las muchas denuncias que ha presentado González Amador por intromisión al honor contra distintos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.
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