La iniciativa de Sumar conocida a finales de noviembre para paralizar la venta de la promotora Árqura ha recibido el apoyo de su socio de Gobierno, el PSOE, en el Congreso de los Diputados, lo que deja esta gran operación inmobiliaria con menos posibilidades de salir adelante. La Comisión de Vivienda celebrada este jueves ha avalado, con los votos a favor de Sumar, PSOE y Podemos, que se frene el traspaso de esta inmobiliaria perteneciente a la entidad pública Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
Según ha trascendido de fuentes del grupo parlamentario de Sumar, con este apoyo dan por paralizada la venta de Árqura y, además, que las viviendas de Sareb pasen a formar parte de de la empresa pública de vivienda anunciada recientemente por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
La izquierda ha apoyado así la proposición no de ley de Sumar, que insta al Gobierno a esta paralización. Han votado en contra PP y Junts y se han abstenido PNV, Bildu, ERC y Vox. De esta forma, los grupos parlamentarios instan al Gobierno a frenar el traspaso. Tendrá que ser el ministro Carlos Cuerpo quien tome esa decisión, ya que el ente público FROB, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, es el socio mayoritario de Sareb.
El freno de esta venta choca con el mandato liquidador que tiene Sareb en el decreto de creación de 2012, que obliga a la sociedad a vender todos sus activos para poder devolver los casi 50.800 millones de euros con los que se endeudó para comprar los activos tóxicos de las cajas de ahorro. Ese mandato liquidador acaba en 2027 y todavía no ha devuelto alrededor de 29.400 millones de deuda.
Árqura, la sociedad que está en venta, cuenta con suelos con una capacidad para levantar 16.000 viviendas. Fue creada en 2019 para maximizar el valor de buenos terrenos que estaban en el balance del conocido como banco malo y está gestionada externamente por la promotora Aelca. Actualmente, aunque esa inmobiliaria pertenece a la entidad pública, sus casas se venden en el mercado libre por las características de esas parcelas.
Tal como informó Cinco Días el mes pasado, esa cartera cuenta con un valor aproximado de 800 millones, que el inversor puede pagar a plazos para favorecer que haya más interesados, y dispone de suelo para 12.000 casas y otras 4.000 ya están en construcción. La intención del conocido como banco malo es cerrar esa operación en 2025, tras más de un año preparando la operación con el asesoramiento de Deloitte.
En el mercado había surgido en las últimas semanas la duda sobre esta operación y si el Gobierno podría obligar a cancelarla por motivaciones de política de vivienda. De hecho, desde alguna promotora y fondos comentan en privado que no saben si invertir tiempo y dinero en estudiar la operación, por el riesgo de que se pueda suspender.
La operación de Árqura interesa, en principio, tanto a promotoras de residencial a como a grandes fondos de inversión porque sería la mayor venta de este tipo de compañías (con una gran cartera de suelo) de los últimos tiempos.
“Desde su creación, la Sareb ha priorizado la desinversión de activos para intentar recuperar el dinero público del rescate bancario. No obstante, su naturaleza semipública, con el Estado como accionista mayoritario desde 2022, permite reorientar su estrategia hacia objetivos sociales”, se indicaba en la proposición no de ley original presentada por Sumar. “Estos recursos tienen el potencial de contribuir de manera decisiva a la ampliación del parque público de vivienda y al alivio de la crisis habitacional”, añadía el escrito.
El Gobierno actualmente está rediseñando su política de vivienda con la creación de una empresa pública, tal como anunció Sánchez a inicios de diciembre en el Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó la semana pasada que esta nueva compañía tendrá como germen a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Aunque de momento no hay detalles, Rodríguez señalaba este fin de semana en una entrevista en EL PAÍS que el Gobierno aprovechará Sareb para poner sus recursos a disposición inmediata de la ciudadanía. “Por tanto, en ese mensaje de todos los recursos del Estado, por supuesto que también todo lo que vamos a poder disponer de Sareb para dar respuesta a las políticas de vivienda o al despliegue de esos suelos lo gestionaremos a través de la nueva empresa pública”, afirmó.
Casas en Valencia tras la dana
La propuesta de Sumar en el Congreso también solicitaba garantizar, con carácter urgente, que las viviendas disponibles por la entidad pública sean puestas a disposición de las entidades locales afectadas por la dana y de la Generalitat valenciana.
Y, finalmente, pedía destinar las 24.617 parcelas gestionadas por Sareb a la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas, priorizando aquellas ubicadas en las comunidades autónomas con mayor incremento del precio del suelo y los arriendos.